El PSOE pide un mayor papel para las autonomías en la Unión Europea

Una Europa más fuerte, más federal, más social y con mayor protagonismo de las regiones y de los ciudadanos son los pilares de la propuesta de Constitución Europea presentada ayer por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid. Los socialistas proponen una serie de reformas institucionales ante 'una Europa que crece y que tiene que acercarse cada vez más a los ciudadanos', según afirmó Zapatero, quien acusó al Gobierno de estar 'prácticamente desaparecido' de todos los problemas internacionales.

'El partido socialista apuesta por una Europa más fuerte, con más capacidad de representación común en todos los ámbitos internacionales', indicó Zapatero. Los socialistas abogan por una federación de Estados con un gobierno supranacional fuerte, que acuda con una sola voz a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o incluso ante la ONU. A la vez, el fuerte gobierno europeo deberá saber convivir con los gobiernos locales, regionales o estatales. Para ello proponen un fortalecimiento del Comité de las Regiones dotándole de mayores funciones, entre ellas, la posibilidad de que, por ejemplo en España, las comunidades autónomas designen a sus representantes en la segunda cámara legislativa que los socialistas conciben. En caso de conflicto legislativo, las regiones podrían incluso interponer recursos ante el Tribunal de Luxemburgo. Las regiones y los municipios participarán además en la elaboración de la legislación comunitaria.

La propuesta socialista recogida en el documento Nuestra idea de Europa de los ciudadanos muestra una especial preocupación por la lejanía que los europeos sienten ante la UE. 'Hay que hacer reformas institucionales para que Europa sea más transparente y más sencilla de cara a los ciudadanos', insistió el líder socialista. Como primera medida para tratar de acortar distancias, el PSOE sugiere que la Carta de Derechos de los Ciudadanos se convierta en un texto vinculante, y sea el primer capítulo de la constitución europea, garantizando así un mínimo de derechos del que gozaría todo ciudadano que resida en Europa.

Y para que la constitución suponga un paso definitivo hacia una Unión más democrática, los socialistas proponen que la carta magna sea sometida a referéndum en cada país miembro. 'La propuesta tiene que ser debatida por la sociedad española', aseguró Zapatero. Para evitar que algún país bloquee la iniciativa, el texto entraría en vigor cuando lo aprueben y ratifiquen un número mínimo de Estados que representen una mayoría de ciudadanos europeos. La iniciativa socialista contempla además la instauración de una iniciativa legislativa popular europea, limitada a ciertas materias y con un mínimo de firmas.

El PSOE parte de la premisa de que la política exterior comunitaria y la política de defensa están determinadas por los intereses nacionales. Para lograr un gobierno exterior común proponen que las decisiones relativas a la política exterior sean adoptadas por el Consejo y aprobadas por mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad como hasta ahora. Según los socialistas, si rige la unanimidad, cualquier país puede ejercer el veto según sus intereses nacionales.

El Consejo Europeo, formado por los jefes de Gobierno Europeo, estaría encabezado en la propuesta socialista por un presidente y constituiría una especie de 'jefe de Estado' de la Unión, con capacidad representativa y también de iniciativa y decisión política y sometido al control de las cámaras parlamentarias de la Unión. Por su parte, los Consejos de Ministros, el órgano que prepara las reuniones del Consejo Europeo y que ejecuta sus decisiones, quedarían reducidos a tres: Asuntos Generales, Política Exterior y de Defensa, y Ecofin.

Pero, además, los socialistas proponen una reforma del Poder Legislativo según la cual éste pasaría a ser bicameral. Además del Parlamento Europeo, la cámara de los Estados absorbería lo que hasta ahora ha funcionado como Consejo en función legisladora y legitimaría así el federalismo de las instituciones europeas. Esta cámara estaría compuesta por miembros designados por los gobiernos y permitiría un control sobre las decisiones del Consejo Europeo en materia de soberanía nacional. Por su parte, el Tribunal de Luxemburgo se convertiría en un Tribunal Constitucional de la UE, asumiendo la garantía de los derechos de la carta magna y la controversia entre la Unión y los Estados. La propuesta establece además un salario mínimo europeo y un impuesto europeo que financie el presupuesto comunitario.