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El Supremo israelí autoriza la deportación de dos hermanos de un presunto terrorista

El alto tribunal pone en libertad al tercer amenazado de expulsión por falta de pruebas

El Tribunal Supremo de Israel autorizó ayer al Ejército para que expulse por dos años a dos hermanos de un presunto terrorista palestino, dada su supuesta complicidad en el atentado suicida que organizó su familiar. Sin embargo, los jueces revocaron la expulsión de un tercer sospechoso, ante la falta de pruebas. La sentencia sienta un precedente que permitirá nuevas expulsiones, aunque sólo en casos excepcionales. Mientras, otros dos jóvenes palestinos murieron alcanzados por un obús de tanque en las inmediaciones de Nablús.

Por primera vez desde el comienzo de la segunda Intifada, las fuerzas de seguridad israelíes deportarán hoy a la franja de Gaza a dos hermanos de un presunto terrorista cisjordano. A Ali al Ayuri se le responsabiliza de un doble atentado suicida ocurrido el pasado 17 de julio frente a la antigua estación de autobuses de Tel Aviv, que causó tres muertes. Tras largas deliberaciones, los nueve magistrados del Tribunal Supremo llegaron a la conclusión de que Intisar y Kifah al Ayuri, habitantes del campo de refugiados de Askar, de 34 y 28 años, respectivamente, tuvieron conocimiento previo y prestaron apoyo logístico a su hermano, objeto de un asesinato selectivo el 6 de agosto.

Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, que actuó en nombre de la Fuerzas Armadas, Intisar llegó incluso a coser los cinturones explosivos que fueron utilizados en el atentado de Tel Aviv, mientras que Kifah ocultó en su casa a Ali, e incluso los explosivos hasta el momento de su uso. En cambio, en el tercer caso que se juzgaba, el de Abdel Naser Asida, hermano a su vez de otro presunto terrorista que participó en dos emboscadas contra autobuses ocurridas frente al asentamiento de Enmanuel, el Supremo dictaminó que lo único que hizo fue "prestarle su coche, y darle ropa limpia y alojamiento, sin tener conexión con sus actividades terroristas". "Hoy es un día negro para los derechos humanos", señaló sobre el ministro palestino Saeb Erekat, quien añadió que la Administración palestina pedirá ayuda a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU "para detener las flagantes violaciones a los derechos humanos".

El fallo fue recibido con satisfacción por parte del fiscal, Shai Nitzan, quien señaló que "el Tribunal ha aceptado el uso de la expulsión como fundamento y sentenciado que hay que encontrar un equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y el derecho a la seguridad". Nitzan argumentó que se trata de un "realojamiento" que no una "deportación", desde el momento en que "Cisjordania y la franja de Gaza constituyen una misma unidad territorial", aunque ésta no sea contigua ni disponga de libre tránsito entre sus dos componentes. La sentencia fue apoyada por el titular de Justicia, Meir Sheetrit. "Esta decisión sigue la misma línea que otras decisiones tomadas por esta corte en relación a la guerra contra el terrorismo, y fortalece al Ejército y a las fuerzas de seguridad en esta batalla", afirmó el ministro.

La defensa, conducida por los abogados de dos organizaciones de derechos humanos israelíes condenaron la sentencia a través de un comunicado conjunto. No obstante, también resaltaron que "limita el poder discrecional del Estado a la hora de utilizar la expulsión, estableciendo que la reasignación de residencia sólo es legítima cuando existen pruebas claras y convincentes de que representa una amenaza".

Descontento

Por su parte, la conocida abogada Lea Tzemel, que representó a Kifah al Ayuri y a Abdel Naser Asida, declaró a la salida de los juzgados que "estamos muy descontentos con el veredicto, dado que coloca a Israel en una posición de conflicto con el derecho internacional y abre la posibilidad a que el Ejército sea encausado por crímenes de guerra". Aun así, Tzemel se felicitó porque el Ejército no podrá hacer uso de las expulsiones con el mismo objetivo disuasorio y con la misma frecuencia que hace con las demoliciones de las viviendas familiares de los terroristas, sino que tendrá que probar la culpabilidad de los sospechosos.

Por otra parte las organizaciones radicales palestinas condenaron la llamada a poner fin a los atentados reiterada por el nuevo titular de Interior, Abdel Razek al Yahiye. Pocas horas después, un colono israelí resultó gravemente herido en una emboscada en las inmediaciones de Ramala y dos palestinos de 22 años fueron alcanzados por un obús de tanque en la localidad de Burin, próxima a Nablús. Otro disparo de tanque hirió a dos niñas palestinas de tres y cinco años en la zona de la franja de Gaza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de septiembre de 2002