Las entidades locales andaluzas priman a Cuba y a los saharauis en la cooperación internacional

Las instituciones locales de Andalucía aumentan cada año el dinero que destinan a cooperación internacional, si bien la mayoría sigue lejos de acercarse al 0,7% del presupuesto. Como organismos más generosos sobresalen las diputaciones de Sevilla y Córdoba, así como los ayuntamientos de Puerto Real (Cádiz) y Huelva, mientras que destacan por su escaso nivel de aportaciones las diputaciones de Almería y Jaén. La mayoría de los fondos se canaliza a través de ONG, que han crecido a un ritmo vertiginoso desde 1987, cuando se creó la primera para ayudar a Nicaragua.

La aportación presupuestaria de las entidades locales andaluzas a los proyectos de desarrollo de países del Tercer Mundo no ha cesado de crecer en los últimos años. La contribución no es, sin embargo, homogénea, a la vista del inventario elaborado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) sobre el dinero de la cooperación municipal de los años 1999, 2000 y 2001.

Entre los destinos más favorecidos por la cooperación de las entidades locales destacan América Central, Cuba, los campamentos saharauis y, en menor medida, la zona andina americana y Marruecos. El informe destaca la fuerte vinculación del movimiento no gubernamental andaluz y las instituciones locales con Centroamérica. "Las variaciones anuales se producen como consecuencia de situaciones de emergencia que cuando ocurren reciben una rápida e importante respuesta", indica el estudio.

Los efectos del huracán Mitch, en 1999, y el terremoto de El Salvador, en 2001, provocaron un repunte en la ayuda hacia esas zonas. "Sin el efecto de esas situaciones de emergencia la ayuda a Centroamérica parece en todo caso estancarse", precisa el texto. Por países, Cuba es el primer destino de la ayuda andaluza. Entre 1999 y 2001 recibió el 14% de los fondos. Los campamentos saharauis, con iniciativas como las Vacaciones por la Paz, son el segundo destino gracias a la labor de las asociaciones de amistad. Los sectores que reciben más ayudas son la educación, la salud y los sectores productivos.

El FAMSI, que aglutina a 65 instituciones, ha evaluado el destino de 22,9 millones de euros distribuidos por las instituciones municipales andaluzas en esos tres años. Casi el 85% de las aportaciones se destinaron a proyectos de ayuda al desarrollo, mientras que las partidas para emergencia y ayudas humanitarias rondan el 10%. El resto se dedica a medidas de educación y sensibilización.

El 68% de la ayuda ha sido ejecutada por ONG, lo que da idea de "la importancia que están teniendo en la cogestión de proyectos en la cooperación municipal", según se recoge en el informe. Más de 250 asociaciones reciben subvenciones como agentes de cooperación, aunque sólo un 12% pertenece a la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

En cuanto a los proyectos de acción directa desarrollados por instituciones públicas, que representan el 13% del total, despuntan los dirigidos hacia Cuba, el Sáhara o Centroamérica. Las órdenes religiosas sólo canalizan el 3% del total y casi siempre a través de "organizaciones paralelas como fundaciones que gestionan y canalizan de manera más profesionalizada los proyectos de ayuda al desarrollo con contrapartes locales que suelen ser también órdenes de la iglesia". El papel de las ONG es vital para el desarrollo de la cooperación. Su crecimiento en Andalucía ha sido notablemente rápido, teniendo en cuenta que la primera -la Asociación por la Solidaridad y la Paz de Andalucía- se constituyó en 1987 para prestar ayuda a Nicaragua. Antonio Zurita fue uno de sus fundadores y es, en la actualidad, el gerente del FAMSI. Señala que los países americanos siguen siendo los principales receptores de la cooperación de los municipios, pero que Marruecos se ha convertido en un destino de peso, apoyado especialmente desde la Junta.

Entre las debilidades que observa Zurita en la cooperación internacional de las entidades locales cita la falta de coordinación y elaboración de estrategias conjuntas entre ayuntamientos, consejerías y universidades. Sobre el control de las ayudas sostiene que existe sólo de tipo contable y defiende la evalución del "impacto de estas ayudas para, así, corregir errores cometidos y para, también, devolver información a la ciudadanía sobre el efecto que estas ayudas tienen en los países de destino".