Comisión de investigación

En el origen del accidente del Prestige no hay responsabilidad alguna que pueda imputársele al Gobierno de la nación. La responsabilidad recae obviamente en los armadores del buque. Pero en el hundimiento del barco, que es lo que ha acabado ocasionando el "mayor desastre ecológico de nuestra historia", en palabras de José María Aznar, no está nada claro que no la haya. El hundimiento del barco se ha producido, pero podía no haberse producido y, en consecuencia, la magnitud de la catástrofe podía haber sido completamente distinta. La catástrofe no tenía por qué ser la que ha sido. Ha llegado a tener la magnitud que tiene porque se han tomado o se han dejado de tomar decisiones políticas, que o no deberían haberse tomado o deberían haberse tomado en el momento oportuno.

El carácter político de las decisiones que se han tomado o que se han dejado de tomar es lo decisivo. Quienes han tomado o han dejado de tomar las decisiones que han acabado conduciendo al hundimiento del barco y a que la catástrofe haya adquirido la magnitud que ha adquirido lo han hecho o han dejado de hacerlo porque podían hacerlo, y podían hacerlo porque eran portadores del poder del Estado.

De esto es de lo que tienen que rendir cuenta. De qué es lo que han hecho con el poder del Estado, del que la sociedad española les ha hecho depositarios, al enfrentarse con el accidente del Prestige. Esto es lo que en un sistema político democrático tiene que hacerse. ¿Se ha hecho uso del poder del Estado de la forma en que razonablemente debe hacerse en un caso como éste o, por el contrario, se ha hecho un uso incorrecto, por acción o por omisión, que ha dado todavía mayor envergadura al problema?

Este interrogante no tiene que ser respondido en los medios de comunicación, aunque obviamente los medios de comunicación tengan mucho que decir. Todo lo que consideren que tienen que decir, sin limitación alguna. Pero ese interrogante tiene que ser respondido institucionalmente, y tiene que serlo por el Congreso de los Diputados, que es el representante del pueblo español, que mediante la investidura del presidente del Gobierno proporcionó al poder ejecutivo la legitimidad democrática que le ha permitido manejar políticamente el accidente del Prestige.

Y para que pueda responderlo, el Congreso tiene que obtener y procesar previamente toda la información sobre lo ocurrido. A esto es a lo que tendría que dedicarse de manera inmediata. Éste es un caso de libro para la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, en la que se remueva Roma con Santiago y se exijan y se den todas las explicaciones que la sociedad española tiene derecho a exigir y a que se le den. No es en los medios de comunicación exclusivamente en los que tenemos que despejar las dudas acerca del comportamiento de los miembros del Gobierno que han tomado o dejado de tomar decisiones en este asunto, sino que es en el Congreso de los Diputados donde esas dudas tienen que despejarse. Éste es, entre otros, el contenido del derecho de participación política por medio de representantes, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución. Tenemos derecho a saber por medio de nuestros representantes, no por los medios de comunicación, que también, sino por medio de nuestros representantes, qué uso se ha hecho del poder del Estado en esta catástrofe y en qué medida el ejercicio o el no ejercicio del poder del Estado ha sido un componente decisivo o no "del mayor desastre ecológico de nuestra historia". Pienso que es en esta dirección en la que tendría que centrarse la iniciativa de los partidos que no están en el Gobierno, más que en solicitar una reunión con el presidente del mismo.