Un tribunal de EE UU ordena que se cure a un preso para ejecutarle

Locura o muerte. Charles Laverne Singleton lleva 23 años en el corredor de la muerte. Sus episodios psicóticos le habían salvado hasta ahora de la pena capital porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohíbe ejecutar a personas cuya enfermedad les impida comprender la pena de muerte. Un tribunal federal de apelaciones de St. Louis (Misuri) ha decidido que no es razón suficiente y ha ordenado a los responsables penitenciarios de Arkansas administrarle por fuerza una medicación que le devuelva cordura suficiente para ser ejecutado.

La decisión fue aprobada por cinco votos en contra y seis a favor. Los jueces debían optar entre "una medicación forzada seguida de una ejecución, o ninguna medicación seguida de psicosis y cárcel", resumió el magistrado Roger Wollman en nombre de la mayoría que prefirió imponer la pena capital. Wollman estimó que la mejor opción era la primera, porque el tratamiento "beneficia al prisionero", independientemente de lo que pueda ocurrir luego. "Ser elegible para una ejecución es la única consecuencia indeseada de la medicación".

El juez Gerald Heaney, en nombre de sus otros cuatro colegas que se opusieron al dictamen, declaró que "ejecutar a un hombre severamente incapacitado sin tratamiento, y bastante incompetente cuando está sometido a medicación, es el ejemplo máximo (...) de aplicar una venganza sin sentido".

"Este tipo de casos son muy poco frecuentes, pero muy simbólicos", comenta Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una asociación independiente contra la pena capital.

Alucinaciones en la celda

Charles Laverne Singleton, un afroamericano de 43 años, fue condenado a muerte en 1979 por asesinar a una mujer cuando robaba una tienda de comestibles en Hamburg (Arkansas). Poco antes de morir, la víctima, una vecina, identificó a Singleton, que argumentó entonces que "estaba enfermo" cuando cometió el crimen. Los primeros síntomas de psicosis fueron detectados en prisión en 1987. Singleton empezó a quejarse de alucinaciones. Creía que su celda estaba poseída por demonios y que los médicos le habían implantado un artefacto en la cabeza. Desde entonces, cada 30 días recibe obligatoriamente una inyección de Prolixin para tratar su esquizofrenia.

Aun así, el gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, ordenó que Singleton fuera ejecutado el 11 de marzo de 1998 argumentando que el preso, pese a sus episodios psicóticos, era lo bastante cuerdo como para entender su sentencia. De recurso en recurso, cinco años después se ha llegado a la corte de apelaciones.

La decisión abre un complejo debate ético. "¿Hasta qué punto puede un Gobierno tomar decisiones que invaden tanto la vida de un individuo utilizando personal médico que tiene la obligación de curar y tratar, sobre todo cuando el resultado no es salvar la vida del paciente, sino ejecutarlo?", se preguntaba en las páginas de The New York Times Jeffrey Marx Rosenzweig, el abogado de Singleton, que piensa presentar el caso ante el Tribunal Supremo.

El veredicto pone "a los médicos que tratan a condenados psicóticos en una situación insostenible: tratarlos puede darles un breve alivio que resulte en una ejecución; dejarles sin tratamiento les condena al mundo en el que vive Singleton, lleno de alucinaciones", subrayó el juez Heaney. "Ha habido casos de médicos en Arizona que se han negado a tratar por la fuerza a prisioneros enfermos mentales. La respuesta de las autoridades penitenciarias ha sido normalmente recurrir a médicos de otros Estados", explica Richard Dieter.

Desde principios de año se ha ejecutado a 10 presos en Estados Unidos.