El Ministerio de Agricultura autoriza cinco variedades de maíz transgénico

El Ministerio de Agricultura ha decidido autorizar "en breve" la comercialización de cinco variedades de maíz transgénico. Las semillas, pertenecientes a las compañías Monsanto, Syngenta y Pioneer, y al consorcio francés Limagrain, están pendientes de ser inscritas en el Registro de Variedades, trámite administrativo obligatorio previo a su comercialización, y a su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado. La autorización será la primera que se formalice en la UE desde la entrada en vigor de la moratoria sobre organismos modificados genéticamente.

Las cinco variedades autorizadas por Agricultura suponen "el final de un trayecto esperado", en opinión de Delfí Biosca, director general de Syngenta Seed España y vicepresidente de la Asociación de Productores de Semillas (APROSE), entidad que agrupa a las principales compañías del sector.

Un final para el que se tenía indicios desde hace dos años, pero para el que no se tuvo la primera confirmación hasta el pasado viernes, cuando Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura, lo anunció casi de pasada en el acto de clausura de la feria Biospain celebrada en Madrid.

García aludió entonces al tiempo transcurrido desde el inicio de la comercialización de semillas transgénicas de maíz Bt como prueba de seguridad y a los cambios legales y "de percepción" en la UE para afrontar nuevas autorizaciones. El maíz transgénico Bt lleva cultivándose cinco años en España "sin que hasta la fecha se hayan observado problemas de salud ambiental o humana", asegura Biosca. El ministerio confirmó ayer que la autorización está sólo pendiente de la inscripción en el Registro de Variedades y de su publicación en el BOE, "dentro de días o semanas".

Las nuevas variedades de maíz Bt están pensadas todas ellas para combatir la plaga del taladro, una enfermedad que, según distintas estimaciones, afecta entre el 10% y el 15% de las cosechas de maíz en algunas regiones de España, principalmente en el Valle del Ebro (Huesca, Zaragoza y Lleida), además de algunas zonas de Extremadura y Castilla-La Mancha.

20.000 hectáreas

Cuatro de estas variedades incorporan el gen Mo810, mientras que la quinta se basa en el llamado evento 176. Este último, propiedad de Syngenta, es el que lleva comercializándose desde hace cinco años en España con un volumen de ventas cercano a las 20.000 hectáreas anuales (alrededor del 5% del cultivo total de maíz).

Según fuentes ministeriales, la solicitud de autorización de las distintas variedades fue presentada por las compañías Monsanto, Syngenta, Pioneer y el consorcio francés Limagrain en 1998. Todas las variedades habían superado en aquel momento los distintos trámites burocráticos exigidos por la legislación europea y su comercialización dependía sólo de su aprobación por parte del Ministerio, un trámite que "apenas supera el año", según Biosca.

Agricultura, sin embargo, aprobó una sola variedad y postergó el resto. "La UE", explica el director general de Syngenta, "debe autorizar las modificaciones genéticas y luego cada país debe aprobar la comercialización en su territorio".

Desde la entrada en vigor de la moratoria sobre organismos genéticamente modificados (OGM), ningún país ha autorizado nuevas variedades. Como mucho, las distintas compañías han seguido vendiendo aquellas variedades para las que se disponía de todos los trámites administrativos, al tiempo que se acumulaban nuevas peticiones en los ministerios de Agricultura de distintos países. España, por tanto, va a ser el primer país que da luz verde en Europa desde la instauración de la moratoria.

"La autorización pudo darse hace dos años", se defiende Biosca. Si no se hizo entonces, argumenta, no fue por razones técnicas sino "políticas". "La situación en Europa es ahora más propicia", asegura. "Tras cinco años de experiencia se ha visto que la tecnología es segura, que hay garantías legales como las impuestas en materia de trazabilidad y etiquetado y que la opinión pública es más receptiva".

Agricultura argumenta que el cultivo de estas variedades "ha demostrado ya sus ventajas entre los agricultores españoles, que quieren disponer de un mayor número de variedades" de acuerdo con las condiciones de cultivo y climáticas existentes en España. Asimismo, Agricultura sostiene que se trata de cultivos que "han sido objeto de planes de seguimiento" con resultados que demuestran "la ausencia de riesgo" para el medio ambiente.

La directiva europea exige respetar el principio de precaución y plantea la necesidad de un "plan de seguimiento obligatorio" en el mercado para los productos que sean o contengan OGM, así como el establecimiento de sistemas de información en registros públicos. Cualquier nuevo producto, cuya aprobación deberá estudiarse "caso por caso", debe cumplimentar además un protocolo de bioseguridad exhaustivo.