La Junta aprueba el proyecto de Ley de la Flora y Fauna Silvestres que regula la caza

El proyecto de Ley de la Flora y Fauna Silvestres, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno después de una larga gestación (ocho borradores desde 1996), unifica la regulación de la caza y la pesca con las medidas dirigidas a la conservación de la biodiversidad. El texto, que cuenta con el rechazo de la Federación Andaluza de Caza, refuerza las sanciones y la labor inspectora de los agentes de medio ambiente para combatir el uso de venenos y permite la suspensión de la autorización para cazar. El control de los parques zoológicos pasa de Agricultura a Medio Ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente podrá suspender de forma cautelar la caza y cualquier otro aprovechamiento autorizado por la administración en aquellas fincas donde se detecten cebos envenenados que puedan dañar a la fauna silvestre. Ésta es una de las medidas recogidas en el proyecto de Ley de la Flora y la Fauna Silvestres, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, para combatir el uso de venenos, una de las causas de mortandad de especies amenazadas más difíciles de erradicar.

El objetivo de la Junta es implicar también a los propietarios o titulares de aprovechamientos en la lucha contra el uso de venenos, además de reforzar la labor inspectora de los agentes de medio ambiente, que tendrán libertad para acceder a los cotos sin necesidad de avisar con antelación. En el texto, que ahora pasará al Parlamento andaluz para su tramitación, se establece que los titulares de los aprovechamientos serán responsables de los daños causados por ejemplares silvestres que procedan de sus terrenos, además de declarar a los titulares como responsables subsidiarios de los daños causados a especies amenazadas por "cualquier persona cuya actividad previamente haya sido autorizada por dicho titular".

Con la aprobación ayer del proyecto en Consejo de Gobierno se culmina un larguísimo proceso, que comenzó en 1996. En este tiempo se han elaborado hasta ocho borradores diferenciados. El presentado ayer por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, tiene, de entrada, la singularidad de unificar en un sólo texto normativo la protección de la fauna y flora silvestres y la regulación de la caza y la pesca. Esta decisión de la Junta constituye una de las principales quejas de la Federación Andaluza de Caza, que reclama una legislación específica para ordenar su actividad.

En la comunidad, donde hay unos 7.000 cotos de caza, están expedidas 265.000 licencias. La organización, de hecho, anunció hace días que presentará en el Parlamento un texto alternativo al aprobado ayer. "Es una absoluta falta de respeto y consideración a los cazadores incluirlos en el citado anteproyecto de ley por tratarse de un texto con un claro espíritu anticaza", señalaron en un comunicado donde explicaban que estaban dispuestos a poner en marcha una iniciativa popular para llevar a la Cámara.

En la regulación de la actividad cinegética, el proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno contempla la desaparición de los terrenos libres de regulación cinegética y la ampliación de la superficie mínima exigida para vallar un terreno de 500 a 2.000 hectáreas. De los 7.000 cotos andaluces, apenas 160 superan las 500 hectáreas, según cifras de la Consejería de Medio Ambiente.

La iniciativa legal recoge la posibilidad de crear reservas ecológicas para aprovechamientos no cinegéticos, que pueden ser deportivos, científicos o ecoturísticos, y establece con carácter obligatorio la constitución de zonas de reserva dentro de los cotos de caza y pesca.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad hay varias medidas novedosas, como el traspaso del control sobre zoológicos que antes estaba en manos de la Consejería de Agricultura a la de Medio Ambiente o la unificación de los catálogos de flora y fauna amenazadas. La creación del corredor verde del Guadiamar, tras el vertido minero de Aznalcóllar (Sevilla), también tiene su reflejo en el proyecto de Medio Ambiente, que incluye el fomento de la conexión mediante corredores ecológicos de las poblaciones de especies silvestres como una de las medidas dirigidas a la protección de hábitats y animales. De forma general, el texto señala que los cercados que se instalen en el medio natural deberán permitir la libre circulación de la fauna silvestre.

Las sanciones en materia de caza y pesca aumentarán hasta un máximo 60.100 euros, mientras que las relativas a la conservación de especies silvestres se mantienen en los 300.506 euros. También se incluyen sanciones como la suspensión temporal o la inhabilitación de licencias.