La huelga venezolana se extiende a la banca y amenaza con colapsar el sistema financiero

La Federación de Trabajadores Bancarios de Venezuela (Fetrabanca) asestó ayer un duro golpe al Gobierno al sumarse a la huelga general contra la presidencia de Hugo Chávez. El sindicato tratará de paralizar durante 48 horas las actividades de la banca comercial controlada por sus agremiados. El previsible bloqueo de actividades en parte de los 38 bancos nacionales, excepto aquellas relacionadas con el pago a médicos, clínicas y farmacias, distorsionará a partir de hoy el sistema financiero. Temiendo quedarse sin blanca, los venezolanos se agolpaban ayer frente a las instituciones de crédito.

El paro, que afecta también a los cajeros automáticos, intensifica la presión política sobre Chávez y podrá prorrogarse, con carácter indefinido, si no consigue los objetivos compartidos con la coalición antigubernamental: la renuncia del presidente o un adelanto de las elecciones generales.

La Asociación Bancaria y el Consejo Bancario, que agrupan a los propietarios o accionistas de los bancos privados, entre ellos los gestionados por los españoles BBVA y SCH, habían evitado, hasta ahora, involucrarse plenamente en la embestida contra el gobernante porque, entre otros factores, el Gobierno es su principal cliente. El pasado 9 de diciembre aceptaron únicamente restringir la atención al público, de nueve de la mañana al mediodía. Chávez se reunió con ellos la noche del martes en el Palacio de Miraflores para informarles sobre las consecuencias de un eventual apoyo a la detención de pagos aprobada por los trabajadores de Fetrabanca y grupos asociados.

"Con el consentimiento o no de los dueños, iremos al paro", reiteró José Elías Torres, presidente de Fetrabanca. Esta central, que dice representar a 35.000 de los cerca de 70.000 empleados del sector, forma parte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La CTV -principal central del país, con un millón de trabajadores-, la cúpula empresarial Fedecámaras y los partidos y organizaciones sociales de la Coordinadora Democrática promueven una huelga que ayer entró en su día 38 e inmovilizó la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que funciona bajo mínimos. "No paramos por un aumento salarial, sino por una salida democrática electoral", manifestaron delegados sindicales de cerca de 20 bancos o cajas que ayer tomaron la palabra en la asamblea de Caracas. "¡Fuera el tirano de Miraflores!", arengó uno.

Aníbal Galíndez, dirigente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, negó la representatividad de Fetrabanca y dijo que otros sindicatos son más representativos. Según Galíndez, sólo 30% de los empleados de banca están afiliados.

Los titulares de los bancos reciben fuego cruzado porque las autoridades bancarias les instan a reabrir las puertas sin horario restringido y la oposición a cerrarlas completamente. El Consejo Bancario acordó permanecer agazapado, esto es, impugnar la resolución emitida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) y publicada en Gaceta Oficial el pasado viernes, que obliga a los bancos a laborar normalmente. El artículo 414 de la Ley General de Bancos establece que las instituciones financieras serán sancionadas con una multa que oscila entre el 0,5% y el 1% de su capital pagado "cuando cesen o suspendan sin previa notificación alguno de los servicios ofrecidos al público".

"Han tomado una decisión que la inmensa mayoría de la sociedad esperaba de ustedes. Les reconocemos que no es una tarea fácil", declaró el presidente de la CTV, Carlos Ortega, uno de los portavoces de la huelga, presente en la asamblea bancaria. "No sólo para ustedes y sus afiliados, sino para los propios patronos de este importante factor de la economía venezolana", agregó.

La protesta contra Chávez colapsó el estratégico sector petrolero y ha obligado a la importación de gasolina para abastecer el mercado interno. Las filas de automóviles en las estaciones de servicio han disminuido en los últimos días, pero un buen número de las situadas en el este de la capital, bastión de la oposición, permanece cerrado. Los grandes centros comerciales, empresas y franquicias siguen cerrados. Los 24 millones de venezolanos disponen de comida, pero escasean de productos básicos de la dieta nacional, como la harina de maíz, y dos artículos de primera necesidad en esa tórrida nación: los refrescos y las cervezas.

El presidente no descartó decretar el estado de emergencia económica para contrarrestar la desobediencia impositiva y pérdidas calculadas en 5.000 millones de dólares por el economista Francisco Caraco. Las reservas monetarias de Venezuela se sitúan en torno a los 12.000 millones de dólares. "Estoy preparado para lo peor", declaró el gobernante, bajo un asedio sin precedentes desde su rotundo triunfo en las generales del 6 de diciembre de 1998.