"Si la empresa se hunde, será una catástrofe nacional"

El presidente del monopolio público Petróleos de Venezuela (PDVSA), Alí Rodríguez, de 64 años, advierte de que si la empresa colapsa como consecuencia de la huelga contra la presidencia de Hugo Chávez, la negociación política con la oposición será imposible. "En ese caso, no se puede dar ningún tipo de negociación. Se llegaría a un colapso del país y a una catástrofe nacional. No quiero ni imaginar ese escenario".

En una entrevista con este periódico, el ex presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cita los esfuerzos en curso para evitar que eso ocurra. "No lo van a lograr. Hay signos que así lo indican".

El presidente de la segunda petrolera del mundo, quinta exportadora mundial, con 40.000 trabajadores en plantilla, flotas propias y una filial, CITGO, en Estados Unidos, tiene en sus manos buena parte del destino inmediato de Venezuela. "Esto tiene que comenzar a ceder", dice. Si logra resucitar la gigantesca empresa, valorada en más de 130.000 millones de dólares, la oposición pierde su principal baza negociadora; si no lo consigue, el Gobierno afronta un dilema: aguantar el colapso nacional o ceder en las exigencias de oposición, que pide la renuncia de Chávez y elecciones anticipadas.

"El paro lo siguen ejecutivos con posiciones clave en una industria tecnificada"

"Estamos produciendo menos de un millón de barriles diarios, una caída récord"

"Los gerentes y ejecutivos venían preparando el golpe desde hace meses", agrega Rodríguez. "Sabotearon dos pisos (de oficinas) donde funciona refinación, comercio y suministro y transporte. Estaban bien coordinados y por eso han tenido el éxito relativo".

La economía nacional depende, en mayor o menor medida, de PDVSA, que significa el 29% del PIB, más del 50% de los ingresos fiscales y cerca del 80% de las divisas, y produce aproximadamente tres millones de barriles diarios. Estados Unidos compra a Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, cerca del 13% de sus importaciones.

El Gobierno venezolano invocó "fuerza mayor" ante los incumplimientos de contrato, y cerca de 40 buques permanecen anclados en las costas venezolanas a la espera de instrucciones. Durante el pasado año, el 54% de las exportaciones se dirigieron hacia Estados Unidos y Canadá, el 35% a América Latina, y el 11% a Europa y otras regiones. "El daño que se ha hecho a la industria petrolera y a la economía nacional es importante", señala el presidente de PVDSA.

Pregunta. La oposición afirma que paralizó cerca del 90% de la empresa.

Respuesta. En absoluto es el 90% porque entonces estaríamos en una situación supercrítica. Si se produjera, no habría gasolina para transportar alimentos, escolares, ni enfermos a los hospitales: un desastre.

P. ¿Cuánto se ha dejado de producir?

R. Estamos produciendo menos de un millón de barriles diarios (contra cerca de tres millones en situación normal). Eso para Venezuela es una caída récord.

P. ¿Cuál es la prioridad en este momento?

R. La primera, mantener el abastecimiento para que funcionen las actividades económicas del país.

P. ¿Es posible recuperar la normalidad?

R. Hemos logrado resolver el problema de la gasolina y estamos tratando de normalizar los muelles y recuperar las refinerías paralizadas. Podemos conseguirlo.

P. ¿Y si la huelga se prolonga?

R. Pues podría ser necesario establecer cierto racionamiento. Pero esto tiene que comenzar a ceder. Ya las autoridades han tomado acción en el caso de los transportes. (Ocupación del petrolero Pilín León).

P. La flota mercante está casi paralizada.

R. Esperamos que salga un buque de Maracaibo con medio millón de barriles.

P. Se observan muchas lanchas hostigando a los petroleros.

R. Los capitanes tiene que tener mucho cuidado para no provocar accidentes. Esta gente es muy irresponsable. Yo pienso que buscan víctimas para apelar a los derechos humanos y esas cosas.

P. ¿Cuáles serían los efectos de un descalabro?

R. Múltiples dada la gran dependencia que tiene el país de la actividad petrolera.

P. ¿Por ejemplo?

R. Los financistas internacionales pueden invocar plazo vencido y exigir el pago de 6.000 millones de dólares que no podría pagar la industria en este momento. También se está afectando la capacidad de pago a los contratistas venezolanos, a los empleados y al Estado.

P. En el caso de un eventual colapso, la oposición dispondría una baza importante para forzar la renuncia del presidente Chávez.

R. No habría negociación en ese caso. Podemos imaginar las consecuencias en el plano social y político. Es un escenario que nosotros nos negamos a contemplar.

P. ¿Cómo ha sido posible este paro generalizado?

R. Es fruto de ejecutivos que ocupaba posiciones claves una industria de muy alta tecnificación.

P. La mayoría de los trabajadores está parada. ¿Es así?

R. El paro es de ejecutivos. Al retirarse ellos, mandar a la gente para su casa, meter miedo y dar la sensación de que el Gobierno va a caer, pues alguna gente se retrae por temor a las represalias. Pero la gente se va convenciendo de que tumbar a un Gobierno no es tan sencillo.

P. ¿Va a aceptar la ayuda material y humana ofrecida por la OPEP?

R. Por supuesto, si es necesario.

P. ¿Han recibido de Estados Unidos alguna observación?

R. La preocupación es natural porque Venezuela es su proveedor y, además, se habían normalizado mucho las relaciones. Hay que continuar en esa dirección.

P. Cayeron las exportaciones.

R. Sí claro, pero las estamos recuperando. Han salido cuatro millones de barriles de los puertos de oriente y de occidente gracias a los esfuerzos que se han hecho para drenar inventarios, que están muy altos.

P. Se dice que va a haber despidos masivos en PDVSA.

R. No es así, pero alguien tendrá que pagar las consecuencias. No habrá represalias generalizadas. Nunca lo hemos hecho.

P. Usted habló de un "golpe energético" contra el presidente.

R. Contra el presidente y contra la OPEP. Es la misma gente que intentó el golpe el abril de este mismo año. Ya sabemos quiénes son los voceros, como el caso de Luis Giusti (ex presidente de PDVSA durante el segundo gobierno del democristiano Rafael Caldera), y un señor aquí, que fue empleado de Giusti, y creo que sigue siéndolo, un tal Toro Hardy (ex director general). Es la misma gente que siempre ha estado por privatizar PDVSA, por llevar la producción a la máxima capacidad, como lo sabe la OPEP. Son bien conocidos.