El FMI decide postergar el acuerdo con Argentina por las dificultades políticas que afronta el Gobierno

Anne Krueger, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó ayer al Gobierno argentino una serie de objeciones a la propuesta de acuerdo que el ministro de Economía del país, Roberto Lavagna, le envió hace 10 días. Krueger, que actuó según su estilo espartano y directo, logró resumir la lista de discrepancias en apenas una página y media.

Las diferencias van más allá de los números, ya que el documento destaca un obstáculo crucial: la falta de resolución al problema de los ahorradores que retiran dinero del corralito gracias a la autorización judicial. Esto, en términos políticos, implica que el FMI está a la espera de que el Gobierno solucione su conflicto con la Corte Suprema. El máximo tribunal debe decidir sobre la constitucionalidad del corralito financiero y tiene el poder de reducir a añicos el plan económico del Gobierno si decide apoyar esas reclamaciones, lo que implicaría que los ahorradores podrían acudir en estampida a retirar sus depósitos.

Los jueces del tribunal ya demostraron la semana pasada, al anular el recorte salarial impuesto a los funcionarios y jubilados, que están dispuestos a cargar contra el Gobierno de Eduardo Duhalde mientras no se suspenda el proceso de expulsión que pesa sobre ellos. El diputado radical Horacio Pernasetti señaló que existe una 'relación de extorsión' entre el Gobierno y la Corte. 'Esta vez nos mostraron los dientes', se sinceró un portavoz del Ministerio de Justicia.

En Washington son conscientes de las dificultades que afronta Duhalde. Por ello, decidieron otorgarle algo de oxígeno y admitieron el aplazamiento por un año de los 2.100 millones de euros que Argentina debe pagar el 9 de septiembre próximo. Esto puede repetirse con los vencimientos siguientes, ya que el directorio del Fondo tiene facultades para prorrogarlos sin contar con un acuerdo global. En la práctica, el mensaje del FMI es claro: Argentina aún debe recorrer un espinoso camino si quiere llegar a un trato definitivo.

'Sabemos que esto es urgente, pero Duhalde no logra reunir voluntades en el Congreso para aplazar el juicio', reconoce un funcionario que hace de enlace entre el tribunal y el Gobierno. En el Ministerio de Economía reconocen que no hay soluciones inmediatas. 'Sólo nos queda apelar a la comprensión del Fondo', admitió un portavoz.

El panorama no es alentador para Duhalde. El peronismo, dominante en el Congreso, se encuentra fraccionado de cara a las elecciones primarias de diciembre y el presidente no ha logrado un mínimo acuerdo sobre las variables clave de la economía. El propio Lavagna asumió en público que 'con algunas medidas vamos a contramano del Fondo', en alusión a las recientes iniciativas legislativas sobre los bancos.

Por su parte, la mayoría de los líderes no se muestra favorable al consenso y algunos de ellos juegan al límite de la tensión. José Manuel de la Sota, uno de los candidatos peronistas, declaró ayer que, en caso de ganar las elecciones, 'Argentina pagará sólo el 30% de la deuda'.