Castigo a los más pobres de América

Las condiciones sociales y sanitarias de Haití son cada vez más desesperantes. En la zona rural, donde viven las dos terceras partes de sus ocho millones de habitantes, la falta de recursos y de personal médico-sanitario, junto con una creciente carga de enfermedad, se han añadido a una larga historia de dificultades agravadas por la comunidad internacional. Las causas del empeoramiento actual son múltiples, pero la conexión entre el sufrimiento innecesario y el embargo de la ayuda humanitaria de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA) es innegable.

Durante los últimos dos años, en nuestro hospital de 80 camas, situado en el interior rural de Haití, hemos constatado un gran declive en la infraestructura sanitaria y en el estado de salud de las poblaciones que rodean el hospital. Con un personal haitiano de 10 médicos, 12 enfermeras y unos 500 trabajadores de salud comunitaria, nuestra organización, Zanmi Lasante, [ONG norteamericana financiada con fondos privados] opera uno de los mayores hospitales de caridad de Haití, gracias, en gran parte, a las donaciones de distintas personas y fundaciones. Desde hace un año, nuestros servicios de medicina general ambulatoria han tenido una demanda asombrosa: de 35.000 pacientes al año que solíamos atender hemos pasado a recibir 200.000 en 2002.

La población infantil sigue muriendo innecesariamente por diarrea e infecciones del aparato respiratorio, agravadas por la falta de agua potable

Francia y EE UU, los países que más han contribuido históricamente al empobrecimiento de Haití, parecen desinteresados en restituir el derecho a la vida

La OEA ha explicado que el Gobierno de Haití está dando los pasos necesarios para fomentar la democracia, e insta a normalizar la cooperación económica

El embargo actual está penalizando a un pueblo que eligió a su presidente por las urnas. La situación contraviene los pactos suscritos por la UE y EE UU

Pobreza absoluta

Mientras tanto, en los hospitales más cercanos ha sucedido lo contrario. Aunque algunos continúan abiertos, venden o recetan los medicamentos a precios exorbitantes para la población rural, de la cual más del 80% vive en la más absoluta pobreza. Los traumatismos por accidentes de tráfico han aumentado, en parte por falta de recursos para mantener la red de carreteras. Pero son las enfermedades infecciosas las causantes del mayor número de muertes y del recorte de la esperanza de vida, y la falta de recursos para prevenirlas y tratarlas ha agravado la crisis. La malaria y la anemia que produce siguen matando de forma innecesaria. La polio, que se creía erradicada de América, ha vuelto a surgir en la isla por deterioros en el suministro de vacunas. La población infantil sigue muriendo innecesariamente por diarrea e infecciones del aparato respiratorio, agravadas por la falta de agua potable. Hemos registrado brotes de carbunco, meningitis y tuberculosis multidrogo-resistente. El VIH/sida, con la prevalencia más alta fuera del África subsahariana, sigue progresando y arrasando Haití, y ha reducido la esperanza de vida en cinco años, tanto en mujeres como en varones, y ronda ahora los 50 años. El nivel al que se transmiten estos patógenos estará en parte determinado por la capacidad del sistema de salud pública para hacerles frente.

¿Cuál el es vínculo entre el deterioro de la salud del pueblo haitiano y las acciones de la comunidad internacional? La retención de más de 800 millones de dólares en ayudas y préstamos para mejorar la salud, la educación, la calidad del agua, y otros proyectos humanitarios y de desarrollo, son parte de la respuesta.

En diciembre de 1990, el pueblo haitiano eligió por primera vez a un presidente por la vía democrática. Pero un golpe de Estado violento, nueve meses después, destituyó a Jean-Bertrand Aristide. Con el fin de tratar de restaurar su presidencia, las Naciones Unidas impusieron un embargo comercial, hasta que en 1994 Aristide regresó a su cargo y a un país devastado que había perdido un 25% de su actividad económica. Varios organismos internacionales y agencias bilaterales prometieron una ayuda de 800 millones de dólares para el desarrollo del país, de los cuales la Unión Europea se comprometió a desembolsar más de 300 millones de euros. Este gran flujo de ayuda hubiera contribuido a resucitar al país más pobre de toda América si el caudal no se hubiera quedado retenido antes de llegar a su destino.

El embargo de asistencia humanitaria y ayuda al desarrollo continúa siendo una gran carga para Haití. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que depende de la OEA, aprobó una serie de préstamos, ratificados por el Parlamento de Haití, de un total de 146 millones de dólares para mejorar los sistemas de salud, de educación, de agua potable y de carreteras. El BID presupuestó más de 300 millones de dólares adicionales, que están pendientes de atribución. Pero Estados Unidos bloqueó la ayuda en respuesta a supuestas irregularidades en las urnas durante las elecciones legislativas y municipales de Haití en mayo de 2000, durante el Gobierno democrático de Préval, y en las que se mostró una elevadísima participación electoral. Las acusaciones, apoyadas por la Unión Europea, se referían a la elección de ocho senadores, que tomaron el cargo por mayoría absoluta, pero sin pasar a la segunda vuelta.

Veto de EE UU

Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2000, que dieron la gran mayoría a Aristide por segunda vez, y cuando los préstamos tenían que haberse desbloqueado, el Gobierno de Estados Unidos utilizó su poder de veto en el BID para continuar el embargo de la ayuda, aduciendo que Haití todavía no había demostrado su compromiso con la democracia. Para entonces, uno de los ocho senadores había sido reelegido. Europa se unió a las protestas estadounidenses y el 29 de enero de 2001, unos días antes de la toma de posesión de Aristide, el Consejo de la Unión Europea decidió concluir la ayuda al Gobierno de Haití. En vista de estas presiones, los otros siete senadores renunciaron a su cargo en julio de 2001. Pero esto no bastó a la Unión Europea, que en enero de 2002, bajo la presidencia española, decidió renovar la suspensión de la ayuda, que consistía en una suma anual de 30 millones para el sector de la salud y la educación, además de 300 millones que se habían presupuestado para infraestructura y educación. Con esa cantidad se hubiera podido mejorar la red de hospitales y centros de salud y evitar una parte de las muertes que han ocurrido desde entonces. No cabe duda de que la retención de esa ayuda está contribuyendo a la agravación de la agonía del pueblo haitiano. Incluso el Consejo Permanente de la OEA, en una resolución del 4 de septiembre de 2002, explica que el Gobierno de Haití está tomando los pasos necesarios para fomentar la democracia, e insta a las instituciones financieras internacionales (BID, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) a normalizar la cooperación económica. Pero la ayuda todavía no se ha desembolsado por desacuerdos en el pago de atrasos.

El interés creciente de la comunidad internacional por velar por la democracia en Haití es laudable, sobre todo si tenemos en cuenta las tomas de posición durante las décadas anteriores. En 1957, François Duvalier, Papa Doc, se hizo con el poder e instauró una dictadura sangrienta que perpetuó su hijo Jean Claude, quien enmendó la Constitución para autodenominarse presidente vitalicio con el beneplácito de Estados Unidos, hasta su huida, en 1986, a bordo de un avión estadounidense. Durante los 30 años de dictadura, la ayuda internacional había fluido de forma constante, así como durante las juntas militares que gobernaron el país hasta 1990. En esa época de guerra fría, la salvaguardia de los derechos políticos y civiles de la ciudadanía latinoamericana no sólo no era una prioridad, sino que era una amenaza para la defensa del capitalismo abanderada por Estados Unidos.

Haití quiere y necesita ayuda para reforzar sus instituciones públicas. ¿Por qué la presión para mejorar un tipo de instituciones tiene que perjudicar la construcción de otras? ¿Por qué la promoción de los derechos políticos y civiles tiene que realizarse a expensas de los derechos económicos y sociales, sobre todo cuando consideramos que son indisolubles de los anteriores, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de múltiples pactos y convenios ratificados por la Unión Europea y sus Estados miembros? Sólo el Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico y la Comunidad del Caribe han solicitado formalmente la reposición de la tan necesitada ayuda para Haití. Por el contrario, España, Francia y Estados Unidos, los países que más han contribuido históricamente al empobrecimiento de Haití, parecen desinteresados en contribuir a la restitución del derecho a la vida y de otros derechos fundamentales.

Una historia trágica

La sequía de derechos sociales y económicos ha marcado por siglos la historia de Haití, mucho antes de que estos derechos se conceptualizaran en tratados internacionales. En diciembre de 1492, Cristóbal Colón escogió una bahía caribeña de la parte norteña de una isla, La Española, a quienes sus habitantes llamaban Ayiti. Estos indígenas arawak no sobrevivieron mucho tiempo a una mezcla mortal de enfermedades infecciosas importadas, esclavitud y puro exterminio. A finales del siglo XV se estimaban en ocho millones, pero en 1510 sólo quedaban 50.000 en toda la isla. Menos de 30 años después, la población indígena se contaba por centenares, y el cronista francés Moreau de Saint-Méry apuntaría después que "no quedaba ni un solo indio cuando los franceses vinieron a arrebatar la isla a los españoles" a finales del siglo XVII. Para paliar la desaparición de la población local y poder abastecer con mano de obra barata los trapiches e ingenios de azúcar y otras tareas agrícolas, la corona española había iniciado en 1501 el tráfico transatlántico de esclavos africanos.

El noroeste de la isla se fue convirtiendo en un lugar marginado frecuentado por piratas, muchos de ellos franceses, y a partir de ahí se fueron extendiendo y estableciéndose hasta el sur. En 1697, por el Tratado de Ryswick, España cedió a Francia el tercio occidental de La Española, a quienes los franceses llamaron Saint-Domingue. El siglo XVIII fue una máquina infernal de la esclavitud azucarera para esta parte de la isla, que llegó a retener a casi la mitad de los esclavos de todo el Caribe. A finales de ese siglo, el mismo cronista francés escribió: "De todas las posesiones francesas del Nuevo Mundo, la parte francesa de la isla de Santo Domingo es la más significativa en términos de la riqueza que procura para su metrópoli y en términos de su influencia en la agricultura y el comercio". La confusión que creó la distante Revolución Francesa, de 1789, fomentó una mayor desigualdad entre los 60.000 blancos y mulatos hacia el casi medio millón de esclavos, y fue la chispa que hizo estallar dos años más tarde la Revolución Haitiana, y, más tarde, la independencia del Gobierno francés, en manos de Napoleón.

El 1 de enero de 1804 se constituyó la República de Haití, primera nación independiente de toda América Latina. Pero los haitianos nunca superaron las heridas del colonialismo, del racismo y de la desigualdad. El nacimiento de Haití fue una pesadilla para todos los países de alrededor, donde subsistía la esclavitud. La joven república incluso ayudó a Simón Bolívar en su lucha por la independencia de las colonias españolas, a condición de que liberara al mismo tiempo a los esclavos, lo cual no sucedió a pesar de la proclamación de emancipación que el Libertador anunció desde Haití. En los años posteriores a la independencia haitiana, Estados Unidos y las potencias aliadas de Europa ayudaron a Francia a orquestar una cuarentena diplomática de la República Negra, como la denominaron los dirigentes de la isla. Incluso Estados Unidos, tras presionar a los nuevos países independientes de Latinoamérica, consiguió boicotear la participación de Haití en el Congreso de Panamá, en el año 1826, convocado por Bolívar, y que asentó las raíces para la creación de la Organización de Estados Americanos. Fue sin duda un precedente histórico de la situación actual de negligencia táctica hacia Haití y de la intromisión de Estados Unidos en asuntos latinoamericanos.

La necesidad de ver reconocida su independencia había llevado en 1825 al Gobierno haitiano a aceptar pagar a la reestablecida corona francesa 150 millones de francos y reducir a la mitad las tarifas aduaneras para el comercio francés como indemnización por las pérdidas ocasionadas a los colonos. Estas condiciones desembocaron en décadas de dominio francés sobre las finanzas haitianas y en el preludio de la dependencia económica de Estados Unidos, que se convirtió en el mayor socio comercial incluso antes de reconocer a la República de Haití en 1862. En las décadas que siguieron, los Gobiernos británicos, alemanes y estadounidenses intervinieron directamente en la política haitiana para proteger intereses comerciales. En 1915, los Marines de Estados Unidos invadieron Haití, donde se quedaron hasta 1934. Durante esta ocupación, las condiciones generales del país mejoraron, pero otras se complicaron: la Administración estadounidense introdujo políticas segregacionistas, se desinteresó por el desarrollo de instituciones democráticas, retrazó la frontera con la República Dominicana (lo cual ocasionó masacres ideadas por el general Trujillo) y tejió una todavía mayor dependencia financiera agravada por otra deuda, esta vez de 40 millones de dólares, que el Gobierno haitiano empezó a arrastrar en 1922. Fue el declive que creó esa situación durante los siguientes años el trampolín que utilizó Duvalier para hacerse con el poder.

Esperanza de vida

¿Puede atribuirse el recorte de la esperanza de vida al embargo después de tantos siglos de tragedias? Es difícil encontrar una respuesta exacta, con causas epidemiológicas precisas, pero es evidente que la restauración de la ayuda humanitaria podría tener un impacto inmediato y saludable si se canalizara a través de instituciones con alcance nacional. En los 20 años que Zanmi Lasante lleva trabajando en Haití, hemos observado la llegada constante y generosa de ayuda extranjera al Gobierno durante el duvalierismo y las juntas que le siguieron. El embargo actual, sin embargo, está penalizando a un pueblo que eligió a su presidente por las urnas. La situación contraviene tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Acuerdo de Cotonou, ambos suscritos por la Unión Europea y por sus Estados miembros. Las políticas que se articulan son injustas y muy dañinas para la población haitiana, sobre todo para quienes viven en la más absoluta miseria. Esperamos que la Unión Europea reconsidere su posición actual y renueve la ayuda humanitaria a Haití.

Paul Farmer es director médico de Zanmi Lasante-Partners in Health y catedrático de Antropología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Arachu Castro forma parte del equipo de investigación de Zanmi Lasante-Partners in Health y es profesora de Antropología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.