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Los expertos temen que la reforma de la ley de reproducción perjudique a las parejas infértiles

La norma da una salida a miles de embriones congelados al permitir que se investigue con ellos

La reforma de la Ley de Reproducción Humana Asistida presentada el viernes por la ministra de Sanidad, Ana Pastor, aunque satisface a los científicos, ha molestado a algunos expertos de las clínicas de reproducción asistida. Éstos sostienen que el endurecimiento de las condiciones de los tratamientos de reproducción asistida para evitar que sobren embriones puede conllevar que muchas mujeres infértiles tengan que someterse a varios tratamientos hormonales antes de conseguir un embarazo que prospere.

El principal objetivo de la norma, que permite investigar con embriones humanos, no es favorecer la investigación, sino dar una salida a los embriones sobrantes de los tratamientos de fecundación. Para ello permite investigar con los embriones que ya hay congelados en los tanques de nitrógeno líquido de las clínicas (unos 200.000, según una estimación a partir de datos del Instituto Valenciano de Infertilidad). La investigación, controlada por un centro público nacional, se podrá llevar a cabo siempre que los padres den permiso.

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El segundo objetivo es evitar que se vuelvan a llenar los congeladores, una vieja reivindicación de los grupos católicos y conservadores. Para ello endurece las condiciones de acceso a los tratamientos y establece que sólo se podrán fecundar tres óvulos por ciclo. Los óvulos se obtienen tras la estimulación con hormonas de la mujer.

Diana Guerra, representante de los pacientes en la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, asegura que en la práctica eso significa que si un embarazo va mal, algo frecuente en estos casos, la mujer tendrá que someterse a otra estimulación con hormonas para volver a extraerle los óvulos. Montse Boada, de la clínica Dexeus, de Barcelona, señala que la reforma "es positiva para la investigación y negativa para los pacientes".

Actualmente no existe límite en los óvulos que se fecundan. Los que no se implantan, se congelan por si el embarazo no prospera y hay que volver a usarlos. Así, la mujer no tiene que volver a pasar (ni pagar) por un tratamiento hormonal. Guerra, psicóloga experta en fecundación in vitro, alerta de que "estimular hormonalmente a partir de ciertas edades no es bueno. Lo ideal sería que el médico y la pareja decidiesen cuántos óvulos se fecundan".

El texto establece una salvaguarda, y es que el Ministerio de Sanidad, basado en los informes de la comisión, establecerá protocolos en los que, según la edad o la causa de infertilidad, se podrán fecundar más de tres óvulos. En ese caso, la pareja se comprometerá a implantarse los embriones o a darlos en adopción. No habrá investigación con los que sobren. Manuel Atienza, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, asegura que, aun así, "la norma es muy restrictiva e innecesaria". Y añade: "La reforma no deja una puerta para contentarnos, sino una ventana".

Pastor quiso tranquilizar ayer a los expertos: "Los criterios para las excepciones en los que se puedan fecundar más óvulos los van a fijar ellos". La bióloga y ex miembro de la comisión Anna Veiga señaló: "A lo mejor mi interpretación es muy optimista, pero creo que el texto supone que yo, como experta, podré decidir cuántos óvulos fecundo en cada caso".

La ministra justificó la reforma en la necesidad de evitar embarazos múltiples que se producen por implantar demasiados embriones a la vez. Los expertos coinciden en que en los tratamientos de fecundación se producen demasiados embarazos múltiples, pero, como señala el director de la clínica Tambre, de Madrid, Pedro Caballero, bastaría con haber limitado el número de embriones que se implantan. Según Atienza, el endurecimiento de los tratamientos es "una concesión a la Iglesia". La Conferencia Episcopal considera que el texto, "aunque insatisfactorio", mejora la norma actual.

Además, la reforma endurece las sanciones a las clínicas. El incumplimiento de las nuevas condiciones para los tratamientos de fecundación in vitro "podrá dar lugar a la suspensión temporal o pérdida de la autorización como centro de reproducción humana asistida", indica el anteproyecto de ley. Entre las condiciones que pueden llevar al cierre está la creación de más de tres embriones por ciclo fuera de los supuestos de Sanidad, la destrucción de algún embrión congelado a partir de que entre en vigor la ley o la implantación de más de tres embriones sin permiso del ministerio. Además, el texto, de 17 folios, establece que las clínicas deberán disponer de un seguro "que garantice su capacidad de compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que se produjera un accidente o siniestro que afecte a los preembriones conservados".

Pedro Caballero, director de la Clínica Tambre, de Madrid, afirmó, al escuchar la letra pequeña de la reforma: "Espero que alguien le dé un par de vueltas a esto. Es maravilloso abrir la puerta a la investigación con células madre embrionarias, pero no se puede hacer a costa de dificultar el acceso de las parejas con problemas de infertilidad a un tratamiento que necesitan".

Depósito de nitrógeno líquido donde se almacenan embriones congelados, en la clínica Cocharán, de Barcelona, en una imagen de archivo.
Depósito de nitrógeno líquido donde se almacenan embriones congelados, en la clínica Cocharán, de Barcelona, en una imagen de archivo.CARLES RIBAS

Sanidad convoca a su órgano asesor para la próxima semana

La Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el órgano asesor del Ministerio de Sanidad en materia de fecundación in vitro, verá el próximo martes el anteproyecto de ley presentado el viernes por la ministra de Sanidad, Ana Pastor.

Este órgano, compuesto por 25 miembros entre los que hay 12 representantes de las administraciones públicas, y 13 expertos independientes (juristas, especialistas en bioética, científicos y representantes de los pacientes), tiene que emitir un dictamen antes de que se pueda aprobar una reforma de la Ley de Reproducción Asistida, aunque lo que diga no es vinculante.

Tres de sus miembros lamentaron ayer no haber sido preguntados por un texto que ya ha sido presentado.Pastor, explicó a este periódico que no había convocado la comisión porque "legalmente no era posible". "A la comisión hay que enviarle un informe después de que pase por el Consejo de Ministros, y eso es lo que vamos a hacer", dijo.

El pasado viernes, Sanidad convocó a los 25 miembros de la comisión a una reunión el martes para que vean el texto y presenten alegaciones. Pastor dijo que la reforma ha sido consensuada con "muchos científicos y expertos, entre los que ha habido miembros de la comisión" y que "se tendrán en cuenta sus opiniones".

El profesor de Filosofía del Derecho y miembro de la comisión, Manuel Atienza, se lamentó: "Tenemos que emitir un dictamen en unas horas y aún no hemos visto el texto de la reforma, que además ya está pactada y presentada".

El desconocimiento de la reforma de algunos asesores de Sanidad contrasta con la celeridad de respuesta de la Iglesia. Unas horas después de que Pastor presentara el anteproyecto de ley, la Conferencia Episcopal emitió una nota de análisis del documento.

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