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El Congreso 'amnistía' las emisiones de bancos y cajas en paraísos fiscales

El PP se descuelga del pacto entre PSOE y CiU al no incluir al resto de empresas cotizadas

Las emisiones de participaciones preferentes realizadas hasta ahora a través de paraísos fiscales no tendrán coste fiscal para bancos y cajas. Así se establece en una enmienda al proyecto de ley de Movimientos de Capitales, pactada ayer en el Congreso entre el PSOE y CiU. El PP se descolgó a última hora de ese acuerdo -se abstuvo- porque quería incluir al resto de empresas cotizadas. A cambio de esta amnistía fiscal, se prohíbe realizar a partir de ahora estas emisiones en paraísos fiscales. La norma, pendiente aún del trámite en el Senado, paraliza las actuaciones de Hacienda.

Mes y medio después de iniciar las negociaciones, el pacto para regularizar las emisiones a través de paraísos fiscales tuvo ayer un final inesperado. En principio, el acuerdo se perfiló entre el PSOE y el PP, de manera que los socialistas daban cobertura legal a las participaciones preferentes y el PP hacía borrón y cuenta nueva sobre lo ocurrido hasta ahora. Finalmente, ese acuerdo se ha suscrito entre el PSOE y CiU, con la abstención del PP.

Tanto movimiento político obedece a que en la decisión se la jugaban mucho bancos, cajas y algunas grandes empresas que han acudido a este instrumento para aumentar sus recursos propios. Sólo para las entidades financieras, las emisiones de preferentes a través de paraísos fiscales se acercan a 14.000 millones de euros. Las emisiones se han realizado a través de filiales sobre todo en Islas Caimán -varias de ellas en un mismo apartado de correos- a un coste fiscal cero.

Las sociedades que han entrado a este mercado argumentan que en España no existía cobertura legal para emitir preferentes; que se han visto, por tanto, obligadas a salir fuera para competir en igualdad de condiciones; y que el Banco de España y la CNMV las han autorizado. La Fiscalía Anticorrupción lo entendió en parte así, cuando en febrero pasado decidió archivar la investigación abierta por este motivo a tres cajas andaluzas. Curiosamente, Anticorrupción se cuestionó si esas prácticas eran lícitas.

Notificación de Hacienda

La inspección fiscal estaba desde hace unos dos años tras la pista, sin que se llegaran a concretar las actuaciones. El primer paso se dio hace tres semanas, cuando la Agencia Tributaria notificó a las entidades financieras que consideraba a las filiales en Islas Caimán como residentes en España a efectos fiscales. Éste era el paso previo para exigirles los impuestos correspondientes, al menos, de los últimos cuatro años.

Porque desde Hacienda se ha entendido que los rendimientos que la caimanera obtiene de la matriz por los fondos que capta (las preferentes) son dividendos y no intereses. Si son intereses, la matriz los puede deducir de su impuesto de sociedades como un gasto, que es lo que han estado haciendo las entidades. Si es un dividendo, paga el impuesto de sociedades, como estableció un informe del Servicio Jurídico de Hacienda de mediados de 2002.

A partir de ahí, las entidades temieron que Hacienda levantase las actas correspondientes y empezase a exigir una cantidades que, según uno de los firmantes del pacto, "habría puesto en una situación muy complicada al sistema financiero". Este argumento, junto a la creciente preocupación del Banco de España, llevó a los dos grupos políticos mayoritarios a buscar una solución, a la que finalmente han contribuido los nacionalistas catalanes.

En resumen, se hace tabla rasa del pasado y se prohíben para el futuro las emisiones de preferentes en paraísos fiscales. A partir de ahora, sólo se podrán emitir en España o en países de la Unión Europea. En el caso de que se utilicen filiales, los rendimientos serán considerados intereses para la matriz y, por tanto, deducibles del impuesto de sociedades; es decir, al contrario de lo que entendía Hacienda. El tratamiento fiscal será igual al de cualquier emisión de deuda y no tendrá retención si se coloca a un no residente en España.

El PP quería incluir en este acuerdo a grandes empresas españolas que también han utilizado este instrumento. Pero el PSOE se ha negado en redondo, al considerar que su caso no es equiparable al de las entidades financieras. Como explica la diputada socialista Maite Costa, el supuesto trato favorable a bancos y cajas responde a que estas entidades están sometidas a unas normas de solvencia que garantiza el Banco de España y que no se exigen al resto de empresas. El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte y el de CiU Josep Sánchez Llibre coinciden en que es una discriminación injustificada. Es probable que durante la tramitación posterior del Senado, PP y CiU saquen adelante su idea e incluyan a todas las empresas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de marzo de 2003