El PP y la oposición llegan a un acuerdo para sacar adelante la Ley de Sanidad

El Ministerio de Sanidad y la oposición cerraron ayer una semana de negociaciones para consensuar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Los últimos en llegar a un acuerdo con el PP fueron los socialistas. Después del acuerdo, "se garantiza el carácter público del sistema, se refuerza el papel de las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial y se asegura que la financiación de las nuevas prestaciones que se decidan correrá a cargo del Estado", explicó ayer la secretaria de Políticas Sociales y Migraciones del PSOE, Consuelo Rumí.

Después de la intensa negociación, que acabó en la madrugada de ayer, la reunión de la ponencia del Congreso para debatir la ley fue casi un trámite de hora y cuarto, afirmó satisfecha Rumí. "Hemos abierto el camino para el máximo acuerdo, y logrado que nuestras enmiendas más significativas se vean reflejadas", añadió. Sin tiempo apenas para estudiar el impacto del acuerdo en las 98 enmiendas que había presentado, la responsable de política sanitaria del PSOE calculaba que mañana, cuando se debata la ley en comisión, quedarán menos de 30, "muchas de ellas técnicas".

También la ministra de Sanidad, Ana Pastor, se mostró ayer muy satisfecha por el acuerdo. Pastor definió el proyecto como "la ley de sanidad del siglo XXI", y agradeció de nuevo las aportaciones de partidos, sindicatos y organizaciones profesionales para lograr una ley que se apruebe con el máximo consenso, como ha manifestado desde que tomó posesión de su cargo el año pasado que quería sacar la norma adelante.

La ministra, que hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso mientras en el interior del hemiciclo se debatía acerca de la participación española en la crisis de Irak, no entró en detalles sobre los cambios introducidos mediante enmiendas transaccionales en el proyecto de ley.

Semana de contactos

Pastor ya había conseguido la semana pasada el apoyo del PNV a la ley cambio de modificaciones en las funciones del Consejo Interterritorial (el organismo de representación de las comunidades autónomas) y de la cesión de la titularidad de los locales que albergaban los servicios sanitarios cuya gestión había sido transferida cuando el País Vasco asumió las competencias.

Precisamente el PNV, que gobierna una comunidad con régimen económico propio, era el único grupo que no planteaba inconvenientes acerca de la financiación de las nuevas prestaciones sanitarias, que el proyecto ministerial dejaba a expensas de las comunidades.

El acuerdo sobre el asunto, según Rumí, impone que cuando el Consejo Interterritorial incluya una nueva prestación en el catálogo mínimo y común de servicios, se acompañará por una memoria económica que evaluará su impacto en los fondos transferidos. El Consejo de Política Económica y Fiscal recibirá esta memoria, y en función de ella decidirá si el Estado deberá aumentar los fondos autonómicos. "No es una formulación tan clara como la que pedíamos [nueva prestación implicará nueva financiación] pero el resultado es el mismo y queda mejor atado", porque apela "al principio de lealtad institucional" y deja claro que el acuerdo de financiación de 2001, que el PSOE aprobó, se limitaba a las prestaciones que se ofrecían entonces, explicó Rumí.

También en el área económica, se modifica el Fondo de Cohesión, al que se atribuye la función de corregir desigualdades que dependan de variables como las epidemiológicas, las tasas de población infantil, morbilidad, mortalidad, población inmigrante y tratamiento de extranjeros, además de la atención de ciudadanos desplazados, añadió la representante socialista.

El Consejo Interterritorial cambiará su composición, y lo integrarán los 17 consejeros autonómicos y el titular de Sanidad, como establecía el proyecto de ley del Gobierno, pero ganará poder en lo que se llamarán "funciones esenciales".

Competencias básicas

Entre estas competencias básicas, en las que el dictamen del Consejo será obligatorio y vinculante, según explicó Rumí, figuran: desarrollar la cartera de servicios (se desestimó la propuesta socialista de eliminar esta figura y reducirla al catálogo de prestaciones), decidir sobre el "uso tutelado" (ensayos o compasivo) de nuevos medicamentos y técnicas diagnósticas, fijar el marco de los tiempos máximos para las listas de espera (sin perjuicio de que las comunidades los reduzcan, como ya han hecho Andalucía y Castilla-La Mancha) y establecer los criterios de calidad y seguridad de los centros (incluida la definición de aquellos de referencia que prestarán servicios punteros a varias comunidades). En este último punto, Sanidad recogerá el interés de Coalición Canaria de dar un trato preferente al archipiélago, con lo que se evitarán costosos traslados.

El Consejo Interterritorial también fijará los criterios de calidad, las condiciones de acceso a los sistemas de información comunes y decidirá sobre la financiación de nuevos fármacos. En todos estos aspectos el Consejo actuará por consenso, y su control lo hará el Senado, que recibirá un informe anual del organismo. Otras enmiendas del PSOE aceptadas son las que se refieren a la accesibilidad de edificios y servicios para discapacitados. Con el acuerdo entre el PP y la oposición, el proyecto puede llegar a debate al pleno del Congreso el próximo día 13, explicó Pastor.