Argentina evita otra suspensión de pagos

En su reunión de París del pasado 15 de diciembre, el Grupo de los siete países más ricos del mundo (G-7) conminó a los gerentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) a que ayudasen con carácter urgente a Argentina y evitasen una nueva suspensión de pagos de su deuda. Los gerentes del organismo multilateral, su presidente, el alemán Horst Köhler, y sobre todo su vicepresidenta, la estadounidense Anne Krueger, fruncieron el ceño. Para su ortodoxia, Argentina no había hecho ninguna de las reformas estructurales pendientes que permitiese legitimar las nuevas ayudas. El problema principal del FMI es precisamente legitimar su acción, tan deteriorada durante los últimos tiempos, y especialmente en Argentina.

La última vez que el FMI acudió en auxilio de ese país fue en agosto de 2001; en diciembre de este mismo año, ya en plena debacle -con el corralito funcionando y a punto de suspender pagos y acabar con la paridad uno a uno entre el peso y el dólar-, el FMI no quiso saber nada. Como si lo ocurrido no tuviese que ver en parte con las recetas que aconsejó y que hicieron de Argentina uno de sus países favoritos.

Ahora, el FMI ha llegado a un acuerdo de transición por el que Argentina consigue retrasar pagos pendientes hasta el próximo mes de agosto por valor de más de 6.700 millones de dólares. No entra dinero fresco, pero se evita esa acción de defaultear, el horrible término que se ha instalado en los medios de comunicación para describir la suspensión de pagos de su deuda. ¿Por qué ha existido esa presión política del G-7 para que el FMI suelte amarras financieras? En primer lugar, por lo que los analistas más rigurosos han denominado "el chantaje argentino": el Gobierno de Duhalde defendió que si no había acuerdo con el FMI no pagaría las deudas pendientes al propio Fondo, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con lo que se produciría una nueva suspensión de pagos que pondría en serios aprietos a estas organizaciones multilaterales, que bajarían su calificación crediticia.

Duhalde y Lavagna, el ministro de Economía, tenían tres opciones: intentar el acuerdo con el FMI sin sacrificar las reservas de divisas del Banco Central en pagar las deudas pendientes; evitar la suspensión de pagos sacrificando parte de esas reservas; o caer en la suspensión de pagos con los organismos multilaterales y preservar las reservas.

La primera opción es la que ha prevalecido. Los críticos de la misma lo son porque creen que puede crear un precedente en otros países prestatarios; porque a cambio del acuerdo con el Fondo, Argentina no ha presentado (ni ahora, ni durante el último año) un plan económico creíble; y porque entienden que el próximo presidente de la República (que saldrá de las urnas el 23 de abril), con un acuerdo de este tipo y unas reservas superiores a los 10.000 dólares, puede retrasar una vez más las reformas más dolorosas y hacer una política económica populista en los primeros meses de su mandato, que luego tendría una imposible marcha atrás.

La incomodidad de los gestores del FMI es evidente. De diciembre a estos días ha habido tres rondas de negociación, las dos primeras de las cuales fracasaron al intentar al menos introducir nuevas condiciones en el acuerdo. Ambas partes se acusaron de "chantaje": el Fondo al equipo de Lavagna por meter presión con la suspensión de pagos; Argentina al FMI por no comprender una situación social desesperada y pretender incorporar otros puntos -como por ejemplo, la elevación de los tipos de interés-, que frenarían definitivamente cualquier intento de recuperación económica.

Los partidarios del acuerdo admiten que Duhalde dejará la Casa Rosada sin haber presentado un programa económico coherente para el futuro. Pero en su haber anotan haber evitado la hiperinflación, estabilizar la moneda, recortar el gasto público y dejar el presupuesto con superávit primario (antes de incluir el pago de intereses). Además, parte de los depósitos parecen estar volviendo al sector bancario. ¿Es poco o mucho?