El Gobierno congela las tarifas telefónicas en 2004 y prevé su liberalización en 2005

El Gobierno prevé dejar de fijar las tarifas de Telefónica a partir de 2005, siempre y cuando para entonces exista una situación de competencia efectiva entre el ex monopolio y el resto de compañías que operan en el sector, según avanzó ayer el ministro de Ciencia y Tecnologìa, Josep Piqué. En 2003, las tarifas bajarán un 2% de media y se congelarán en 2004. Dentro de las medidas para aumentar la competencia en telecomunicaciones, el Ejecutivo eliminará los compromisos de inversión del cable y suavizará las exigencias a las compañías de móviles, radios y televisiones digitales.

El ministro Piqué desveló ayer que el Ejecutivo se plantea liberalizar completamente las tarifas de Telefónica a partir de 2005, tras más de 75 años en los que el Estado ha regulado los precios telefónicos, tanto en situación de monopolio, como a partir de 1998 cuando comenzó la liberalización del sector con la aparición de nuevos operadores. El Ejecutivo supedita esa libertad de precios a que exista un situación de 'competencia real', y se modere el dominio de Telefónica, que sigue manteniendo el 87,5% del mercado.

Para corregir esa situación, el ministro animó a las competidoras de Telefónica a que se fusionen 'porque para que haya competencia no es necesario que haya muchas compañías, sino que las que estén presentes sean fuertes' para hacer frente al antiguo monopolio.

Además, el Gobierno, que alentará estos procesos de concentración aunque sin intervenir en los mismos, ha decidido aprobar un paquete de medidas que favorezcan ese aumento de la competencia.

Las primeras hacen referencia al marco tarifario, que actualmente se rige por un sistema de precios máximos (price cap) al que sólo está sujeto Telefónica, pero que sirve de referencia para el resto del sector. Tal y como estaba previsto, en 2003 las tarifas bajarán un promedio del 2% (las llamadas locales se congelan, y las provinciales, interprovinciales e internacionales caen por debajo del 2%). Sin embargo, la cuota de abono mensual subirá un 8%, hasta los 12,62 euros; en 2004, el conjunto de tarifas se congelarán (según la fórmula IPC previsto menos el 2%) y la cuota de abono no sufrirá ninguna variación. Ya en este año, el Gobierno pretende comenzar a liberar el precio de algunas llamadas, para aplicar la total libertad de precios en 2005. Además, a partir del próximo año, se autorizará a Telefónica una bajada de las tarifas de acceso a Internet por ADSL en un 10%.

El Ejecutivo también ha atendido otras reclamaciones del sector, y en particular, la de los operadores de cable y de telefonía fija inalámbrica (LMDS), a los que ha liberado de los compromisos que tenían con la Administración cuando consiguieron la licencias, con la devolución de los avales.

Para las compañías de móvil, se suavizará 'pero sin eliminarlas' las exigencias de inversión en el UMTS, la nueva generación que permitirá la transmisión de vídeos y el acceso rápido a Internet. Además, Ciencia y Tecnología negocia con las compañías un nuevo calendario para la implantación comercial de esta tecnología, retrasada en todo el mundo y que en España debía haberse puesto en marcha en 2003. También se revisarán a la baja las obligaciones de las empresas de televisión y radio digital.

Contra el usuario

Las medidas anunciadas ayer por el Gobierno fueron recibidas como un jarro de agua fría en Telefónica que, en lo que se augura como primer gran conflicto su primer conflicto con el Ejecutivo desde que accedió a la presidencia Cesar Alierta, no dudó en acusar al Ejecutivo de preferir favorecer a sus competidores (Retevisión, Uni 2, Jazztel, etcétera) antes que velar por los intereses de los usuarios, privándoles de importantes rebajas. Lo que más encrespa a Telefónica es la decisión del Ejecutivo de restringirle al máximo la comercialización de planes de descuento y las tarifas planas (paquetes de llamadas a un precio fijo), su principal arma comercial frente a sus rivales, que han acogido con optimismo las medidas.

Para Telefónica, las medidas buscan repartir el actual mercado de forma artificial, desincentivando la inversión, en lugar de propiciar un aumento del negocio del que se beneficien todas las compañías, como ha sucedido con el negocio del móvil.

Pese a la rebaja, las tarifas telefónicas españolas continúan siendo de las más caras de la Unión Europea, según un estudio encargado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), informa Servimedia.