Rica miel

El dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos del Inem destinados a la formación de trabajadores en activo o en paro durante los años 1996-98 pone de manifiesto lo que se sospechaba o se conocía en casos concretos: que tales fondos públicos -al igual que los europeos gestionados con el mismo fin por diversas entidades públicas- se han revelado como un panal de rica miel al que acude más de un desaprensivo y del que puede hacerse un uso que se compagina mal con su carácter de dinero público.

El diagnóstico que hace el tribunal sobre la gestión de esos fondos entre 1996 y 1998 es demodelor: más de dos millones de euros se han volatilizado en cursos inexistentes, facturas falsas, plantillas infladas, memorias económicas y académicas manipuladas y en casi 60.000 trabajadores inexistentes que, obviamente, nunca asistieron a los cursos de formación financiados con tales fondos públicos. Pero este fraude masivo adquiere todavía mayor gravedad por tratarse de un dinero destinado a la formación continua de los trabajadores, una inversión esencial para la competitividad de una economía moderna.

El responsable jurídico es, en principio, la Forcem, fundación que gestiona los fondos del Inem destinados a la formación de trabajadores, y a la que el Tribunal de Cuentas exige la devolución de 2,1 millones de euros gastados en servicios, cursos y alumnos inexistentes. Pero los responsables directos son las organizaciones empresariales y sindicales que dirigen la fundación y se reparten por cuotas la gestión de esos fondos públicos. De momento, las organizaciones empresariales -entre ellas la de Galicia, implicada hace dos años en un escándalo del mismo tenor con fondos europeos- no han dicho esta boca es mía sobre unos hechos que ponen en entredicho su capacidad y responsabilidad de gestión. Y los sindicatos no han pasado de las explicaciones genéricas, más bien evasivas.

No basta señalar, como hizo ayer UGT en un claro intento de quitar hierro al asunto, que las irregularidades descubiertas muestran que esos fondos están fiscalizados por el Estado y que hay que aprovechar la ocasión para una mejora técnica de su gestión. No puede haber mejora técnica de una gestión que supone ni más ni menos que falsear documentalmente gastos inexistentes: esa gestión debe ser erradicada y perseguida sin contemplaciones. Y, entre tanto, habrá que devolver al erario público los 2,1 millones de euros gastados fraudulentamente, y deben hacerlo las personas u organizazaciones responsables de su gestión. Sería intolerable que ese dinero repercutiera en el contribuyente, como parece deducirse de las declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social asegurando que Trabajo procederá a su reintegro 'para que las arcas públicas no tengan un detrimento'.