Procesados nueve ex agentes de Pinochet por el 'caso Llidó'

Un juez procesó ayer a nueve ex agentes de la DINA, incluido al general Manuel Contreras, ex jefe de este organismo represivo de la dictadura de Pinochet, como autores del secuestro del sacerdote español Antonio Llidó, detenido en 1974, trasladado a recintos de torturas y desde entonces desaparecido. El caso fue amnistiado en 1992 por la Corte Suprema, pero la familia recurrió ante el juez Baltasar Garzón.

La investigación se reactivó en Chile cuando los jueces comenzaron a aplicar, después del caso Pinochet, el criterio del delito permanente, según el cual el secuestro de un detenido desaparecido se sigue cometiendo mientras sus restos no hayan sido encontrados, como indican las convenciones internacionales que permitieron la detención en Londres de Pinochet. Esta óptica ha impulsado las investigaciones judiciales sobre los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, a pesar de la ley de autoamnistía que dictó el régimen militar en 1978.

El juez Jorge Zepeda consideró en su resolución que Llidó continúa siendo víctima del delito de "secuestro calificado" y procesó por ello al general Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, actualmente en retiro y detenido en una unidad militar por otra causa, también de detención y desaparición, y que ya cumplió en los años noventa una condena de siete años de prisión por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en 1976 por la DINA.

También fue procesado un grupo de los más conocidos ex torturadores y jefes de equipos que practicaban las detenciones de los opositores a la dictadura, varios de los cuales están siendo encausados en otros casos: el coronel en retiro Marcelo Moren, Miguel Krasnof, Osvaldo Romo, Maximiano Ferrer, Fernando Laureani, Orlando Manso, Ciro Torré y Basclay Zapata.

El valenciano Llidó, de 38 años entonces y que era miembro de Cristianos por el Socialismo durante el Gobierno del Salvador Allende (1970-1973), fue detenido en octubre de 1974, trece meses después del golpe por agentes de la DINA y trasladado al cuartel Ollague de este organismo. Allí fue torturado con especial sadismo por su condición de religioso, incluyendo sesiones de electricidad. Incluso, después de una de estos interrogatorios, un médico de la DINA pidió hospitalizarlo, pero el coronel Moren se negó. El sacerdote, a quien se le acusaba de ser simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue trasladado al cuartel Cuatro Alamos de la DINA y desde entonces se desconoce su paradero e integra la lista de más de mil desaparecidos en la dictadura.

Mientras estuvo detenido, la Iglesia católica intercedió por Llidó. El presidente de la Conferencia Episcopal chilena, Fernando Ariztía, acompañado por otros religiosos directivos del Comité Pro Paz, que defendía a las víctimas de la represión, fue a una entrevista con Pinochet en 1974. Cuando le preguntaron por la suerte de Llidó, el ex dictador respondió de inmediato: "Ese no es un cura, es un marxista", confirmando que estaba en conocimiento de su detención, según contó después Ariztía.