Un fallo informático demora el pago a las víctimas de la colza

Un problema informático ha provocado nuevos retrasos en el pago de las indemnizaciones a más de 9.000 afectados por el síndrome tóxico. Este proceso se desarrolla con gran lentitud, a juicio de quienes siguen sin percibir las cantidades que les corresponden, cuando quedan pocos meses para que se cumplan 22 años desde que ocurrió el envenenamiento masivo por consumo de aceite de colza adulterado. La intoxicación costó la vida a 650 personas.

Hasta el pasado 31 de diciembre, la unidad dependiente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que preside el magistrado Siro Francisco García- había dictado 12.720 autos de liquidación con reconocimiento de la indemnización y librado las correspondientes órdenes de pago al Tesoro Público. Sin embargo, más de 9.000 personas aún están por cobrar una media de 130.000 euros. La cuantía de las indemnizaciones varía (300.000 euros para las víctimas que sufren incapacidades graves y 90.000 para los herederos de los fallecidos).

Hay 22.000 afectados reconocidos, sin contar los que han recurrido ante la Oficina de Prestaciones (dependiente del Instituto de la Seguridad Social). Unas 25.000 personas padecieron lesiones de diversa índole por la ingesta del aceite tóxico en 1981. La mayoría pertenecía a familias humildes. El Estado, como responsable subsidiario, desembolsará más de 3.005 millones de euros.

Los abogados de los afectados consideran que los últimos tardarán aún tres o cuatro años más en percibir las cantidades, por encima del tope que se habían marcado para 2005. Denuncian que la tramitación de los expedientes se ha ralentizado todavía más. Les parece inexplicable que de un ritmo de unas 250 resoluciones mensuales se haya bajado a las 150 en los dos últimos meses.

Fuentes de la Audiencia Nacional han achacado este frenazo a un problema informático ocurrido durante el último mes y medio, extremo que no comparte en su totalidad la secretaria de la sala especial, Paloma Salcedo. No obstante, esta funcionaria judicial ha reconocido que, a principios de enero, hubo un problema con los ordenadores que tardó una semana en resolverse. Posteriormente se ha vuelto a una situación de "normalidad completa y absoluta", con un ritmo actual de "entre 250 y 300 expedientes" mensuales.

Hace dos años, la abogada Francisca Sauquillo, que ha llevado en torno a los 2.000 casos de afectados de la Comunidad de Madrid -una de las más perjudicadas-, ya denunció las constantes averías y la lentitud del sistema informático de la oficina, lo que ya entonces provocaba una considerable reducción del ritmo de resoluciones.

Adelanto descartado

Según el senador socialista Arturo González, que ha preguntado al Gobierno sobre el número de mandamientos de pago tramitados por la Audiencia Nacional, "todo está relacionado con la economía, desde el mantenimiento del déficit cero a los últimos avatares, como el hundimiento del Prestige, que obligan a realizar al Ejecutivo desembolsos no previstos en detrimento de los créditos que se habilitan para el pago de estas indemnizaciones". A pesar de que el pasado mes de octubre el ministro de Justicia, José María Michavila, le respondió en la Cámara Alta que, en 2002, se incrementaron los pagos en relación con el año anterior, hasta llegar a 1.427 millones de euros abonados (en 2001 se pagaron 613.032 euros; en 2002, 811.366 euros), Arturo González subraya que si es verdad que no es un problema de dinero, "deberían haber creado más unidades para la tramitación de los expedientes", lo que fue rechazado por el PP en una moción presentada por este parlamentario. También propone que se utilicen otras fórmulas, como negociar el pago con entidades de crédito, para adelantarlo.

El magistrado Siro García ya explicó que podría lograrse más rapidez "mediante una mayor dotación de medios materiales y humanos para resolver los recursos, pero sería con el coste de una menor seguridad jurídica, porque no se aplicarían los mismos criterios".

Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas aseguran que, para ser una ejecución de sentencia tan compleja, "el ritmo de pagos no es malo". "Aunque haya que lamentar que se crucen problemas técnicos, se hace un esfuerzo enorme. Hay muy buena voluntad por parte de todos", añadieron.

El abogado Ricardo de Cáceres, que defiende los intereses de varios afectados de Segovia -una de las provincias donde el envenenamiento tuvo mayor repercusión-, no encuentra explicaciones al "parón" en el cobro que, a su juicio, padecen los afectados desde los primeros días de diciembre.

Además, varios afectados por la demora consideran que hay discriminaciones respecto a los que ya han cobrado, debido a la pérdida de poder adquisitivo. El retraso no es imputable al Tesoro -lo que implicaría el pago de intereses si hubieran pasado tres meses-, sino a una decisión judicial en la que se fija la cantidad a percibir. Algunas personas pendientes de cobro y que prefieren permanecer en el anonimato aseguran haber perdido "casi un 30%" en relación con los que cobraron primero. El Supremo emitió la sentencia de las indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico el 26 de septiembre de 1997 y los primeros pagos comenzaron en marzo de 2000.