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La fiscalía investiga la concesión de cientos de visados fraudulentos en el consulado de Tetuán

La sede consular española dio irregularmente documentos de viaje a falsos turistas marroquíes

La Fiscalía General del Estado tiene en su poder, desde noviembre pasado, un informe sobre la concesión de cientos de visados irregulares a falsos turistas marroquíes en el consulado español de Tetuán (Marruecos). El informe, fruto de la investigación realizada por dos inspectores de Exteriores, se ha remitido al fiscal para que éste "aprecie si, más allá de las irregularidades administrativas, hay indicios constitutivos de delito" y ordene una investigación adicional u opta por querellarse contra el ex consul español en la ciudad, Navarro de Zuvillaga, según la Oficina de Información Diplomática.

Excepto el pasaporte, no se aportaban los documentos necesarios para otener el visado

Antonio Luis casi podía circular a ciegas por la carretera Tetuán-Casablanca. Un día de otoño de 1999, su jefe, el cónsul general de España en Tetuán, Antonio Navarro de Zuvillaga, de 61 años, le mandó a Casablanca a recoger a un marroquí, agricultor. Hasta finales de 2001 hizo muchos viajes hasta la capital económica de Marruecos al volante de un Peugeot gris con matrícula consular. A veces fue a la estación de Tánger a buscar al agricultor, que siempre traía un lote de pasaportes.

Antonio Luis, el chófer del cónsul, observó desde un primer momento que el agricultor llevaba una cartera con pasaportes marroquíes. Cada una de sus estancias en la capital del antiguo protectorado español coincidió con la expedición de un puñado de visados de turismo a marroquíes, generalmente obreros, albañiles, campesinos, tapiceros, chóferes y estudiantes.

Todos ellos residían fuera de la demarcación consular de Tetuán, en su mayoría en el área de Casablanca. Excepto el pasaporte, ninguno aportaba las garantías requeridas (títulos de transporte, extracto de cuenta bancaria, nómina) para la obtención del visado de entrada en España.Todos, sin embargo, lo consiguieron.

La mitad de la decena de integrantes del equipo de visados del consulado atestiguan que el codiciado documento de viaje fue concedido sin efectuarse la tramitación habitual. Cumpliendo instrucciones, los empleados consulares rellenaron ellos mismos, a máquina, el impreso de solicitud de visado -aunque casi nunca lo firmaron- y, con el visto bueno del cónsul, picaron (aposición de la etiqueta infalsificable) los pasaportes. Así hasta cerca de 300. Navarro de Zuvillaga abonaba de su bolsillo las tasas.

El artículo 10 B de la Ley de Extranjería, y también la legislación anterior, señala que los cónsules pueden, excepcionalmente, conceder visados a personas residentes fuera de su demarcación siempre y cuando aporten la documentación requerida, exista una causa justificada y los solicitantes acudan personalmente al consulado. Nada de esto se cumplió. Desde un punto de vista administrativo, todos esos visados han sido concedidos irregularmente.

Tras la obtención de los visados, sus beneficiarios cruzaron la frontera española y, según sospecha la policía, no regresaron a Marruecos al cumplirse la fecha de caducidad. Aquellos documentos irregulares dejaron de ser expedidos a finales de 2001, después de que la policía local manifestase al consulado su sorpresa por el hecho de que numerosos marroquíes con visado obtenido en Tetuán viajaban a España desde Tánger en lugar de hacerlo a través de la cercana Ceuta. Salían por Tánger porque está mejor comunicado con Casablanca.

Los testimonios del chófer y de 10 miembros del equipo consular de visados han sido incorporados al informe elaborado, a finales de noviembre, por dos inspectores del Ministerio de Asuntos Exteriores que pasaron tres días en la sede consular de la antigua plaza de Primo de Rivera.

El documento, redactado por Juan María López Aguilar, diplomático destinado en la Inspección General de Servicios, y Secundino Vicente, comisario de policía adscrito a la Dirección General de Asuntos Consulares, fue remitido al subsecretario del ministerio, José Pedro Sebastián de Erice.

Éste decidió, a su vez, en diciembre, "enviar el informe a la Fiscalía General del Estado para que aprecie si, más allá de las irregularidades administrativas, hay indicios constitutivos de delito" y pida una investigación adicional u opte por querellarse contra el cónsul, según señaló a EL PAÍS la Oficina de Información Diplomática (OID).

A la espera de lo que decida la fiscalía, Navarro de Zuvillaga, que cesó voluntariamente en su cargo a finales de julio, no ha sido sancionado por Sebastián de Erice por sus faltas administrativas, precisa la OID.

"Esto es indignante", afirma por teléfono Navarro de Zuvillaga, ahora jefe de servicio en el gabinete técnico de la Subsecretaría de Exteriores. "Me entero por la prensa de la existencia de esa inspección. Me siento indefenso, porque ni los inspectores se han dirigido a mí ni he leído su informe. No he cometido irregularidades, pero no voy a entrar a discutir lo que usted me traslada. Sólo responderé cuando tenga conocimiento oficial de lo que se me acusa", agrega.

Navarro de Zuvillaga ignora las faltas que se le reprochan porque el reglamento de la Inspección General de Servicios prevé la elaboración de información reservada que no se comunica al afectado.

El ex cónsul sabía, no obstante, que se había llevado a cabo una investigación en Tetuán, porque un compañero suyo de promoción le informó amistosamente el pasado otoño.

Las denuncias se remontan a 1999

Las denuncias sobre anomalías de todo tipo cometidos en el consulado de Tetuán circulaban desde finales de 1999. Eran objeto de comentario en la Embajada de España en Rabat y en el ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, al que habían llegado cartas anónimas y firmadas en las que se denunciaba la situación.

En EL PAÍS se recibieron también dos llamadas de españoles residentes en Ceuta, que se identificaron, y que señalaban el atípico funcionamiento de la representación diplomática.

Joaquín Benet, un corredor de seguros residente en Tetuán, aprovechó, por su parte, una recepción con motivo de la visita del presidente del Gobierno, José María Aznar, al norte de Marruecos en el año 2000 para manifestar al séquito su disgusto por lo que aparentemente sucedía en la sede consular. Hasta la prensa marroquí se había hecho eco de la situación anómala, aunque sin dar detalles.

Carlos Carderera, el entonces subsecretario, ordenó que se hiciese una primera inspección en Tetuán en noviembre de 2001. Corrió a cargo de Mariano Uriarte, cuyo informe no recogía ninguna disfunción. "De acuerdo con la directriz marcada, mi informe tuvo dos partes", explica Uriarte, actual cónsul general en Río de Janeiro. "Hubo una escrita más genérica y otra verbal en la que llamé la atención sobre las circunstancias especiales que allí concurrían".

El rey Mohamed VI acababa entonces de llamar a consultas a su embajador en Madrid "y no era el mejor momento para tirar piedras contra nuestro propio tejado destapando una posible escandalera", recuerda un diplomático que pide permanecer en el anonimato. "Por ese motivo", añade la misma fuente, "se quisieron olvidar las observaciones orales" del inspector Uriarte. Hace seis meses, llegó a Tetuán un nuevo cónsul, Carlos Blasco. Pidió insistentemente una investigación que, por fin, obtuvo en noviembre y cuyas conclusiones obran ahora en poder de la fiscalía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de febrero de 2003

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