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CATÁSTROFE ECOLÓGICA EN GALICIA | Las medidas de la UE
Columna
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Tres semanas que desnudan al Gobierno

Las tres semanas transcurridas desde que el petrolero Prestige cargado con 77. 000 toneladas de fuel sufriese una grave avería en el casco a 28 millas del litoral gallego han mostrado la desnudez del Gobierno de Aznar (acompañado en su inermidad por la Xunta de Fraga) como gestor de un Estado democrático encargado de proteger a los ciudadanos frente a las incertidumbres -utilizando el concepto de Ulrich Beck- de la sociedad del riesgo. La cerrazón defensiva del presidente y de sus ministros ha sido mas propia de un niño temeroso de ver descubiertas y castigadas sus faltas que de un adulto dispuesto a encarar y resolver los problemas; la autocompasiva protesta lanzada por Aznar contra los inexistentes críticos que le acusan supuestamente de ser el responsable del hundimiento del buque roza las fronteras del delirio de persecución. La utilización como eximente de las adversas condiciones climatológicas que posibilitaron primero el naufragio del petrolero y dificultaron después las tareas para evitar sus desastrosos efectos sobre las costas gallegas es otra muestra de inmadurez. Dada la fiebre monárquico-conmemorativa del Gobierno del PP, falta todavía un guiño cómplice a Felipe II, cuya escuadra para invadir Inglaterra fue derrotada sólo por los elementos; nadie puede reprochar ni al Rey Prudente ni a Aznar la falta de poderes taumatúrgicos capaces de calmar las aguas del Océano.

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La catástrofe del Prestige aflora también la incapacidad del PP para entender los papeles que les corresponden al Gobierno y a la oposición en un sistema democrático. De un lado, Aznar y sus ministros presentan de forma propagandística las ayudas del Estado a los damnificados por la marea negra, no como tarea de unos administradores temporales de recursos presupuestarios allegados por los contribuyentes, sino como merced de unos sultanes de cuento oriental dispuestos a aliviar las desgracias de los súbditos con su munificencia. De otro lado, la descompuesta irritación de los ministros y dirigentes populares siempre que la oposición pretende cumplir sus deberes parlamentarios de control del Ejecutivo denuncia igualmente su preocupante carencia de sensibilidad democrática.

El PP sostiene la paranoica doctrina de que las iniciativas de la oposición para investigar el naufragio del Prestige no son el legítimo ejercicio de sus derechos de vigilancia sobre el Ejecutivo sino el producto subalterno de los instintos "carroñeros" de los socialistas (según el portavoz Luis de Grandes) o de su avieso propósito de utilizar las "desgracias ajenas" sólo para "desgastar al Gobierno" (tesis del ministro-secretario general del PP, Javier Arenas). El origen de esa maliciosa sospecha tal vez sea que los populares están proyectando sobre el presente las motivaciones de su estrategia desestabilizadora contra Felipe González entre 1993 y 1996. El combativo Cascos, tras representar el papel de ministro invitado a una cacería del marqués de Leguineche mientras la marea negra alcanzaba el litoral gallego, no ha encontrado mejor forma de justificar su deserción de fin de semana que el lanzamiento de una rociada infantil de insultos (al estilo del caca, pedo, culo, pis tradicional) contra la cadena SER -descubridora de sus novillos cinegéticos- y la etapa de gobierno socialista.

Aznar acusa a Zapatero de haber viajado a Galicia para "mercadear" con el dolor de las víctimas; la visita del Rey a la Costa de la Muerte y la gigantesca manifestación del domingo en Santiago han arrebatado al Gobierno la pretensión de monopolizar los sentimientos de solidaridad con los damnificados. El contradictorio programa del PP, que reclama la gestión en solitario de la catástrofe y a la vez se niega a rendir cuentas de sus actuaciones, desemboca en la grotesca exigencia de que se le demuestre el carácter erróneo de las decisiones adoptadas sobre el Prestige y la existencia de una alternativa mejor: la oposición, sin embargo, no tiene la obligación de imaginar escenarios contrafactuales sino el derecho a controlar al Gobierno.

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