Un paso adelante

La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer ha elaborado un riguroso compendio de medidas para atajar el problema prioritario de la violencia doméstica. Tras años de estériles enfrentamientos partidistas, el consenso ha permitido ensamblar las diferentes posiciones de partida en una propuesta de actuación que aborda la cuestión desde sus diferentes vertientes e incluye reformas legislativas de gran calado que permitirán una respuesta más rápida y eficaz ante los malos tratos. La reforma debe concretarse ahora en un proyecto legislativo.

La mayoría de las mujeres asesinadas habían denunciado antes a sus agresores, y es conocido que el mayor riesgo para la víctima se produce cuando decide poner fin a la situación de opresión. El alejamiento inmediato del agresor del domicilio compartido, la retirada del permiso de armas, la citación del denunciado al juzgado para ser examinado por un forense, la posibilidad de medidas cautelares inmediatas, que pueden llegar incluso a la privación de libertad, todo ello contribuirá a garantizar la seguridad de las amenazadas. El hecho de que la propia amenaza pueda ser considerada un delito supone también un importante avance, pues la actual legislación las tipifica como faltas y no permite la prevención necesaria. Más problemático parece tipificar como delito la apología de la violencia doméstica, por la dificultad de encontrarle un encaje adecuado en el ordenamieno jurídico.

Por otra parte, la creación de un observatorio del tratamiento que la publicidad y los medios de comunicación dispensan a los factores culturales que hacen posible la violencia de género puede ser un instrumento útil. En cambio, no es acertada la propuesta de un código ético de obligado cumplimiento que regule ese tratamiento y que afectaría a dos bienes jurídicos tan importantes como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Se puede plantear la conveniencia de un código sobre cualquier fenómeno social relevante, pero es inadmisible su obligado cumplimiento. Una amplia doctrina jurídica avala que las normas reguladoras de contenidos no son compatibles con la libertad de expresión, lo cual no significa que no se pueda intervenir para mejorar el tratamiento informativo sobre la violencia de género. Los medios de comunicación rigurosos son los primeros interesados en colaborar a ese propósito, pero el instrumento más adecuado no son los códigos obligatorios, sino la autorregulación.