Una juez pide al Forcem la lista de ayudas a una patronal comarcal catalana
Los expedientes aprobados a los empresarios del Baix Llobregat rondan los seis millones
Una juez de Cornellà (Barcelona) ha solicitado a la Fundación para la Formación Continua (Forcem), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo en el que están representados la patronal y los sindicatos, que le remita los expedientes originales de los planes de formación tramitados y aprobados a la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat entre 1995 y 2000, así como a una asociación y una fundación privada que dependen de la misma patronal.
La solicitud de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cornellà se encuadra en la investigación abierta tras una querella de la fiscalía de Cataluña contra el presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado. La querella se presentó después de que varios ex profesores denunciasen un presunto fraude en la utilización del dinero público destinado a planes de formación. La petición de la juez está fechada el 19 de junio y ayer fue revelada por la Cadena SER.
Aunque el importe de las subvenciones es difícil de cifrar, varias fuentes coincidieron en que las ayudas recibidas por esa confederación de las diversas Administraciones rondan los seis millones de euros. La petición de la juez se refiere a los planes de formación tramitados y aprobados por la Forcem a esa asociación empresarial, así como a la Fundación Privada Fénix, que también preside Dorado, y a la Asociación para el Desarrollo de la Formación Continua en el Baix Llobregat, dependiente de la misma patronal. El periodo del que se reclama información es el comprendido entre 1995 y 2000, ambos inclusive.
La juez reclama los expedientes de los planes de formación aprobados a Fomento del Trabajo Nacional, la organización mayoritaria de la patronal catalana, 'que puedan haber sido subcontratados a la misma confederación empresarial entre 1996 y 2000'.
Paz Dorado, que está imputado formalmente en esta causa, siempre ha defendido que el dinero recibido para planes de formación se ha usado de forma legítima. Solamente en 1999, la patronal recibió 361.000 euros. Ese mismo año, el Departamento de Trabajo de la Generalitat otorgó 1.586.000 euros, según la fiscalía.
