Un congreso en Barcelona pide la retirada de las ayudas a la Fundación Franco

El congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo terminó ayer con la lectura de una declaración que solicita 'retirar la subvención pública otorgada a la Fundación Francisco Franco y obligar a esta institución a entregar su fondo documental a los archivos públicos, para el libre acceso de los investigadores'.

Las referencias a la fundación, en cuyos estatutos figura el objetivo de legitimar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, han sido constantes a lo largo de las tres jornadas que ha durado el congreso, organizado por el Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Museo de Historia de Cataluña. El historiador Manel Risques hizo referencia, por ejemplo, a un documento de abril de 1939 donde se hace inventario de los campos de concentración en España y el número de presos. 'No entiendo que este documento pueda ser considerado material familiar. Esto supondría que alguien de la familia Franco pasó por un campo de concentración, algo que no consta', dijo.

La declaración, leída por el historiador Borja de Riquer, se dirige a 'las autoridades locales, autonómicas y del Estado' y justifica sus peticiones en 'los avances en la investigación histórica', que 'abren nuevos espacios de conocimiento de las atrocidades cometidas durante la dictadura del general Franco en todos los órdenes de la vida de los ciudadanos'.

Retirar los símbolos

Estructurada en cinco puntos, la declaración solicita, además de la retirada de la subvención a la Fundación Francisco Franco, que 'sea tipificada como delito la apología de la dictadura franquista'; 'la retirada inmediata, tanto de la vía pública como de las diferentes instituciones de todos los nombres y símbolos de la dictadura'; 'la resolución definitiva del contencioso del Archivo de Salamanca, de forma que permita superar, en este ámbito, las trágicas consecuencias de la Guerra Civil', y 'la constitución de memoriales democráticos que permitan recuperar del olvido la trágica experiencia de la dictadura y sus consecuencias'.

A juicio de los historiadores reunidos en el congreso, la 'pervivencia de símbolos de la dictadura en edificios públicos' y de nombres de 'personas destacadas en la represión franquista en calles, monumentos, municipios e instituciones privadas de toda España' implica a 'los gobiernos de las diferentes administraciones del Estado', que 'toleran la exaltación pública de unos valores fascistas que atentan contra la dignidad democrática del país en general y, en particular, de las personas que sufrieron sus efectos'.

Muchas de estas personas han estado en el congreso junto a los historiadores. Miembros de asociaciones de toda España han asistido a las sesiones para dar a conocer sus actividades para recuperar y avivar la memoria histórica.