El Gobierno elude informar del coste de la campaña del plan Ibarretxe

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y el secretario de la Presidencia del Ejecutivo vasco, Jesús Peña, eludieron ayer hasta seis veces en el Parlamento detallar cuánto le cuesta al Gobierno la campaña que ha lanzado para difundir el plan soberanista de Juan José Ibarretxe. Ni en la comisión de Presupuestos, en la que los consejeros empezaron a detallar ayer sus cuentas para 2003, ni fuera de ella, los responsables gubernamentales quisieron explicar el coste que han supuesto los dos actos que el lehendakari ya ha celebrado en Bilbao y Vitoria, y el del próximo domingo en San Sebastián, además de los previstos fuera de la comunidad autónoma. El proyecto presupuestario para 2003 establece una partida para promoción exterior y campañas de difusión cifrada en 900.000 euros.

Sigue siendo un secreto. La polémica suscitada por la utilización de fondos públicos para pagar la campaña de difusión de la propuesta de Ibarretxe no se cerró ayer. A pesar de las reiteradas preguntas del PP y del PSE, ni la vicelehendakari ni el secretario general de la Presidencia quisieron aclarar este coste. Ambos comparecieron en el Parlamento para explicar los presupuestos de sus respectivos departamentos para el año entrante, pero se limitaron a decir que la partida de comunicación institucional es 'flexible'.

Al contrario que la campaña del triple compromiso moral, ético y político de Ibarretxe de 2000, que además le sirvió para la campaña electoral de las autonómicas del año siguiente, que el Gobierno cifró en su momento en 60 millones de pesetas, el gasto de ésta aún no se ha concretado.

Peña, quien aseguró que si la oposición le plantea una pregunta parlamentaria formal no tendría ningún inconveniente en contestarla, explicó que la financiación de los actos se acoge al programa de Comunicación Institucional incluido en las cuentas de Lehendakaritza. El monto total de la misma para el año que viene asciende a 2,1 millones de euros y dentro de ella se incluye una dotación de 900.000 euros específica para campañas y promoción exterior.

Sin embargo, los principales gastos de la campaña del lehendakari se están realizando con cargo a los presupuestos de este año, que el Gobierno prevé cerrar con un superávit del 47,6 millones. En las cuentas de este año, la partida de Comunicación Institucional suma 1,41 millones, aunque la previsión de liquidación entregada por el Gobierno al Parlamento es algo menor: 1,40 millones.

Las repetidas ocasiones en que el PP preguntó ayer tanto a Zenarruzabeitia como a Peña, quedaron sin respuesta, en medio de un fuego cruzado entre el popular Antonio Damborenea y la número dos del Ejecutivo. 'No me imagino a Aznar pagando con dinero público un mitin en La Casilla', dijo el primero. La vicelehendakari le replicó que ha visto mitínes de Aznar 'pagados con dinero de empresarios' y de la fundación FAES, ligada al PP, 'cuyas subvenciones se han ampliado desde 2000'.

La falta de respuestas concretas llevó al PSE a registrar una interpelación preguntando a Ibarretxe por los criterios que piensa seguir y el gasto previsto para 'explicar y difundir' su iniciativa. Los socialistas, que quieren además que el Tribunal de Cuentas analice la financiación de la campaña, preguntarán al lehendakari 'en qué momento' se adoptó el acuerdo de convocar los actos públicos en Vitoria y San Sebastián, ya que, en su opinión, la iniciativa de Ibarretxe es 'partidaria porque sólo la respaldan los partidos que sustentan el Gobierno, y además rompe el consenso estatutario'.

El anexo

La sesión parlamentaria sirvió para aclarar la ubicación en el proyecto presupuestario del anexo en el que el Gobierno especifica el que considera gasto extra por las transferencias no asumidas, y su trascendencia jurídica.

Este anexo figura en la memoria del presupuesto, una parte que no se vota en la Cámara y que a efectos legales sólo es un documento de carácter político. Más allá de la consideración de la vicelehendakari, que lo definió como 'instrumento económico de primer orden', el anexo en el que el Gobierno evalúa el impacto económico de las transferencias no completadas tanto en el capítulo de gasto como en el de ingresos es un documento que no se incorpora a la eventual ley que apruebe el Parlamento en diciembre.

Respecto al impacto en el empleo de las cuentas públicas, Zenarruzabeitia dijo que este año se van a crear 15.000 puestos de trabajo netos, y 9.000 en 2003. Negó que la asociación de municipios vascos, Udalbiltza, tenga una partida específica en el proyecto del Gobierno.