China amenaza con ejecutar a quien propague deliberadamente la neumonía

China amenazó ayer con la pena de muerte a quien propague deliberadamente la neumonía atípica. "La difusión intencionada de la enfermedad que ponga en peligro la seguridad pública o provoque graves daños personales, la muerte o grandes pérdidas a la propiedad pública o privada será castigada con penas desde 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua e, incluso, la muerte", dijo el Tribunal Supremo del Pueblo. El anuncio revela la preocupación de las autoridades por la posible extensión de la epidemia en las zonas rurales. La Organización Mundial de la Salud consideró contraproducente la brutal medida.

La advertencia, que apela a la ley de enfermedades infecciosas, pretende reforzar las medidas del Gobierno para evitar que los miles de personas que se encuentran en cuarentena se salten el aislamiento y los millones de emigrantes a los que se ha prohibido regresar a sus pueblos, lo hagan.

Según el tribunal, toda persona infectada o sospechosa de estarlo que se niegue a ser tratada y transmita el virus de forma no intencionada puede ser sentenciada a entre tres y siete años de cárcel. Aquellos funcionarios sanitarios que hayan descuidado su labor y permitan la propagación se enfrentan hasta tres años de prisión. También se impondrán penas de cárcela a quien difunda falsas noticias o alarmas sobre la neumonía o que venda remedios fraudulentos (15 años de cárcel). El anuncio encaja con la tradición china de amenazar con severos castigos, incluida la pena de muerte, en situaciones de emergencia.

El Gobierno ya había dicho que empleará mano dura con quienes no cumplan su labor en la lucha contra una enfermedad que ha provocado 5.163 infectados y 271 fallecidos en el país y está teniendo graves consecuencias económicas. La primera muestra fueron las destituciones del ministro de Sanidad y del alcalde de Pekín a finales de abril. A partir de entonces, se han producido más de un centenar de despidos, sanciones y suspensiones de empleo de funcionarios en varias provincias.

Las penas anunciadas pueden tener, sin embargo, un efecto contraproducente y convencer a posibles enfermos de que es mejor no ir al hospital. China registró ayer 52 casos (la cifra más baja desde que decidió destapar la magnitud de la crisis el pasado 20 de abril) y cuatro muertos.

Para la organización de derechos humanos Human Rights in China (HRIC), con sede en Nueva York, la decisión "criminaliza a las víctimas de la enfermedad y va a exacerbar el pánico con el que se ve el SARS (síndrome respiratorio agudo y grave) entre los mal informados". "Sólo un Gobierno autoritario ajeno a cómo se debe tratar un asunto grave de salud pública amenazaría con medidas draconianas como la ejecución o la cadena perpetua para controlar la propagación", explica Sharon Hom, directora ejecutiva de HRIC. "Lo que hace falta es un ejercicio médico seguro y educación pública".

Pekín ejecutó en 2002 a más personas que ningún otro país. Según Amnistía Internacional, 1.526 sufrieron la pena de muerte en todo el mundo, de las cuales un mínimo de 1.060 en China. Tradicionalmente ha ejecutado a los condenados con un tiro en la nuca o en el cuello, aunque en los últimos años ha incrementado el uso de la inyección letal.

Liu Jian, viceministro de Agricultura, reconoció ayer que, pese a los controles adoptados para que los emigrantes "se queden donde están", siguen existiendo canales de transmisión del virus hacia el campo. De momento, sin embargo, sólo el 6% de los contagiados son campesinos. En la provincia de Hebei, que rodea a Pekín, el porcentaje es del 26% sobre un total de 200 afectados. Según Liu, la mayoría de los 100 millones de emigrantes que trabajan en las ciudades se han quedado en sus lugares de empleo. Alrededor de ocho millones han regresado a sus casas, la mitad de ellos, según el Gobierno, huyendo del SARS. Muchos de los emigrantes que trabajan y viven en los restaurantes en ciudades como Pekín tienen prohibido volver a sus pueblos e incluso salir de los locales, pese a que gran parte de estos establecimientos están cerrados o casi no tienen trabajo. Los obreros de la construcción también son controlados para que no dejen el tajo. El Gobierno ha prohibido a las empresas de las ciudades que despidan a los empleados mientras dure la epidemia. A cambio ha suprimido o reducido algunos impuestos.

Para reforzar el precario sistema sanitario rural, las autoridades están enviando médicos y enfermeras de las provincias más desarrolladas a las más pobres, están transfiriendo doctores militares y están construyendo unidades de aislamiento en los hospitales de los pueblos. Según Wu Yi, viceprimera ministra y ministra de Sanidad, el principal campo de batalla contra la neumonía se encuentra en el norte de China. El presidente, Hu Jintao, ha insistido en la importancia de mantener el desarrollo económico e impulsar la demanda doméstica al tiempo que se lucha contra el SARS. Pekín registró ayer 27 infectados y un fallecimiento, lo que sitúa las cifras en la capital en 2.388 y 140, respectivamente.

China ha detenido a un doctor por haber roto una cuarentena y haber provocado un brote que ha infectado a más de 100 personas en la ciudad norteña de Linhe. Las autoridades quieren acusarle de haber incumplido la ley de enfermedades infecciosas.