Reconocimiento a las 'andereños'

Son cuatro mujeres: Itziar Arzelus, Kontxita Beitia, Karmele Esnal y Nekane Auzmendi. Cuatro andereños que se arriesgaron a dar clases en euskera en casa o en centros clandestinas durante la dictadura franquista y que no han parado de luchar en los últimos diez años hasta lograr que su tarea, al igual que la de otros muchos compañeros, sea reconocida moral y económicamente. Las cuatro, junto con cerca de otras 200 maestras, sonreían ayer satisfechas en el homenaje público que les rindió el Gobierno vasco en el Palacio Miramar de San Sebastián.

Allí, la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, les explicó el fruto de sus largos esfuerzos: el Ejecutivo autónomo aprobó el pasado martes un decreto por el que, entre este año y el próximo, destinará una partida de 1.804.000 euros a compensar económicamente, y en función de los cursos impartidos, a aquellos profesores que acrediten que dieron clases en ikastolas clandestinas hasta el curso 1967-1968, cuando comenzó su normalización jurídica.

Estas andereños (la mayoría eran mujeres) recibían un sueldo muy reducido y no tenían posibilidad de cotizar a la Seguridad Social. El decreto ahora aprobado pretende paliar esa situación y evitar que se vean obligadas a trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación. Así, establece compensaciones de 3.000 euros por curso académico para los profesores que no pudieron cotizar y ayudas de 1.000 euros por curso para aquellos que durante algunos periodos estuvieron dadas de alta en la Seguridad Social o en un régimen sustitutorio. La medida del Ejecutivo beneficiará a alrededor de 200 personas, entre las que se incluyen los viudos de maestras ya fallecidas.

Pero el decreto, que regula la ley aprobada en el Parlamento en marzo de 2002 por todos los partidos, salvo el PP, es algo más que dinero. Es un reconocimiento, subrayó Iztueta

, al "idealismo, la valentía, el esfuerzo y el sacrificio de aquel primer profesorado que, en pleno franquismo, en la más absoluta clandestinidad, falta de libertad y democracia, impartió clase y puso en marcha las ikastolas".

De ese idealismo y esfuerzo sabe mucho la donostiarra Itziar Arzelus, quien puede decir con orgullo que es una de las cuatro responsables de que el Gobierno vasco reconozca ahora su trayectoria. Esta andereño empezó a dar clases en 1950 a niños de entre cuatro y nueve años en su casa de la Parte Vieja de San Sebastián. "Organizaba grupos de diez chavales para que pareciera que eran clases particulares y no nos dijeran nada", recordó. Ella se arriesgaba, pero no se olvida de la "valentía" de los padres que decidían mandar a sus hijos a estos centros clandestinos. "Los niños sólo daban dos horas de clase al día y el resto del trabajo lo tenían que hacer en casa para a estar a la par de los otros estudiantes", explicó. A principios de los setenta, Arzelus pasó a impartir clases en la ikastola Ikasbide de Amara.

Inspección policial

Karmele Esnal es otra de las andereños batalladoras. Una mujer que, allá por 1955, cuando daba clases en su casa del centro de San Sebastián, se quitó de encima a un inspector de la policía franquista argumentando que los niños que se repartían por el suelo de su domicilio eran hijos de amigos a los que estaba cuidando, como rememoraba ayer entre risas.

Las risas no hacen olvidar el montón de puertas que han tenido que tocar estas cuatro mujeres durante una década hasta obtener unos resultados que van a beneficiar a muchas compañeras. "Teníamos bastantes años sin cotizar y decidimos reivindicar nuestro trabajo", apuntó Arzelus. Empezaron por el entonces ararteko Juan San Martín y siguieron por todos los partidos. Pasó el tiempo y las caras de los gobernantes fueron cambiando sin que ellas alcanzaran su objetivo. Pero no se cansaron. El año pasado, por fin, el Parlamento les respaldó a raíz de una proposición de ley presentada por los grupos del tripartito: PNV, EA e IU-EB