Telefónica aumentará la inversión si puede aplicar tarifas flexibles

Telefónica considera vital que el nuevo marco regulatorio que tiene previsto aprobar el Gobierno esta semana le permita una mayor libertad en su política comercial. En el peor momento de la crisis del sector, la operadora está dispuesta a aumentar su esfuerzo inversor en España a cambio de que el Ejecutivo flexibilice el actual régimen de tarifas y, en particular, desbloquee los planes de descuento para ofrecer paquetes de llamadas a un precio fijo, principal arma comercial de Telefónica frente a sus competidores, que fijan libremente sus precios. De lo contrario, advierte de que su rentabilidad puede estar en peligro.

Alierta: 'Hemos hecho nuestros deberes en todos los asuntos claves'.

'Hemos hecho nuestros deberes en todos los asuntos claves'. La frase, pronunciada por el presidente de Telefónica, César Alierta, la pasada semana en una reunión de analistas en Barcelona, ilustra la posición de la operadora frente a la batería de medidas que tiene previsto aprobar esta semana el Gobierno y de las que, en gran medida, depende la cuenta de resultados de la operadora.

La compañía demanda al Gobierno, que actualmente fija sus tarifas, que le permita una mayor flexibilidad en su política comercial, con el desbloqueo de los planes de descuento y de otras ofertas, ahora paralizadas, y de las que depende en gran medida su rentabilidad, según informaron fuentes de la compañía.

A cambio, ofrece mantener e incluso aumentar su esfuerzo inversor, por encima de los 1.855 millones de 2001, en un momento de profunda crisis del sector, cuya inversión conjunta descendió un 19% el pasado año, con una importante caída de la demanda.

La operadora considera que, a diferencia de otros ex monopolios como Deutsche Telekom o France Télécom, que pueden tener un alto coste para las arcas públicas por estar participadas por el Estado, Telefónica tiene un elevado índice de productividad (tras la regulación de más de 30.000 empleos en los últimos años), ha reducido riesgos, centrado sus esfuerzos en su mercado natural y abandonando proyectos de alto coste como el UMTS en Europa y, sobre todo, se encuentra en un mercado totalmente liberalizado en el que las rebajas de precios ya se han realizado.

Por ello, la operadora considera ahora que ese esfuerzo de rentabilidad se puede poner en peligro si salen adelante algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno para aumentar el grado de competencia en el sector de telecomunicaciones.

La mayor preocupación de la operadora es que prospere la petición de sus rivales de que se prohiban los programas y los planes de descuento, que ofrecen paquetes de llamadas a un precio fijo. En este sentido, en la compañía se han encendido todas las luces de alarma tras la decisión adoptada el pasado jueves por el Ejecutivo de rechazar los planes Combina 60, País 15 y Provincial 15, para todo tipo de llamadas, en la que iba a ser la mayor ofensiva comercial de la operadora desde la implantación de sus planes Europa 15 para llamadas internacionales, y de los bonos para llamadas locales, que lograron más de cuatro millones de suscriptores.

La operadora trata de convencer al Ejecutivo de que ésta es su mayor (y casi única) arma comercial frente a sus competidores que, a diferencia de Telefónica, pueden fijar libremente sus precios y realizar programas de descuentos sin contar con la autorización previa del regulador. Además, considera que, al prohibir estos planes, se está perjudicando al consumidor, privándole de importantes descuentos y de una simplificación de su factura.

En este sentido, fuentes de la compañía indican que Telefónica no va a plantear ni siquiera una subida de tarifas, sino un marco 'estable e igual para todos los operadores'. La compañía está dispuesta a considerar incluso una congelación de la cuota de abono (que subirá hasta los 12,62 euros en 2002) para los ejercicios 2004 y 2005, siempre que se reconozca su derecho a realizar planes de descuento.

La compañía ha evaluado el recorte de tarifas en los últimos tres años desde la liberalización en un 57% para las llamadas de larga distancia e internacionales, y de un 46% para las de móviles por encima de la medida europea.

Menos rentabilidad

Telefónica argumenta que esa reducción de tarifas ha sido compensada con un recorte de costes y una mejora de la productividad que ha permitido asegurar una mínima rentabilidad en las inversiones, aunque dicha rentabilidad está cayendo en los últimos años, según los cálculos de la compañía telefónica.

Sin embargo, no lo va a tener fácil. El Gobierno ha avisado de que está dispuesto a mostrarse receptivo con la demanda de los nuevos operadores de que se limiten al máximo los planes de descuento de Telefónica y sólo se aprueben los que 'supongan una innovación' en el servicio. Para los rivales del ex monopolio, con estos planes se elimina la competencia, ya que se deja sin margen a los nuevos entrantes.

Otras medidas que aprobará el Ejecutivo esta semana es la factura única, de forma que los clientes que elijan otro operador para sus llamadas reciban una sola factura de esa compañía, que incluirá el cargo de la cuota de abono de Telefónica, con la que dejarán de tener vinculación comercial.

También se adoptarán medidas encaminadas a abrir los contratos de telecomunicaciones de los distintos organismos públicos, mediante una nueva legislación en los concursos que impida a Telefónica pujar con precios demasiados bajos, o la exigencia de que se saquen a concurso más servicios.

Lo que parece claro es que el Gobierno tiene difícil contentar a ambas partes, ya que, pese a la inversión desembolsada (13.000 millones de euros) desde la liberalización, ninguna de las compañías alternativas a Telefónica de telefonía fija (Retevisión, Uni2, Jazztel, Aunacable, Ono, por citar a las que tienen mayor cuota) ha conseguido por el momento ser rentable.