El Gobierno cuestiona la agencia universitaria de evaluación catalana

Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en diciembre de 2001, Cataluña fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha su propia normativa a partir del nuevo marco legislativo. Así, en febrero, poco más de un año después, el Parlament dio luz verde a la ley catalana de universidades (LUC). Pero hace 15 días vino la primera sorpresa: el Consejo de Ministros del pasado día 16 de mayo aprobó recurrir ante el Tribunal Constitucional varios artículos de la LUC. Según fuentes del Ministerio de Educación, el recurso se debe a "cuestiones técnicas", como por ejemplo, la contratación y cómputo de profesores, o la composición del Consejo Social universitario.

Pero una de las cuestiones clave de este recurso parece el desleído papel que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de las de universidades juega en tierras catalanas. Y es que antes de la puesta en marcha de esta agencia de ámbito estatal que evalúa el cuerpo de profesores, en Cataluña ya funcionaba desde finales de 1996 la Agencia de Calidad Universitaria Catalana, que ejercía exactamente este papel en el ámbito catalán. Según fuentes del Ministerio de Educación, no reconocer los efectos de las evaluaciones de la ANECA, que poseen un carácter estatal aplicable a todo el territorio español de acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de Universidades (LOU), será uno de los aspectos que se recurran ante el Tribunal Constitucional. Pero desde el departamento de Universidades catalán advierten de que la Generalitat cuestiona precisamente la validez de esta agencia en territorio catalán. Así, el conflicto de competencias autonómicas está servido.

No reconocer las evaluaciones de la ANECA es uno de los motivos del recurso

Por otra parte, otra de las "cuestiones técnicas" que el Ministerio de Educación cuestiona sobre la LUC respecto a la LOU es que la ley catalana otorga a los profesores contratados como doctores la denominación de catedráticos y, en consecuencia, de funcionarios del Estado, una vinculación laboral que la LOU no contempla para el rango de doctores.

La posibilidad de que los profesores a tiempo parcial puedan formar parte del Consejo Social universitario, un aspecto que no está recogido en la LOU, es otra de las cuestiones que ha motivado el recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la LUC. Además, de acuerdo con la ley catalana, el cómputo del número de profesores se hace según la cantidad de docentes contratados a tiempo completo, un registro que la LOU extiende a los profesores con contrato a tiempo parcial y completo. El departamento de Universidades de la Generalitat, tras conocer la decisión del Gobierno de recurrir varios apartados de la LUC, mostró su "perplejidad" ante esta presentación y la "falta de diálogo en el proceso" que ha llevado a él. No obstante, desde el Gobierno catalán subrayan su confianza "en la constitucionalidad" de la ley, que "fue elaborada con un amplio diálogo y consenso con las universidades catalanas", y "bien recibida por parte del sistema universitario catalán".

El pasado viernes, fuentes de la Generalitat aseguraron que aún esperan recibir algún tipo de notificación por parte del ministerio. Cuando esto suceda, el departamento de Universidades analizará los detalles del recurso y hará los comentarios pertinentes. A pesar de la sorpresa del recurso, cabe recordar que en un acto público celebrado el pasado 9 de mayo, el consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, y miembros de su gabinete jurídico reconocieron que habían recibido informaciones no oficiales, a través de técnicos del Ministerio de Educación, de que se estaba preparando este recurso de inconstitucionalidad, que podía afectar a los artículos que regulan la contratación de personal docente e investigador.

En todo caso, la decisión gubernamental no ha sentado nada bien. Para Carles Bonet, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), la presentación del recurso "demuestra la beligerancia de José María Aznar contra Cataluña".