La ONU se prepara para librar la batalla por el control de las ventas del petróleo iraquí

El Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para una nueva batalla diplomática. Estados Unidos se dispone a presentar una resolución que levante las sanciones impuestas a Irak en 1991 y ponga fin al programa Petróleo por Alimentos. Si el pasado noviembre la discusión giró en torno a la legalidad de la guerra, ahora se centrará en el papel de la ONU en el nuevo Irak y, sobre todo, en quién controlará a partir de ahora las ventas del oro negro iraquí. Desde la puesta en marcha del programa, en diciembre de 1996, el régimen de Sadam Husein exportó crudo por valor de más de 65.000 millones de dólares y firmó contratos multimillonarios para explotar sus yacimientos con compañías de Rusia, Francia y China.

¿Mantendrá EE UU la validez de esos contratos? ¿Seguirán fluyendo esos miles de millones dólares del petróleo iraquí a la cuenta de la ONU en el Banco Nacional de París en Nueva York?

Washington pretende que la nueva resolución implique el levantamiento inmediato de las sanciones y el fin de la supervisión por la ONU de las ventas de petróleo -la última prórroga del Programa Petróleo por Alimentos acaba el próximo 3 de junio- y su sustitución por alguna institución financiera internacional como el Banco Mundial o el FMI hasta que se constituya un nuevo Gobierno en Bagdad. La ONU sólo se ocuparía de tareas humanitarias.

Francia también se ha manifestado a favor del fin de las sanciones, pero quiere una eliminación gradual del programa Petróleo por Alimentos. Además, liga ambas iniciativas a la vuelta de los inspectores de armas. El embajador de EE UU ante la ONU, John Negroponte, ya ha rechazado esta propuesta y, de hecho, el Pentágono se dispone a enviar a sus propios expertos para encontrar las armas de destrucción masiva.

Rusia, por su parte, insiste en que el fin de las sanciones debe ir unido a la certificación de que no quedan armas prohibidas en Irak y que la ONU prosiga con el programa Petróleo por Alimentos hasta que exista un nuevo Gobierno iraquí. Washington ya ha dicho que no piensa esperar tanto.

La batalla está servida y esta vez las razones morales no ocultarán los intereses comerciales. Según el Departamento de Energía de EE UU, la petrolera rusa Lukoil firmó un contrato valorado en 3.700 millones de dólares para rehabilitar el campo de West Qurna, al oeste de Bagdad, cuya producción potencial se calcula en casi un millón de barriles diarios.

Además, otras compañías rusas como Soyuzneftgaz, Stroytrasngas-Oil y Tafnet, han suscrito contratos sobre yacimientos situados en el desierto occidental de Irak y la empresa Slavneft firmó otro acuerdo con Bagdad en octubre de 2001 para explotar el campo de Suba-Luhais, al sur del país.

Francia, de acuerdo con los datos de la fuente citada, también ha tomado posiciones para el día que se levanten las sanciones. En concreto, la compañía TotalFinaElf alcanzó un acuerdo para desarrollar dos yacimientos en Majnoon, a unos 50 kilómetros al norte de Basora cerca de la frontera con Irán, que atesoran unas reservas de crudo estimadas entre 12.000 y 30.000 millones de barriles. También China ha mostrado su interés en el campo de Halfaya, al sur de Irak.

La carrera para participar en el nuevo mercado del petróleo iraquí acaba de empezar y desde luego las compañías británicas y norteamericanas no piensan quedarse al margen. EE UU ha nombrado a dos ejecutivos de Shell y Exxon como asesores del nuevo ministro de Petróleo iraquí y quiere mirar con lupa los contratos firmados hasta ahora , cuyo valor asciende a casi 10.000 millones de dólares.

El programa Petróleo por Alimentos fue aprobado por Naciones Unidas (Resolución 986, de abril de 1995), para aliviar los estragos que estaban causando las sanciones en los iraquíes. Ya desde verano de 1991, la ONU había propuesto su puesta en marcha a Sadam, pero éste se negó por considerarlo una injerencia inadmisible ni estar dispuesto a pagar compensaciones de guerra a Kuwait.

Al final, el programa entró en vigor en enero de 1997. Se estableció que los ingresos procedentes de las ventas del petróleo iraquí se distribuyesen de la siguiente manera: el 59% para cubrir las necesidades básicas de la población del centro y el sur de Irak; el 13% para la región kurda del norte del país, semiautónoma de Bagdad desde el final de la guerra del Golfo; el 25% para reparaciones por este conflicto, principalmente a Kuwait; el 0,8% para los inspectores de armas de la ONU, y el 2,2% restante para gastos administrativos. Desde entonces hasta el primer trimestre de este año, Irak ha recibido 26.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y actualmente el 60% de su población depende de ella para sobrevivir.

El programa ha tenido un cumplimiento desigual según las zonas. En el norte kurdo, donde los funcionarios de la ONU trabajaban con libertad, víveres y materiales llegaban a sus destinatarios. En el centro y el sur del país, donde el reparto estaba en manos de 3.000 empleados iraquíes bajo la supervisión del ex ministro de Petróleo, Amir Mohamed Rashid al Ubaydi, casado con la experta en armas biológicas Tihab Taha, la famosa Doctora

Germen, y hoy detenido por las tropas de EE UU, las cosas eran muy diferentes.

Recompensas

Como escribe el historiador británico Charles Tripp en A history of Irak (Cambridge University Press, 2000), "para Sadam la principal ventaja de este acuerdo no era sólo que ponía en sus manos beneficios adicionales, sino que anticipaba el fin de las sanciones ya que devolvía a Irak al mercado mundial como productor de petróleo". Además, el programa permitía a Sadam, "dada la red de privilegios y favoritismos sobre la que sostenía su régimen", recompensar a sus fieles al tiempo que utilizaba el sufrimiento de su pueblo, "víctima de la maldad de las potencias extranjeras", como propaganda.

En estos años, continúa Tripp, Sadam firma los contratos petroleros con Francia y Rusia, los principales acreedores de Irak y con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, con el fin de conseguir un pronto levantamiento de las sanciones. Su esfuerzo sería recompensado en cierta forma en diciembre de 1999, cuando la Administración del entonces presidente Clinton lleva a la ONU la resolución 1.284 para lograr la vuelta de los inspectores de armas, ahora bajo el nombre de Unmovic. La resolución fue aprobada, pero Rusia, Francia y China se abstuvieron. Curiosamente, París enarboló esta resolución, que daba seis meses trabajo a los inspectores, cuando el pasado invierno el mundo se dirigía hacia la guerra.

Todas estas maniobras inquietaron a EE UU, que veía cómo el régimen de Sadam emergía de sus cenizas sin tener constancia, además de que hubiera destruido todas sus armas prohibidas. Para Washington, además, el programa tenía otras dos lagunas: los ingresos por el contrabando de crudo, calculado entre 200.000 y 400.000 barriles diarios, sobre todo a través de Siria, y la falta de transparencia en las listas de la ONU sobre los bienes que adquiría Irak.

La prensa norteamericana ha señalado algunos envíos rusos aparecían bajo el ambiguo epígrafe de "bienes para la reanudación del proyecto" o que países como Siria o Libia mandaran "leche en polvo" en la lista de productos del pasado noviembre. En la última del pasado 3 de abril también aparecen Siria y Vietnam como abastecedores de "jabón de baño" o productos de Rusia, Francia y otras naciones bajo una denominación tan genérica como "repuestos" o "materiales de laboratorio". Convencido de que el programa, como dijo el general Tommy Franks, se había convertido en "petróleo por palacios" de Sadam, EE UU ha mandado parar. Ahora será Washington quien dicte las reglas.