Las organizaciones de derechos humanos consiguen que se revisen dos condenas a muerte en Tejas
La ejecución de uno de los reos se suspendió diez minutos antes de la hora programada
Los detractores de la pena de muerte están de enhorabuena. Después de conseguir la suspensión in extremis de la pena capital para Delma Banks, cuyo caso estuvo plagado de irregularidades, ahora han logrado que un tribunal de apelaciones de Austin ordene que se celebren nuevas audiencias en el caso del condenado Gayland Bradford, cuya defensa asegura que es retrasado mental.
En referencia a la suspensión de la pena de Banks y la revisión del caso de Bradford un miembro de la Coalición de Tejas para la Abolición de la Pena de Muerte, David Atwood, ha manifestado: "Este es un signo verdaderamente positivo para quienes estamos en contra del castigo".
Banks es un hombre de raza negra que fue condenado por matar hace 23 años a un adolescente blanco de 16 años. Su ejecución ha sido pospuesta para que el Supremo estudie el caso porque según los grupos defensores de los derechos humanos la condena fue racista y no el juicio no tuvo garantías.
Bradford, por su parte, está condenado por matar a un guardia de seguridad hace 14 años pero, según sus abogados, padece deficiencias mentales. Los abogados consideran que debería ser favorecido por el dictamen del Supremo que plantea que, en estos casos, la pena capital es "cruel e inhumana".
Levemente por encima del retraso mental
En la etapa inicial del juicio contra Bradford, el doctor Richard Fulbright compareció como testigo de la defensa para señalar que el acusado tenía un coeficiente intelectual de 75, "levemente por encima del retraso mental". En un documento presentado a la corte manifestó que se le debía realizar una mayor evaluación, que no fue pedida por los abogados originales del acusado. Según documentos de la corte, Fulbright afirmó que el nacimiento prematuro de Bradford y su permanente exposición al plomo de una fundición donde vivía pudieron ser las causas de sus problemas mentales.
Las 299 ejecuciones realizadas hasta ahora en Tejas representan más de un tercio de las 835 que se han llevado a cabo en los otros 37 estados en los que rige la pena capital desde que se reimplantó en 1976.
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