La Corte y lo posible

La ofensiva de EE UU contra los Quince para desactivar la Corte Penal Internacional (CPI) dio ayer sus primeros frutos, aunque no todos los que pretendía Washington. Estados Unidos ha apretado para lograr una gran parte de las garantías que buscaba para escapar a la jurisdicción de este tribunal, pero no ha conseguido ahogar. Frente al poderoso viento del Oeste, la UE ha cedido pero no ha roto todos sus principios, aunque el riesgo de orden disperso de cada uno de los Quince en esta cuestión sigue siendo grande, dado el afán de Blair y de Berlusconi de gustar a Bush. Los principios orientadores comunes frente a las exigencias de EE UU, aprobados ayer en Bruselas por los ministros de Exteriores, fueron en gran parte inspirados por un conciliador Gobierno español que, lamentablemente, no consultó a la oposición, cuando la ratificación del Estatuto de la CPI fue objeto de un enorme consenso.

La esperanza general europea es que EE UU acabe aceptando la Corte. Para ello, la UE ha tendido puentes de diálogo con Washington sobre el nuevo alto tribunal, cuyo Estatuto firmó Clinton antes de salir de la Casa Blanca y desfirmó la Administración de Bush. Éste, aprovechando la calima veraniega, firmó una ley por la que EE UU se arroga de forma unilateral medios para rescatar a todo militar estadounidense que sea acusado y detenido ante la CPI, y amenazar a países terceros para que no ratifiquen el Estatuto.

Según los parámetros aprobados ayer, los acuerdos bilaterales que pretende EE UU - y que ya ha firmado con Israel y Rumania, entre otros- podrían no ser coherentes con las obligaciones asumidas por los países europeos al pertenecer a la CPI. La UE llevará a cabo un inventario de los acuerdos existentes, pues pueden no resultar necesarios otros nuevos. En todo caso, los Quince rechazaron la inmunidad para el conjunto de los ciudadanos de EE UU como pretendía Bush, y sólo la aceptaron para algunas categorías (personal en misión de Estado como militares y diplomáticos), al tiempo que reiteran el principio básico de la no impunidad. Estos principios cambian poco a la práctica previsible. Podrían incluso servir para diseñar un modus vivendi de la hiperpotencia con la nueva Corte, incluso para cooperar contra los crímenes tipificados por la CPI: de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

El escepticismo ante la CPI se ve alimentado por el hecho de que ni la mayor potencia militar (EE UU) ni los dos países más poblados del planeta (China e India) son parte de este nuevo marco. Pero tampoco acepta EE UU la prohibición de las minas antipersonas, el Protocolo de Kioto sobre medio ambiente o el tratado que prohíbe la discriminación contra las mujeres, entre otros ejemplos. ¿Quién pensaba cuando se firmó el Estatuto de Roma en 1998 que la Corte empezaría a funcionar a principios del año próximo? Previsiblemente, este tribunal durará más que la actual mayoría republicana en EE UU. Con su perseverancia, y a pesar de las indeseables cesiones, la UE está en la vanguardia de la construcción de un nuevo orden jurídico internacional.