La banca acepta refinanciar Opening sólo si la Administración interviene la empresa

Opening se agarra a un clavo ardiendo para evitar su derrumbe. Los bancos acreedores aceptaron ayer 'inyectar seis millones de euros en la empresa de enseñanza de idiomas, si la Administración toma el control de la empresa y se responsabiliza del destino de estos fondos', señalaron ayer fuentes ejecutivas de la sociedad. La banca acepta el plan de viabilidad de Opening, que contempla despedir al 50% de la plantilla, pero para respaldarlo exige que los 72 centros, propiedad de Opening, se mantengan abiertos un año como mínimo, según medios financieros.

Los bancos ya no confían en los gestores de Opening. Proponen que, a partir de ahora, la Administración pase a controlar la empresa y que los fondos de la refinanciación no se depositen en la sociedad, sino en un organismo público. Es decir, de momento la crisis de Opening busca responsable; o, dicho de otro modo, los dueños de la mayor empresa española de enseñanza no reglada se lavan las manos. Si los bancos aceptan salvar los muebles, refinanciando al grupo con seis millones de euros, todo quedará en manos de la Administración.

El escueto comentario vertido ayer por fuentes de Opening, tras finalizar una reunión de más de siete horas con los bancos, no aclaró cuál será la Administración responsable; y tampoco lo hicieron los medios financieros consultados.

El resumen del acuerdo de principio para reflotar Opening apunta al Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya titular, Ana Pastor, ha prometido mediar entre los 45.000 alumnos atrapados que han anticipado el pago de sus matrículas y los bancos que les han concedido los créditos.

La mediación de Consumo, que ayer convocó para el día 11 a la Comisión de Cooperación y Consumo para estudiar este tema, ha calmado los ánimos de los estudiantes y ha desencadenado una reacción modulada por parte de las entidades. El SCH, principal entidad con créditos concedidos a alumnos de Opening, y otros bancos, como el Pastor, están dispuestos a colaborar en la solución del problema creado por la suspensión de pagos de la red de academia de idiomas.

La ministra pidió a los bancos que traten de evitar la vía judicial en caso de impago de los préstamos y que no incluyan en los registros de morosos a los alumnos que no satisfacen las cuotas, tras dejar de recibir los cursos. Las entidades financieras aceptaron, pero advirtieron, no obstante, de la diversidad de situaciones que se dan en el caso de Opening, ya que hay centros franquiciados, que no han cerrado.

El frente social de la empresa está más revuelto. Los representantes del sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en la cadena Opening, dudan de que la empresa pueda conseguir de los bancos la inyección de capital que necesita para poder reanudar su servicio, y creen que deberá cerrar definitivamente las puertas.

Los sindicatos, escépticos

La dirección de Opening tiene previsto comunicar hoy mismo al comité de empresa los resultados de la reunión con la banca y el futuro de la compañía. Josep Maria Gordillo, de Comisiones Obreras, manifestó que 'no hay ninguna posibilidad de que los bancos le den nada a Opening; la empresa utiliza estas negociaciones para exculparse, para intentar hacer recaer en las instituciones la responsabilidad de la crisis', dijo el sindicalista.

Los 1.200 empleados de Opening viven una situación desesperada: han entrado en el cuarto mes sin cobrar. La empresa ultima un expediente de empleo (ERE) que afectaría formalmente a toda la plantilla, pero que, según el plan de viabilidad, sólo se aplicará al 50% de los contratados.

Mientras, el estallido de Opening, un escándalo que pone al descubierto el perjuicio que conlleva para miles de usuarios la financiación de las matrículas en las academias de idiomas, tiene su réplica política.

En el Parlamento de Cataluña -Opening tiene su sede en Barcelona-, la oposición ha pedido un pleno especial para aclarar las relaciones entre la red de academias y su empresa matriz, el Grupo CEAC, que recibió de la Generalitat subvenciones por valor de 18,5 millones de euros para cursos de formación de parados.