Loyola de Palacio y la comisaria 'verde' se oponen a financiar la investigación con embriones humanos

El colegio de comisarios europeos, presidido por el italiano Romano Prodi, retrasó ayer por una semana su toma de decisión sobre la financiación de ensayos con células madre embrionarias. El comisario de Investigación, el socialista belga Philippe Busquin, presentó a sus colegas la propuesta de terminar con la moratoria europea sobre este asunto, y en consecuencia otorgar luz verde, con dinero comunitario, a este tipo de ensayos en aquellos países donde no estén prohibidos. El propio Prodi, en principio reticente a este tipo de ensayos, quedó ayer convencido, según reveló una fuente comunitaria, de la idoneidad de terminar con la moratoria vigente, pero prefirió retrasar la votación final hasta el miércoles próximo.

Tras el "debate político" mantenido ayer en Estrasburgo en el seno del colegio de comisarios (formado por 20 personas), órgano donde las decisiones se toman por mayoría simple, sólo dos de los participantes -la española del PP Loyola de Palacio, y la alemana verde Michaele Schreyer- se manifestaron claramente en contra en una oposición considerada como "fundamental". Por su parte, Busquin, que cree que los ensayos con embriones sobrantes de tratamientos de infertilidad abren enormes expectativas para combatir algunas enfermedades como la diabetes o el Parkinson, consiguió en el debate de ayer superar las resistencias manifestadas por otros colegas, como el austriaco Franz Fischler, el italiano Mario Monti, el alemán Günter Verheugen y el francés Pascal Lamy.

Busquin prometió retocar su texto para la votación del miércoles próximo, aunque lo fundamental de su posición, según sus colaboradores, sigue en pie. "Este asunto está de hecho aprobado y va a salir adelante; ahora se abre la otra batalla", manifestó ayer una fuente de la Comisión. La Comisión Europea cuenta con el apoyo de la Eurocámara, pero tiene en contra al Consejo (los 15 gobiernos de la Unión), que fue el órgano que impuso la moratoria hasta el 31 de diciembre de este año.

Antes de esa fecha, y bajo la presidencia de turno de Italia, el Consejo debe decidir qué hace con este asunto, que forma parte del VI Programa Marco de Investigación 2002-2006.