Julio Miranda, el gobernador que gobierna a ratos
El jefe de Gobierno de Tucumán está acusado de repartir 2 millones de dólares en sobornos
Nadie sabía hasta ayer dónde estaba el gobernador peronista de Tucumán, Julio Miranda. El vicegobernador, Sixto Terán Nougues, no responde a los llamados de la prensa. Los ministros y secretarios dicen que ambos están "en Buenos Aires tratando de conseguir más recursos". La ausencia del gobernador es la característica más destacada de su gestión desde que asumió hace tres años. Los legisladores de la oposición dicen que uno de cada dos días los pasó fuera de la provincia. En la calle, los ciudadanos confirman que "no está nunca en Tucumán". El peronismo ganó las últimas elecciones con menos de 200.000 votos sobre un padrón electoral de 900.000 ciudadanos habilitados. Unos 400.000 no votaron; anularon su voto o votaron en blanco.
Miranda, acusado de distribuir a comienzos de año y en medio del derrumbe económico del país unos dos millones de dólares entre los legisladores partidarios para comprar el voto favorable a la reforma de la Constitución provincial, que le permitiría presentarse a una reelección, no podría ahora asomar la nariz fuera de su despacho. Le maltratan los periódicos, los ciudadanos, los presentadores en la radio y en la televisión le añaden apodos sugestivos como el de Julio Botella Miranda. Se le recuerda como un modesto distribuidor domiciliario de bombonas de butano en los años ochenta que no había terminado su escuela primaria, pero luego hizo carrera como sindicalista petrolero en una provincia que no tiene petróleo. El sindicato y la militancia peronista fueron su escuela política. Aprendió las formas, los métodos, fue leal, traidor, ascendió, hizo carrera, y hoy su patrimonio se calcula en millones de dólares. Un clásico de los territorios feudales argentinos controlados por el peronismo.
Las familias dominantes, características de otras provincias como los Menem, los Saadi, Rodríguez Sáa, los Romero, los Romero Feris o los Sapag, en Tucumán fueron reemplazadas por la "gran familia" del partido y los hermanos Ángel y Rubén Alé, propietarios, entre otros negocios, de una cadena de autos de alquiler, la empresa "cinco estrellas", y capos del juego clandestino, el lavado de dinero, la prostitución y el crimen organizado. El poder de los Alé, vencedores de los gardelitos en una guerra de familias, llegó a tal punto que el propio jefe de la policía de Tucumán admitió que debía pactar con ellos para mejorar el nivel de seguridad de los ciudadanos. El pasado 8 de noviembre los legisladores de la oposición le reclamaron al Ejecutivo que rescinda de inmediato el "convenio de cooperación" firmado por el Ministerio de Gobierno en el año 2000 con la Asociación de Remiseros Unidos, un sindicato creado y controlado por los Alé, que supuestamente tiene mejores coches y mejores equipos de comunicación y colabora con la policía. En el texto de la petición se lee: "Como es de público conocimiento, estos señores reiteradamente se vieron involucrados en hechos delictivos y en algunas oportunidades tuvieron enfrentamientos de todo tipo con las fuerzas de seguridad, además fueron procesados y acusados de graves delitos. La sociedad no tardó en catalogar o vincular a estos personajes y sus actividades con las mafias y la delincuencia organizada".
El secretario de Desarrollo Humano, Alberto Darnay, fue insultado, amenazado y acusado de "corrupto" y "ladrón" cuando intervenía el pasado martes en un programa de televisión que se retransmitía desde las puertas del hospital de Niños y también cuando respondía luego a una consulta de EL PAÍS. Según Darnay, "el Gobierno nacional aumentó las partidas de dinero en marzo, pero esos recursos sólo alcanzan para repartir en promedio 80 centavos (0,20 euros) por día entre 44.000 personas, y con ése debe comer una familia". El resto de los fondos se destina a atender 241 comedores escolares, huertas y granjas comunitarias, "además de 70.000 pesos al mes -15.000 euros- con los que se compran alimentos y se reparten bolsas". Los ciudadanos tucumanos aseguran que Darnay retiene fondos y alimentos para repartirlos en la próxima campaña electoral. "Tucumán es Macondo", insistía uno de ellos.
![El gobernador Julio Antonio Miranda.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2GQ2Q2KIS6ZVFS4ZLBLNM5JCE4.jpg?auth=01e5e9e4703363ae30089790a6728ff1b522bc960e2879b4f456900f9cfb4d29&width=414)
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