Un informe universitario achaca al dinero negro el auge inmobiliario en la Costa del Sol

No resulta explicable la intensa actividad urbanística desarrollada en la Costa del Sol a menos que se parta de que se está nutriendo de dinero negro. Ésta es una de las conclusiones del estudio que cuatro universidades europeas, dirigidas por la de Málaga, han desarrollado en 11 municipios de la costa de Málaga, "en donde se construye un 60% más que en la Comunidad de Madrid". El estudio alerta sobre el interés del crimen organizado por "hacerse con el control político de los municipios" en una zona metropolitana que cuenta con 3,5 millones de habitantes estacionales o permanentes.

La hipótesis de trabajo de la que partieron los investigadores del Instituto Andaluz de Criminología -en colaboración con instituciones similares de Amsterdam (Holanda), Trento (Italia) y Cardiff (Reindo Unido)- es que hay un circuito de la corrupción: En una primera fase los constructores reciben un trato de favor por parte del consistorio; a partir de ahí resulta más atractivo el blanqueo de capitales; una vez afincados en la zona, compran a gran escala terrenos, hoteles e instalaciones; para lograr convenios y recalificaciones, intentan el control de compañías inmobiliarias y constructoras, y el último paso es procurar hacerse con el control político del municipio.

José Luis Díez Ripollés, director del Instituto, considera que en la Costa del Sol se está en la primera fase de la implantación de estas redes de delincuencia: "Si no se toman las medidas oportunas, veremos cómo el crimen organizado comenzará a controlar el urbanismo", afirmó este catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Añadió que "hay mucho dinero negro en las inversiones urbanísticas en la Costa del Sol; esto no quiere decir que todo provenga de la delincuencia, también hay dinero ilegal de actividades no fiscalizadas en Europa".

Según se recoge en el estudio, el auge del sector inmobiliario en la Costa del Sol ha sido espectacular en los últimos años: aumentó un 1.600% entre 1994 y 1999. Las cifras de los colegios de arquitectos sobre proyectos visados, indican que la provincia de Málaga se construye cinco veces más que en la de Sevilla y un 60% más que en Madrid. En los 160 kilómetros de este litoral se está construyendo a tal ritmo que "a corto plazo la población, de muy diversa procedencia, podría superar a la de Madrid", señala el informe. Málaga es ya la sexta provincia más poblada de España, con 1.287.071 habitantes, el 74,8% de los cuales vive en la costa. Pero esta población de derecho no es la real y en verano puede llegar fácilmente a triplicarse. Con un inconveniente grave: las subvenciones públicas están en función del censo. Este desfase anima a los alcaldes a desarrollar "un urbanismo intensivo para obtener financiación".

Los investigadores se entrevistaron con los alcaldes de nueve de los 11 municipios analizados y con arquitectos, promotores, grupos políticos y cargos de instituciones provinciales y autonómicas. En total, 87 personas. Entre sus conclusiones está que "los alcaldes socialistas destacaron la necesidad de una planificación regional, y los del PP e independientes defendieron más la autonomía municipal y la necesidad de atender a los intereses locales". Pero, con independencia del modelo, todos están a favor de realizar convenios urbanísticos para conseguir ingresos. Per Stangeland, subdirector del Instituto de Criminología, dijo que "los controles ciudadanos, administrativos y judiciales no funcionan adecuadamente y la corrupción en la Costa del Sol no es de una tendencia, ocurre con independencia del partido: todos bailan al mismo ritmo".

La vigilancia sobre construcciones ilegales es escasa y hay municipios que no tienen servicio de inspección. Las sanciones administrativas suelen consistir en multas no muy altas, casi nunca se decretan demoliciones y rara vez se acude a la vía penal. Por otro lado, junto al auge de la especulación inmobiliaria en estos municipios hay muy pocas viviendas de protección oficial.

Entre los escollos para perseguir los delitos urbanísticos y la corrupción política, los autores del informe destacan que la Fiscalía anticorrupción "ha adoptado la decisión de no perseguir delitos que no superen los 500 millones de euros" y el retroceso que supone el nuevo estatuto de esta Fiscalía, que limita a seis meses las investigaciones y obliga a tomar declaración al investigado. Michael Levi, profesor de Criminología en Cardiff, señaló que "organizaciones criminales llevan años invirtiendo en esta zona, que es conocida como la Costa del Crimen". Silvia Decarli, de la Universidad de Trento, destacó que este tipo de corrupción ya se ha dado con Mafia y la Camorra, en el sur de Italia, "construyendo en espacios públicos y hasta sin licencia". Y Hans Nelen de la Universidad Libre de Amsterdam contó que grupos de delincuencia organizada intentaron hacerse con el control urbanístico del centro de la ciudad.