La Diputación de Álava intenta mediar para solucionar el conflicto del Cupo

La Diputación de Álava, desde su posición intermedia por su relación con el Gobierno central, del PP, y por formar parte de la representación vasca, intenta mediar desde el martes en el conflicto surgido con el Cupo para que se produzca una nueva reunión. Sin embargo, por ahora "no se puede anunciar ningún tipo de resultados", admitió ayer el diputado alavés de Hacienda, Juan Antonio Zárate. La actuación de las diputaciones fue clave para desbloquear la negociación del nuevo Concierto Económico, hace un año y medio.

Con una actitud propia de un mediador, Zárate ha adoptado una posición moderada. Durante una comparecencia pública sobre el balance de la campaña de la Renta, el diputado lamentó la situación que se ha creado, porque puede llevar "a una mecánica interminable y podemos estar así hasta el infinito". Se refería al riesgo de que cada vez que se deba efectuar un pago desde el País Vasco hacia Madrid y viceversa se descuenten los polémicos 32 millones de euros.

La Diputación de Álava no quiere entrar en el fondo del conflicto, aunque sugiere que la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, puede tener su parte de razón. "Es un debate abierto", admite Zárate, aunque critica sin ambages la forma de actuar del Gobierno vasco, que retuvo sin previo aviso esa cantidad del pago al Estado que le correspondía en el mes de mayo. "Ha tomado una actitud unilateral", insistió el diputado. "La situación en sí no es nueva" porque ha habido múltiples "discrepancias en las cantidades del Cupo", pero nunca antes se había producido una negativa a pagar como ésta.

Este conflicto político ha surgido por una cantidad económica y un concepto que, en realidad, "es un problema técnico y de relativa importancia económica", recordó el diputado alavés. "Esto no es serio; debería haberse llegado a un entendimiento", añadió insinuando que la motivación puede ser política. En la mediación que procura la Diputación de Álava se busca una nueva reunión, ya sea de carácter técnico o político, y se intentará llegar a algún avance antes de que el Gobierno central interponga un recurso por la vía judicial o deduzca los 32 millones a las diputaciones en el pago que debe efectuar a finales de julio por los ajustes del IVA e hidrocarburos.

Con premeditación

Rafael Cámara, secretario general de Haciendas Territoriales, anunció ayer a Efe que el Ministerio descontará 32 millones en su pago de finales de mes si el Gobierno vasco no los abona antes. Ésta es una reacción, dijo, ante "una agresión institucional tan grave y seria". Cámara recordó que dos días antes de surgir el conflicto hubo una reunión entre los dos gobiernos, y el vasco no avanzó sus intenciones. "Actuaban de forma premeditada, y eso es lo grave", comentó, al tiempo que dijo que, el no pago de esa cantidad, "impide y bloquea" la solución.