Obispos contra ETA

Nadie podría hoy acusar a Pío XI de intrusismo político por haber condenado en 1937 los principios con que se justificaba el nazismo. La instrucción pastoral aprobada el viernes por la Conferencia Episcopal española contiene sin duda consideraciones políticas, discutibles por definición, pero está orientada por un criterio moral y sustentada en una sólida argumentación. Seguramente han sido los reiterados pronunciamientos políticos de los obispos vascos los que han aconsejado a la Conferencia ir más allá de lo obvio, la condena del terrorismo, para entrar en terrenos políticos a fin de evitar acusaciones de otorgar callando ante un tema sobre el que, afirman, "no se puede ser neutral".

Se trata de una instrucción pastoral y no de una declaración doctrinal, que habría requerido la unanimidad. La ha habido respecto a cuatro de las cinco partes del documento, pero no sobre la que se refiere al "nacionalismo totalitario" como "matriz del terrorismo de ETA". Es en ella donde figuran las afirmaciones más polémicas, en relación sobre todo a la autodeterminación, por una parte, y a la Constitución, por otra. Que sean polémicas no significa que no estén cargadas de razones, y, en todo caso, resulta incongruente que se irriten ante ellas quienes consideraron principos éticos indiscutibles las razones nacionalistas contenidas en la pastoral de los obispos vascos de junio pasado contra la ilegalización de Batasuna.

La ambigüedad de aquel texto y otros anteriores no se refería a la condena de ETA, que era explícita, sino a la actitud ante la legalidad democrática, que se relativizaba desde la teoría de que existe un déficit de legitimidad en el sistema democrático español que sólo se superaría mediante la apertura de un proceso constituyente vasco. La Conferencia contrapone a esa teoría la afirmación de que la Constitución actual, sin ser perfecta, es el "marco jurídico ineludible" de referencia para la convivencia. El independentismo puede ser una opción legítima, pero no siempre lo es; la pretensión secesionista unilateral que prescinde de los intereses del conjunto y de valores como la convivencia y el pluralismo es condenable.

Se trata, por tanto, de una refutación, en estilo eclesial, pero en términos muy claros, de la lógica subyacente a muchos pronunciamientos de la jerarquía vasca. En un libro publicado a mediados de los noventa, Setién consideraba que tras la violencia existía un problema político consistente en el insuficiente reconocimiento de la singularidad vasca, que se manifestaba en la "no aceptación de sus facultades de autodeterminación" al pueblo vasco, por lo que "no se podrá decir que hay paz solamente porque desaparezca la violencia si es que esas otras razones políticas que existen detrás de esos planteamientos del pueblo vasco no tienen la adecuada solución".

Los obispos advierten de que no pretenden juzgar el nacionalismo en general, sino el "nacionalismo totalitario" de ETA como raíz del terrorismo que practica. No se limita a condenar los atentados, sino el fanatismo ideológico del que la violencia es expresión. El diálogo es la vía óptima para superar divergencias, pero ETA "no puede ser considerado como interlocutor político de un Estado legítimo". Hay un rechazo claro de cualquier equidistancia o pretensión de responsabilidad compartida entre quienes practican la violencia y quienes no ceden a las exigencias de las que ETA hace depender su cese.

Son argumentos presentados como emanados de valores trascendentes, pero no sólo son compatibles con una moral laica, sino ampliamente compartibles por cualquier conciencia democrática.