La ley catalana de universidades crea figuras estables de profesores contratados

El Gobierno catalán aprobó a principios de agosto, justo antes de irse de vacaciones, el proyecto de Ley de Universidades de Cataluña (LUC), el primero que elabora un Ejecutivo autónomo para desarrollar los escasos aspectos que no fija la reforma universitaria del Gobierno del PP, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada el pasado mes de diciembre.

La norma catalana de universidades incluye principalmente tres aspectos novedosos, respecto a la LOU y a la situación del sistema universitario antes de su aprobación. Hacen referencia a las figuras de profesores contratados, no funcionarios, la composición de los consejos sociales y la agencia de evaluación. Éstos son los cambios:

- Profesores contratados. El aspecto más importante que regula la LUC es la contratación de profesorado. Mas-Colell, firme partidario de establecer un modelo alternativo al funcionarial, ha querido aprovechar las posibilidades que abre la LOU -que permite a cada universidad hasta un 49% de profesores no funcionarios- para establecer, por primera vez desde los tiempos de la II República, categorías laborales estables de profesorado contratado. El proyecto de ley contempla tres categorías: catedrático, profesor agregado y profesor colaborador permanente.

Queda por establecer el mecanismo preciso que sustituirá a las actuales pruebas de acceso a la universidad para acceder a aquellos estudios en los que la demanda sea mayor que la oferta. Parece claro que Mas-Colell no quiere que los estudiantes tengan que enfrentarse a dos exámenes para entrar en la universidad, lo más probable es que se unifique a una sola prueba.

- Consejos sociales. Respecto a la polémica ley de la ministra Pilar del Castillo, el Gobierno catalán intenta rectificar la composición de los consejos sociales, llamados a tener un papel mucho más importante en el futuro, de modo que al limitar el número total de sus miembros y reducirlo a un máximo de 15, consigue mantener la presencia de los miembros de la universidad en torno al 40%, otorgándoles de facto, una mayoría relativa.

- Agencia universitaria. La LUC también regula la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario que asumirá las competencias de la Agencia de Evaluación Nacional prevista en la LOU, si bien, recientes declaraciones de la ministra en el sentido de adjudicarle sólo un papel subsidiario, parecen apuntar que la Generalitat deberá todavía luchar por conservar estas competencias.

Pese a que en la gestación de esta norma catalana, el consejero de Universidades Andreu Mas-Colell quiso involucrar a todos los actores del mundo académico catalán, lo cierto es que la primera reacción de los rectores ha sido de rechazo, en gran parte porque el proyecto de la LUC -pese a que se trata de un sector transferido completamente desde 1986- ni siquiera menciona un modelo de financiación.

El texto entró la semana pasada en la Cámara catalana y debería discutirse en los plenos previstos para el mes de diciembre. Lo que ya parece claro es que no será posible que tramite mediante una ponencia conjunta, consensuada por todos los grupos parlamentarios; el 'pacto de país' que pidió el rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Tugores, que preside la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUB), que realizó un informe muy crítico con algunos aspectos del proyecto y, especialmente, con la falta de un marco de financiación. En el informe de la ACUB incluso se ponía en entredicho la existencia de bases competenciales definidas del Parlamento catalán para hacer esta ley.

El calendario electoral -habrá elecciones autonómicas antes de un año- parece jugar en contra de esta ley para cuya aprobación el Ejecutivo nacionalista tendrá que hacer piruetas, como admitían recientemente fuentes de CiU. Justo cuando los nacionalistas catalanes están coreografiando su desmarque de los conservadores españoles -cuyos votos les han permitido gobernar- necesitarán de nuevo su apoyo para aprobar una ley que, en suma, pretende rescatar para Cataluña algunas de las competencias o privilegios que, supuestamente, la LOU ha devuelto al Estado.

Antes de que se aprobara el proyecto de ley, el rector de la Universidad Autónoma (UAB), Lluís Ferrer, pidió en una carta a Mas-Colell que retirara el artículo que establecía incentivos económicos para aquellos profesores que impartieran sus clases en catalán, una pretensión que, además de generar polémica, hubiera con toda seguridad sido recurrida con éxito ante el Tribunal Constitucional.