Los comerciantes irán a los tribunales si Sanz autoriza más grandes superficies
La federación irá a los tribunales si se conceden nuevas licencias
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La Federación de Comerciantes de Navarra (FCN) ha amenazado con llevar al Gobierno regional a los tribunales si UPN concede nuevas licencias de grandes superficies sin desarrollar antes el modelo territorial impuesto por la ley foral de Comercio. El Ejecutivo de Miguel Sanz tramita actualmente las licencias para la apertura de un centro de El Corte Inglés, en Pamplona, y un gran centro comercial en Ripagaina, entre la capital y Burlada.
La federación, que representa al mediano y pequeño comercio regional, recurrirá por la vía contencioso-administrativa la otorgación de licencias si el Ejecutivo no desarrolla previamente el reglamento de obligado cumplimiento que prohíbe la construcción de centros comerciales de más de 25.000 metros cuadrados.
El Gabinete regionalista admitió a trámite el pasado julio la petición de licencia de El Corte Inglés, que prevé construir un centro de 25.000 metros cuadrados de superficie comercial en pleno centro de la ciudad, y la licencia para el proyecto de Ripagaina, de 59.000 metros cuadrados. El Corte Inglés adquirió en subasta el solar más caro de Pamplona, por el que pagará 23,5 millones de euros.
La FCN recuerda que la ley navarra de Comercio nació a propuesta de los socialistas y fue aprobada con el voto favorable de todo el Parlamento foral, salvo UPN.
La ley, vigente desde el 16 de julio de 2001, pretende evitar la discrecionalidad en la concesión de licencias y el desequilibrio en la distribución, ante la fuerte presión de promotoras que están dibujando un nuevo mapa de enormes centros alrededor de Pamplona que condiciona el modelo no sólo comercial, sino urbanístico y territorial en una zona en que vive la mitad de los navarros, más de 250.000 potenciales clientes.
'La consejería de Industria podría haber solicitado una moratoria de licencia de seis meses tal y como está previsto en la ley', subraya la federación, 'y, sin embargo, ha optado por establecer un proceso de tramitación a nuestro entender ilegal que se apoya en un intento del Gobierno de Navarra por evadir el análisis del modelo territorial'.
Los comerciantes subrayan que el proyecto de Ripagaina vulnera dos preceptos de la ley foral de Comercio: el tamaño y la obtención escalonada de licencia. 'Se trata de un criterio del reglamento establecido para ir ajustando el equilibrio entre el pequeño comercio y la gran superficie', explica Elizabet Azcárate, gerente de la FCN.
Más de un año sin reglamento
Si se aprobase la licencia de El Corte Inglés con arreglo a la ley, Ripagaina debería esperar dos años para obtener la suya, según un reglamento que UPN debía haber tramitado un mes después de aprobarse la ley. Ha pasado más de un año y no lo ha hecho.
'El proyecto de El Corte Inglés', señala la federación, 'por su ubicación en el centro de la ciudad y por el número de metros de venta puede todavía tener cabida en el modelo territorial, puesto que ya en 1998 se pretendía su instalación'. Los comerciantes matizan así su postura respecto a un centro sobre el que recayeron sospechas de un apoyo privilegiado de UPN, hasta el punto de que la oposición, con los socialistas al frente, obligó al equipo de gobierno de Yolanda Barcina a subastar el solar de Intendencia para dar máxima transparencia a la operación.
Las presiones de los comerciantes han obligado al Ejecutivo regional a crear el Consejo Asesor de Comercio Minorista previsto en la ley, si bien su composición, con siete representantes del Gobierno y el voto de calidad de la consejera Nuria Iturriagagoitia, 'imposibilita cualquier informe' crítico con las propuestas gubernamentales, se queja la federación. 'En este caso, el Gobierno se consultará a sí mismo', agregan los comerciantes, que están dispuestos a recurrir ante los tribunales la propia composición del órgano asesor para darle mayor equilibrio.
Eusko Alkartasuna ha presentado al respecto una proposición de ley para forzar una moratoria de seis meses en la concesión de licencias que paralizaría las que se tramitan actualmente.
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