La policía ignora el paradero del jefe del 'cartel de Cali' tras salir de prisión
El 'capo' colombiano está obligado a presentarse ante las autoridades
Gilberto Rodríguez Orejuela, el hombre que, junto a su hermano Miguel, estuvo casi veinte años a la cabeza de la organización narcotraficante más poderosa del mundo, se encuentra en paradero desconocido. No ha sido visto en Cali ni en Bogotá, donde se cree que llegó la misma noche de su excarcelación desde la prisión de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, donde cumplió sus siete últimos años de cárcel.
'Es una vergüenza para el país', han repetido a coro desde altos funcionarios hasta la gente normal, alarmados porque un capo de la mafia, que tanto daño ha hecho al país, pague tan leve condena. Pero no es un secreto que se trata de una más de las liberaciones anunciadas, resultado de unas leyes moldeadas a punta de sobornos e intimidaciones. La lista de los beneficiados es larga; entre ellos, los tres hermanos Ochoa, del cartel de Medellín, que pagaron sólo cinco años, aunque uno de los hermanos fue capturado de nuevo y extraditado.
Hace apenas 15 días, los hermanos Rodríguez Orejuela solicitaron el beneficio de libertad condicional a las autoridades penitenciarias. Sus argumentos, según el juez Pedro Suárez, se ajustaban a la ley, pues las horas de trabajo y estudio y su 'excelente conducta' les daban derecho a salir con tres quintas partes de la pena cumplida.
'Estaban ansiosos por la decisión', contó Suárez. El magistrado, después de que se insinuase que había hecho algo 'irregular', se ha defendido con los códigos en la mano. Los dos hermanos estudiaron inglés, administración y filosofía, llevaron a sus celdas violín y violonchelo, fabricaron muñecos de peluche, cajas de cartón, empaques y montaron en la cárcel La Picota de Bogotá -donde pasaron cinco años-, un caspete, como se llama a las cafeterías de los penales. 'Don Miguel habría sido un gran abogado y don Gilberto un gran político que habría podido ser presidente', dijo hace años uno de sus abogados.
Muchos señalan a Gilberto, el ajedrecista, como el artífice de toda la estrategia para aprovechar al máximo las leyes que empujó, ayudado por sus numerosos abogados, en el Congreso. En medio de las acusaciones que van y vienen señalando a los culpables de esta aberración, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez recordó los 'papelitos' de los abogados de los capos del cartel de Cali que circularon por las salas del legislativo.
Gilberto Rodríguez empezó como mensajero en farmacias, entró en el mundo del narcotráfico con un ciclomotor y creció tanto que su organización llegó a transportar el 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos, país que llegó a considerarle el principal narcotraficante del mundo. Prefirió el camino de la 'compra de conciencias' al de la violencia. La infiltración millonaria en la campaña del ex presidente Ernesto Samper, que ocupó el poder entre 1994 y 1998, generó el conocido como Proceso 8.000 y llevó a la prisión a varios políticos y funcionarios. 'Dar dinero del narcotráfico a las campañas no es un delito; el delito es recibirlo', dijo el abogado de los dos hermanos al anunciar que sus clientes no eran sapos (informadores de la policía) y no iban a confesar los aportes a la campaña presidencial.
En la cuerda floja
En medio de este narcoescándalo se produjeron las capturas de los dos hermanos y varios de sus lugartenientes. Gilberto fue detenido el 9 de junio de 1995; Miguel, el 6 de agosto. 'Hoy quiero anunciarles a Colombia y al mundo que el cartel de Cali ha muerto', dijo Ernesto Samper después de la segunda captura, que le sirvió de 'carta de salvación' en medio de un periodo de gobierno durante el que siempre estuvo en la cuerda floja.
Por lo pronto, Gilberto Rodríguez deberá cumplir con informar a las autoridades de su paradero, presentarse ante la justicia cuando sea solicitado y no salir del país sin permiso previo de las autoridades judiciales. Miguel Rodríguez, cobijado al principio por la misma libertad condicional, permanecerá en prisión, ya que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe logró, escarbando archivos, encontrar una pena pendiente de cuatro años por intento de soborno.
Choque con el Ejecutivo
El choque entre el poder ejecutivo y el judicial por el escándalo de la libertad de Rodríguez Orejuela es frontal. Mientras el Gobierno insiste en señalar la acción del juez que otorgó la polémica libertad como 'irregular' y le acusa de haber trabajado al servicio del cartel de Cali, Asonal, la organización que reúne a los jueces del país, defiende al magistrado Suárez. 'Obró en derecho', dice un portavoz, que acusa al Ministerio de interferir la labor de la justicia. La Corte Suprema de Justicia pidió hace poco al presidente Álvaro Uribe que respete la separación de los poderes.La batalla por devolver a prisión al mayor de los Rodríguez Orejuela continúa. La procuraduría recurrió la decisión con un argumento: el capo no pagó una multa. En la apelación se dice también que Suárez se limitó a una apreciación puramente numérica y no evaluó el impacto social de un delito como el narcotráfico. Pero la ley parece estar del lado de los capos.
