En el muelle 13 de Buenaventura los abogados reemplazan a los estibadores

​​Casi nada está claro en el caso de la suspensión de la operación en el Muelle 13 de Buenaventura. Después de semanas de acusaciones entre el Grupo Portuario, el consorcio privado afectado por la decisión oficial, y el Gobierno de Gustavo Petro, solo queda tensión represada. El último capítulo lo ha abierto la Procuraduría. El órgano de control anunció este jueves que visitará la ciudad del Pacífico colombiano a principios de febrero. El objetivo es verificar si la amonestación expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene sustento técnico. También ha solicitado que revoque la decisión.

Tras bastidores, se cocina una batalla política cerril. De un lado se halla el conglomerado naviero, cercano a la derecha tradicional y propiedad de los mismos dueños de la revista de oposición Alternativa. Del otro, una Administración de izquierdas con un largo rosario de discordias con la esfera privada.

El Grupo Portuario, presidido por el veterano empresario Álvaro Rodríguez, llevaba dos décadas de gestión del Muelle 13. Tras un largo y atropellado trámite administrativo, el conglomerado obtuvo el 22 de diciembre de 2023 el visto bueno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para prorrogar el contrato de arrendamiento del terminal marítimo, de propiedad estatal, por otros veinte años. Cinco días más tarde, sin embargo, la ANLA intervino. Bajo el argumento de que la operación estaría violando las normas medioambientales y salubres en el bodegaje del muelle, se decidió suspender la autorización.

Los representantes de Grupo Portuario han interpuesto desde finales de 2023 siete derechos de petición ante la ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente para conocer los soportes de la resolución. De acuerdo con uno de los abogados del grupo, en ninguna de las respuestas se ha adjuntado un estudio técnico. Su concesión estaba a punto de vencer. Y el pasado 27 de diciembre, la ANLA ratificó la sanción. El presidente, Gustavo Petro, añadió sal a la herida el 8 de enero en su cuenta de X: “Cómo es posible que la autoridad portuaria de Buenaventura no haya observado lo que la ANLA observó, si centenares de palomas ensuciando todos los días los granos importados en el llamado muelle 13”.

A continuación reclamó: “Las mujeres embarazadas y sus bebés quedan expuestas a la toxoplasmosis. Esta enfermedad puede provocar abortos, deformaciones o muertes”. Otro argumento tras las últimas decisiones de las autoridades ambientales se centra en el volumen de carga y calado de las embarcaciones. El tráfico del Muelle 13, al parecer, habría excedido el límite normativo. Un criterio que el operador privado rechaza: “Están buscando [el Gobierno] por todos los medios quitarle a una persona la posibilidad de seguir con el giro de sus negocios por un tema de persecución política”, apostilla Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y abogado de la casa matriz de la sociedad portuaria: el Grupo Ventura.

Resulta difícil determinar con precisión el rumbo de este nuevo capítulo de uno de los terminales del puerto con más tráfico de Colombia. En el discurso de los implicados se repiten resoluciones y decisiones de tribunales que, en uno u otro punto, se contradicen. Y las cosas son proclives a enredarse más. La vocera de los pescadores artesanales de Buenaventura, Beatriz Mosquera, aseguró a finales de diciembre que el presidente se comprometió con entregarle la terminal portuaria a su sector: “(...) los hijos e hijas de Buenaventura, a través de sus organizaciones pesqueras, y otras del sector de la economía, estamos listos, esperando que él haga la resolución de entrega de Muelle 13. De ese bien que nos ofreció y que nosotros y nosotras estamos preparados y preparadas para asumir”.

Una propuesta inviable, según los portavoces de la operadora privada. Aseguran que las dimensiones del muelle, sobre todo su altura, lo hacen inaccesible de cara a ser operado por las comunidades pesqueras. Henao recuerda, además, que el Grupo Portuario ofreció donar 9.000 metros cuadrados para adecuar un puerto para la pesca artesanal durante las reuniones con el Gobierno: “Se hacía la cadena de frío, una capacitación, y un plan para organizar una cooperativa formal. Durante el año de negociaciones nunca hubo un requerimiento ambiental”.

Pero eso no es todo. A esta sucesión de alegatos se añade un último factor. Y es que el Gobierno ha manifestado de forma reiterativa su deseo de frenar la movilización de carbón térmico a través de Buenaventura. Al hilo de las políticas de transición energética del Gobierno, la Ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, ha sido una de las funcionarias más firmes con el camino escogido: “La situación operacional del Muelle 13 está poniendo en riesgo el ambiente de Buenaventura, los manglares, la calidad del agua, el aire, la salud pública; lo que encontramos es que el expediente no dice nada”, afirmó la jefe de la cartera. Con todo, Henao precisa que el consorcio había aceptado interrumpir con el transporte de carbón térmico, que puede representar un 25% de su carga total.

En el Grupo Portuario ya se temen las pérdidas. Los responsables del área legal han indicado que la suerte de 2.000 empleados directos estaría en vilo, además de los millones de dólares por pérdidas e incumplimientos con las navieras y otras empresas. Un motivo añadido de preocupación es que por ahora no se cuenta con ningún plan alterno para desviar las embarcaciones que se dirigen hacia Buenaventura. El Gobierno, sin embargo, parece descartar una vía intermedia. Y el presidente Petro ha vuelto a cargar en X: “No puede haber despidos masivos donde no hubo empleados, solo trabajadores contratados por actividades cada vez que llegaba un buque”, publicó este jueves. A esa flecha envenenada le agregó otros argumentos, como la pertinencia de una investigación que esclarezca la situación laboral de los operarios de la terminal marítima del Pacífico.