El PP suelta lastre

La crisis del Prestige ha hecho emerger rivalidades y conflictos de poder que permanecían soterrados en el PP de Galicia. La primera víctima ha sido el eterno número dos de Fraga y su sucesor in péctore (sobre todo a sus propios ojos), Xosé Cuiña, consejero de Política Territorial y Obras Públicas desde 1990. Está por ver si esa salida, inspirada por Génova (la sede central del PP), amansará o revolverá aún más las aguas internas. Ello depende en parte del alcance de los cambios que Fraga introduzca este fin de semana en la composición de su Gobierno.

La eficacia del populismo ligeramente galleguista y fuertemente clientelar desplegado por el PP en el mundo rural ha permitido a ese partido conservar su hegemonía en Galicia, pese a la erosión del voto joven y ciudadano manifestada desde hace dos legislaturas. El hombre clave de esa política ha sido el consejero Cuiña, que también fue secretario general del partido hasta 1999. Sin embargo, hace tiempo que en Génova se veía con desconfianza la tendencia de Cuiña a ir a su aire, y de tenerlo a gala. Al fundador del partido podía permitírselo, pero no a su número dos.

La descoordinación entre la Administración gallega y la central, puesta de manifiesto durante los primeros días de la crisis del Prestige, anticipó la ruptura. Cuiña, que se sentía sucesor y no quería quedar marcado por el problema, llegó a defender la participación del PP en la primera manifestación de Nunca Máis y convenció a Fraga de que aceptase la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego. La desautorización de tales iniciativas -en el segundo caso, impidiendo comparecencias comprometedoras para el Gobierno de Aznar- fue un anticipo de lo que se preparaba: la negativa de Fraga a confirmar, el pasado lunes, la continuidad de Cuiña en un Gobierno cuya remodelación había anunciado, y el comentario de Pío García Escudero, secretario de organización, desmintiendo que nadie hubiera pensado en Cuiña como sucesor de Fraga.

Faltaba el pretexto. El PP cazó al vuelo la noticia de que empresas participadas por la familia del consejero habían vendido material anticontaminación a la compañía pública encargada de la limpieza de las playas. Era un asunto llamativo, aunque económicamente menor -40.000 euros- que otros casos ya denunciados en los que empresas del grupo familiar de Cuiña habían vendido materiales a constructoras contratadas por la Administración. Algo insólito, incluso en Galicia, teniendo en cuenta que se trataba del consejero de Obras Públicas precisamente. La noticia fue interpretada en Génova como una amenaza en plena campaña por librarse del estigma del Prestige. El resultado ha sido la decisión de soltar lastre.