La Ley de Montes recibe una lluvia de críticas, salvo del sector papelero

A pesar del plazo extremadamente corto que el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido para presentar alegaciones al proyecto de Ley de Montes, el sector forestal, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han entregado a fondo en sus respuestas.La lluvia de alegaciones, también desde autonomías del Partido Popular, es mayoritariamente contraria al proyecto y no siempre por los mismos motivos.

El País Vasco, Cataluña y Baleares ya han expresado su disconformidad por invadir competencias propias. El Ejecutivo vasco recuerda que las diputaciones forales tienen plenas competencias fiscales y que, por ejemplo ante los incentivos que ofrecen las normas fiscales, presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional. Un portavoz del Gobierno de Vitoria apunta, no obstante, que se mantienen negociaciones con el ministerio. Lo mismo ocurre con la Generalitat de Cataluña. Pero el caso de Baleares es diferente. La Consejería de Medio Ambiente es la única de España en manos de Los Verdes y su posición contraria quedó clara en la primera convocatoria del Consejo Nacional de Bosques de hace 21 días.

Al margen de las disputas competenciales (ocho autonomías cuentan con ley propia), la crítica mayoritaria al proyecto de ley que volverá a reiterarse en el Consejo de hoy rechaza el concepto "productivista" que destila su texto, reflejo de una cultura forestal caducada. Prueba de ello es que sólo el sector papelero (Aspapel) celebra el texto, aunque lamenta que no recoja la función económica y productiva que ejerce el monte. Para el PSOE no garantiza el uso sostenible del bosque y pedirá la retirada del texto, mientras que los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios, rechazan el proyecto porque se consideran tratados como "comparsas" y choca con sus intereses.