El sistema geográfico elaborado por el Gobierno rechaza las peticiones de ayuda de 55.000 olivareros

El Sistema de Información Geográfica (SIG), que el Ministerio de Agricultura remitió el pasado jueves al Gobierno andaluz, ha rechazado las declaraciones de cultivo de 24.800 olivareros andaluces, otros 20.000 no respondieron a las cartas del Ministerio y 11.000 expedientes se consideran fuera de plazo, según anunció ayer en Jaén el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela. A los que no se les ha reconocido su declaración podrán presentar un recurso de alzada y, si éste no prosperara, podrían regular su situación en la declaración de la campaña 2002-2003, apostilló Lamela.

El SIG es un sistema de control del olivar que ha sido impuesto por la Comisión Europea al Ministerio de Agricultura y que tuvo un coste de 86 millones de euros, de los que 45 millones correspondieron a la inversión en Andalucía. El SIG se realizó a través de fotografías aéreas de toda la superficie del cultivo en España, que incluye a 3.800 municipios de 34 provincias olivareras, con 2,4 millones de parcelas correspondientes a 700.000 declaraciones de cultivo y, posteriormente, se hizo un proceso de verificación que, en el caso de Andalucía, el Ministerio acordó con las Organizaciones de Productores Reconocidas (OPR) y no con la Junta. Este sistema determina la superficie cultivada de olivo de cada finca, un dato del que dependen las ayudas a la producción de la Unión Europea a percibir por cada agricultor.

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, fue rotundo al afirmar que dependerá de la gestión de la Junta de Andalucía si los olivareros cobrarán o no las próximas subvenciones de la Unión Europea al aceite de oliva. 'Si la Junta hace un esfuerzo razonable de aquí a final de mes, la mayoría de los más de 30.000 olivareros tendrán resuelta la situación y podrán cobrar las ayudas', dijo Lamela para tranquilizar a los agricultores.

La Junta es la encargada de gestionar las ayudas comunitarias de Bruselas. Por lo tanto, será ahora la Junta quién deberá de defender a los agricultores discrepantes para que sean incluidos como merecedores de subvención. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz deberá aportar los datos del SIG -de los que los citados agricultores están excluidos- en la UE, sobre los que no tiene potestad alguna.

Según los datos hechos públicos por el subsecretario de Agricultura, en Andalucía hay 307.000 declaraciones de cultivo, de las que 24.800 tienen discrepancias con la evaluación del SIG. A demás, otros 20.000 olivareros a los que se ha enviado la carta no han contestado, y otros 11.000 contestaron fuera de plazo.

Recurso de alzada

Lamela explicó que los olivareros a los que no se les ha reconocido su declaración podrán presentar un recurso de alzada, que resolverá el comité permanente encargado de la gestión de este instrumento de control. Si no prosperan, podrán regular su situación en la declaración de la campaña 2002-2003, apostilló Lamela.

Los datos ofrecidos por el subsecretario de Agricultura no coinciden con los que bajara el PSOE. Así, el vicesecretario general del PSOE de Jaén y diputado a Cortes, José Pliego, sostuvo que 'la realidad actual es que en Andalucía hay 84.658 olivareros con discrepancias que no se sabe nada de ellas'. En la provincia de Jaén son 31.489 los olivareros afectados, una cifra también por encima de los 9.351 -sobre un total de 43.276 actos administrativos- que enumeró Lamela. Pliego anunció ayer que va a pedir la comparecencia del ministro o del subsecretario la próxima semana en la Comisión de Agricultura del Congreso para mantener un debate sobre este 'gravísimo problema'.

Pliego, dijo que Lamela es 'un kamikaze', según él, enviado por el ministro Miguel Arias Cañete 'para engañar a los olivareros y mentir descaradamente'. Pliego añadió que el SIG es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno central al no haberse producido ningún proceso de transferencias en este sentido. A partir de ahora, el SIG, que fue enviado el pasado 14 de octubre a Bruselas para su homologación, está sólo a falta de los trabajos de verificación de los próximos meses. Con todo, Manuel Lamela destacó que los trabajos llevados a cabo por el Ministerio han logrado que las discrepancias observadas en las declaraciones de cultivo estén por debajo del 5%, que es el límite exigido por la Comisión Europea.

Lamela pidió 'lealtad y colaboración' a la Junta, y expresó su malestar por la actitud del Ejecutivo autonómico en este tema. De hecho, Lamela comparó a otras comunidades, como Madrid, Valencia o Baleares, como 'modelos distintos de colaboración'.