Bruselas investiga un préstamo oficial de 9.000 millones a France Télécom

Nuevo enfrentamiento entre París y Bruselas. La Comisión Europea ha decidido anunciar la apertura de una investigación formal contra el Gobierno francés por el megapréstamo que acordó a finales de 2002 con la operadora France Télécom (56,4% del Estado) de 9.000 millones de euros para ayudarle a superar la crisis financiera. La autoridad de la competencia de la UE considera que la operación es tan compleja que merece un examen más "exhaustivo", para determinar si se trata de una subvención pública compatible con el Tratado. A la vez se dará la posibilidad a terceras partes a pronunciarse.

Ayer se especulaba en Bruselas con que la decisión podría llegar mañana, coincidiendo con la reunión semanal del Colegio de Comisarios. La primera pista ya la dio el pasado viernes desde Davos (Suiza) el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, quien afirmó que "en los próximos días" se abriría "una investigación formal" contra las ayudas a France Télécom.

Ayer, las citadas fuentes señalaron que ya existe un preacuerdo de todos los gabinetes de los comisarios para abrir formalmente el expediente. El problema es que Francia se resiste en firme a calificar este préstamo en apoyo de su principal operadora de telecomunicaciones como una "ayuda pública" y en base a ello ha evitado notificar hasta la fecha la operación ante Bruselas, para que proceda a su examen.

En París, informa Octavi Martí, subrayan que ese préstamo, anunciado por el nuevo presidente de France Télécom, Thierry Breton, hace casi dos meses como parte del plan para salvar una sociedad con 70.000 millones de deuda, permanece intocado.

Anuncio y confianza

El simple anuncio del préstamo, no obstante, ha servido para atraer la confianza de los inversores y preparar "serenamente su ampliación de capital". Si en septiembre la acción de France Télécom cotizaba a 6,94, su mínimo histórico, hoy se valora en torno a 25 euros. La aceptación es tal que una muy reciente emisión de obligaciones, que tenía como objetivo captar 3.500 millones, tuvo que ser ampliada a 5.500 millones.

Desde que Breton hizo público su plan -que también incluye una reducción de las inversiones y una lenta reducción de plantilla-, France Télécom ha obtenido del mercado 8.800 millones de euros, es decir, casi la cuantía del préstamo que cuestiona Bruselas, a un tipo de interés que se desconoce.

Sin embargo, el equipo que dirige Mario Monti sostiene que aún existen dudas ante la complejidad de la operación, por lo que prefiere lanzar un examen más profundo para conocer los entresijos del megapréstamo y poder determinar si se trata o no de una ayuda de Estado compatible con las reglas de la competencia. "Necesitamos algunas aclaraciones de las autoridades francesas para determinar si este régimen constituye o no una ventaja competitiva frente a sus competidores", indicaron.

El planteamiento del Gobierno francés, con un organismo público encargado de gestionar el préstamo de ayuda a France Télécom, tiene una cierta similitud, no obstante, con la ayuda de 37.594 millones de euros que el Ejecutivo británico concedió el año pasado a la empresa pública Network Rail para la gestión de la maltrecha infraestructura ferroviaria tras su privatización. La ayuda, la más cuantiosa de las examinadas por Bruselas, fue autorizada en julio.

Ayuda a MobilCom

La Comisión Europea aprobó además el pasado 21 de enero una ayuda de 50 millones de euros del Gobierno alemán acordada con la operadora MobilCom, bajo la forma de préstamo estatal, para mantener su actividad tras la retirada de France Télécom de su capital. Pero queda pendiente otra posterior de 112 millones sobre la que Berlín no ha dado explicaciones concretas.

La investigación del préstamo a France Télécom puede durar más de un año. El hecho de que se formalice el expediente no implica que la ayuda sea ilegal y permitirá además a terceras partes afectadas pronunciarse sobre la supuesta ayuda. Y es que la grave crisis por la que atraviesa el sector de las telecomunicaciones europeo está provocando un auténtico quebradero de cabeza entre los dirigentes europeos.

De momento, los ministros de Telecomunicaciones de la UE, como dejaron claro el pasado 5 de diciembre, se muestran contrarios a que se haga frente a los problemas financieros de las operadoras con inyecciones de capital público.