El Ministerio de Sanidad fracasa en la contención de la legionelosis

La legionela persiste en España. En 2002 hubo 1.406 casos, lo que supone una tasa de infección que duplica la de Francia y un mínimo aumento respecto a 2001. Desde que en 1997 el Ministerio de Sanidad puso la legionela entre las enfermedades de declaración obligatoria, los casos se han multiplicado por siete. Los expertos señalan que el decreto promulgado por Sanidad en 2001 ha fracasado. El ministerio afirmó en 2002 que los casos disminuirían a final de año. Pero no fue así y ahora prepara una revisión de la norma.

Aunque el aumento de casos de legionelosis respecto a 2001 es ínfimo (sólo dos casos más), la realidad es que la epidemia de Murcia de julio de 2001, con 650 casos, la mayor de la historia, distorsionó la estadística de ese año. Por eso el director general de Salud Pública, José María Martín Moreno, aseguró en agosto de 2002 que la cifra de casos a final de año sería menor que en 2001. El tiempo ha corregido su estimación. Este periódico ha intentado durante una semana, sin éxito, recabar la opinión de Sanidad.

Los datos del Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del Ministerio de Sanidad, no son definitivos, pero no es previsible que aumenten porque están cerrados el 31 de marzo y los médicos tienen tres semanas para declarar la enfermedad. La tasa de infección en España es de 3,55 casos por cada 100.000 habitantes. En Francia es menos de la mitad: 1,55 casos por 100.000 habitantes, según el Ministerio de Sanidad de Francia. (Ver gráfico).

La legionelosis es una neumonía causada por la legionela, una bacteria que crece en el agua y que se contagia al inhalar gotas de aire cargadas con legionela. Afecta principalmente a ancianos e inmunodeprimidos. La legionela vive en el agua y siempre habrá casos. No se puede erradicar pero sí minimizar la incidencia. Para ello hay que aumentar las inspecciones de los aparatos que causan los brotes porque expulsan aerosoles cargados de legionela.

El catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, Carlos Álvarez Dardet, asegura que los casos se han mantenido porque "el decreto de prevención de la enfermedad no ha funcionado". Ese decreto, aprobado por Sanidad en julio de 2001, tras la epidemia de Murcia y siete meses después de lo anunciado, establece que el responsable de lo que ocurra en las instalaciones es el dueño, marca dos revisiones anuales y dice que hay que hacer análisis microbiológicos, fisico-químicos y control del biocida, pero no establece qué valores son tolerables ni qué hay que medir. Las encargadas de las inspecciones son las comunidades autónomas.

Álvarez Dardet explica que "Valencia ha tenido que hacer una nueva norma, la tercera en dos años, contra la enfermedad". Sólo en Alcoi ha habido siete brotes, más de 200 afectados y al menos siete fallecidos en tres años. El decreto de Sanidad, tachado por los instaladores de poco realista, tiene errores de redacción, como fijar en un párrafo una temperatura para la cloración y tres más abajo otra distinta.

Revisión de la norma

Martín Moreno sí habló hace un mes. La estadística entonces aún reflejaba un descenso de casos respecto a 2001. Entonces aseguró que Sanidad preparaba una revisión del decreto para prevenir la enfermedad. "Esperamos que esté lista antes de finales de abril", afirmó a este diario. En verano es cuando hay más casos. El calor favorece la proliferación de la bacteria y aumenta el uso de los aparatos de aire acondicionado, que pueden ser origen de la infección. Martín Moreno aseguró que "el decreto fue un buen punto de partida".

José Antonio Rodríguez Tarodo, presidente del comité de legionela de Atecyr, la asociación técnica de climatización y refrigeración, que agrupa a 1.200 instaladores, señala que aunque Sanidad apruebe el nuevo texto en abril será difícil implantarlo en los aparatos antes del verano: "Hay instalaciones en mal estado que aún no cumplen la norma de 2001. No es realista pensar que por publicar una norma en el BOE, ésta se aplica inmediatamente". Rodríguez Tarodo asegura que Sanidad teme ir en contra del decreto anterior y que los borradores que maneja no suponen un cambio radical respecto a la norma existente.