El Defensor del Pueblo pide al Gobierno andaluz que reclame la gestión de las prisiones

El Defensor del Pueblo andaluz, en el informe anual correspondiente a 2002, aconseja a la Junta de Andalucía que asuma las competencias en materia penitenciaria para remediar el "hacinamiento" de las cárceles andaluzas. Entre la veintena de traspasos reclamados en abril por el Gobierno andaluz al central no figura la gestión de las prisiones, aunque sí solicitaron las competencias sobre los docentes de Instituciones Penitenciarias. La Oficina recibió 4.673 quejas durante el año pasado y abrió de oficio 158. El área de justicia originó la mayoría de las reclamaciones.

Sevilla y Cádiz son las provincias desde las que se enviaron más quejas a la institución durante 2002. El 43,6% de las reclamaciones procedían de ambas provincias. Los temas que suscitan la mayoría de las protestas ante el Defensor del Pueblo andaluz están relacionados con la justicia (1.025), el medio ambiente (681), la salud (632) y las obras públicas y la vivienda (611). Destacan, en el área judicial, las quejas sobre prisiones.

Después de entregar la memoria al presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, recomendó a la Junta de Andalucía que reclame las competencias penitenciarias para solucionar el hacinamiento de las cárceles y evitar el traslado de reclusos andaluces a centros alejados de su localidad de residencia, informa Europa Press. Las prisiones albergan a unas 12.000 personas, según el Defensor.

El informe de 2002 incorpora como novedad un apartado donde se valora la situación de temas que han merecido la atención de la Oficina en años anteriores, como han sido las listas de espera quirúrgicas, las antenas de telefonía móvil o la conservación del patrimonio monumental de titularidad privada.

La institución reconoce el "esfuerzo invertido" por el Servicio Andaluz de Salud para eliminar las esperas quirúrgicas a través de iniciativas como los equipos móviles de cirugía o la racionalización de los recursos. La mejora en este ámbito abre la puerta, según el informe, al "nuevo reto de las demoras diagnósticas". La Oficina considera que la agilización de las intervenciones quirúrgicas "puede representar escasa ventaja si en el curso del proceso asistencial la espera se traslada al propio diagnóstico de la enfermedad". Si bien la institución reconoce "la complejidad de la tarea", defiende la necesidad de promover actuaciones "para afrontar este mal endémico de una manera global".

Sobre las antenas de telefonía móvil, el informe destaca que se mantiene el "vacío normativo" y pide una regulación autonómica que "recoja el procedimiento de prevención ambiental para estas instalaciones". La memoria precisa que no existen evidencias científicas concluyentes sobre los efectos de la exposición a campos electromagnéticos pero recomienda que se adopten "medidas preventivas" coordinadas entre las distintas administraciones.

La institución también reclama a la Consejería de Cultura que acometa "con la mayor urgencia posible" la elaboración de un plan de delimitación de los entornos de los Bienes declarados de Interés Cultural.