El Partido Popular propone fomentar 'valores éticos y morales' para combatir la economía sumergida

La puesta en marcha de un plan que fomente 'valores éticos y morales' entre los ciudadanos es una de las medidas que el PP propone para combatir la economía sumergida, un fenómeno que según el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía supone el 21,7% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Salvador Fuentes, portavoz adjunto del PP en el Parlamento autonómico, hiló la presentación de una iniciativa sobre la economía sumergida con fuertes críticas al Gobierno andaluz, al que tildó de 'sumergido e irregular'.

Dos semanas después de que el CES hiciera público su informe, el PP ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento sobre medidas contra la economía sumergida. Lo más llamativo de la iniciativa es la referencia a que tiene que haber un cambio de mentalidad de los ciudadanos acerca de este fenómeno.

Así, la iniciativa insta al Gobierno andaluz a 'diseñar una política de sensibilización dirigida al conjunto de la sociedad andaluza que fomente los valores morales y éticos de respeto a los demás ciudadanos, mejore la percepción social respecto a la relación de intercambio entre los ingresos y los gastos públicos y subraye la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude'. En definitiva, mentalizar al ciudadano de los efectos perniciosos de la economía sumergida y que éste sea consciente de que los tributos se utilizan correctamente.

Coordinación

La iniciativa reclama un mayor control del gasto público para trasladar una imagen de 'eficacia y eficiencia' de los administradores públicos. La proposición no de ley pasa de soslayo sobre un aspecto en el que el Gobierno andaluz ha puesto el énfasis: la necesidad de mejorar las tareas de inspección, una competencia de la Administración central. La única referencia de la propuesta del PP en este sentido insta a la Junta a 'actuar coordinadamente con las distintas Administraciones Públicas con competencias en la lucha contra el fraude'.

Salvador Fuentes inició la rueda de prensa en la que presentó la iniciativa con un mensaje parecido al que lanzó el Gobierno andaluz una vez que el CES hizo público el informe: la actividad económico fraudulenta en Andalucía, que cifró en un 20% del PIB, 'no es ni más ni menos grave' que en otras zonas de España o de Europa.

Y a partir de aquí todo fueron diferencias. Así, acusó al Gobierno que preside Manuel Chaves de 'despreciar' el informe del CES, un órgano consultivo de la Junta de Andalucía en el que están integrados la Administración autonómica, la patronal, los sindicatos y diferentes organizaciones. El informe del CES destaca que la economía sumergida supone el 21,7% del PIB regional y que siete provincias andaluzas están entre las 10 españolas con más incidencia de este fenómeno.

Fuentes centró sus críticas en Chaves y en la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien, tras el informe del CES, aseguró: 'Los andaluces no somos más tramposos que la media del resto del país'. El diputado popular aseguró que esta afirmación es 'una manipulación' que 'pretende socializar el conflicto'.

A partir de este momento, Fuentes encadenó una serie de variopintos reproches al Gobierno andaluz (desde las declaraciones del consejero de Turismo, Antonio Ortega, acerca de que prefería 'un par de casos de corrupción al año que una Administración muerta y lenta' a la actuación de la empresa pública Egmasa, dependiente de Medio Ambiente) para concluir que el Ejecutivo andaluz vive 'instalado en una confortable irregularidad'.

La iniciativa del PP también propone crear una comisión que estudie la economía sumergida; prestar especial atención a los colectivos más proclives a la irregularidad laboral y simplificar los trámites para crear empresas.