El decreto que regula el derecho de admisión afectará a alrededor de 45.000 locales andaluces

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó esta semana una norma para eliminar la discriminación en el acceso a los locales de ocio. El decreto, que entrará en marzo, pone freno al derecho ilimitado de admisión del que hasta ahora gozaban los dueños de los establecimientos y, además, en los de aforo superior a 300 personas, los encargados de controlar el acceso serán las empresas de seguridad privada, nunca porteros no profesionales. Aunque no hay un censo cerrado, desde la Junta se calcula que serán alrededor de 45.000 los locales de ocio a los que afectará la norma.

"El tema de la admisión llevado a sus extremos es perverso", advierte José Antonio Soriano, director general de Espectáculos Públicos de la Junta. "Tan perverso es el derecho ilimitado de los propietarios como el de los clientes". El decreto autonómico, sobre el papel, consigue equilibrar las dos posturas: garantiza la actividad habitual de los establecimientos, pero elimina los casos de discriminación por raza, sexo o aspecto físico, habituales, sobre todo, a la entrada de los locales de moda de las grandes ciudades.

La norma andaluza es novedosa en España. Sólo la Comunidad Valenciana tiene regulado el derecho de admisión, pero insiste en la línea de la que ahora se aleja la Junta: la potestad ilimitada del propietario. El texto del decreto andaluz ha sido además consensuado con las asociaciones de consumidores, empresarios de hostelería y ocio, vecinos y sindicatos.

La regulación afecta no sólo a los bares de copas con portero de aspecto inquisidor a la entrada, sino a todos los establecimientos de ocio privados o públicos: cines, teatros, plazas de toros, salas de conciertos, estadios, restaurantes y bares. No hay un censo cerrado, pero desde la Junta se estima en alrededor de 45.000 los locales a los que afectará la norma.

Cuando entre en vigor a mediados de marzo, los empresarios estarán obligados a impedir la entrada en sus locales cuando el aforo esté completo, se haya superado el horario de cierre, no se haya abonado la entrada, se manifiesten actitudes violentas o se porten armas. Además, se prohíbe la entrada a menores de 16 años, incluso acompañados, en pubs, bares con música, salas de fiesta y discotecas.

Sin arbitrariedad

Pero igual que regula los casos en los que hay que cortar el paso, la norma elimina la arbitrariedad de los propietarios para seleccionar a sus clientes. Hasta las asociaciones de consumidores, los ayuntamientos andaluces y las administración autonómica llegaron en 2002 alrededor de 1.000 quejas de personas a las que se les había denegado el acceso a un local.

La mayoría de las quejas se centraban en un pequeño número de establecimientos de Sevilla y Málaga, y el 90% denunciaban los cinco comportamientos que ahora prohíbe la Junta: trato discriminatorio por sexo, edad, nacionalidad o raza; prohibición de acceso bajo el argumento de que hace falta un carné o una invitación; juicios de valor sobre la apariencia estética o trato desigual por discapacidad.

El decreto da también la posibilidad a los propietarios de solicitar a sus Ayuntamientos unas condiciones especiales de admisión, como exigir determinada etiqueta de ropa o calzado, denegar la entrada de animales; prohibir fumar; o vetar el acceso a bares o restaurantes con comida o bebida de la calle.

Los locales que quieran gozar de alguna de estas cláusulas deberán exhibir públicamente el permiso del Ayuntamiento, que requerirá un informe de la Junta. El director general de Espectáculos Públicos estima que apenas llegará al 5% el número de establecimientos que lo soliciten

Los verdugos de casi todas las quejas interpuestas por jóvenes a los que se les deniega la entrada a un local de moda son los llamados porteros de discoteca. Por eso el decreto regula también la prestación de estos servicios.

Las puertas de los establecimientos con aforo superior a 300 personas tendrán que estar custodiadas por profesionales de empresas de seguridad privada inscritas en el Ministerio del Interior. La mayoría de los locales tienen contratados a personas de confianza de los dueños para ejercer esta ardua labor, que suele asociarse a jóvenes musculosos que seleccionan al cliente según criterios subjetivos.

Ahora este trabajo queda en manos de vigilantes privados, que además de atenerse a las condiciones impuestas por la Junta, serán los responsables de garantizar la seguridad y el funcionamiento de las salidas de evacuación. La administración dejará un plazo de cuatro meses a los dueños para que cambien a los porteros por agentes privados. Los empresarios de hostelería y ocio y los de seguridad negocian ya la posibilidad de "profesionalizar" a los actuales porteros facilitándoles el acceso a los cursos de formación de las empresas de vigilancia.